Fiscal de Consumo
LA INICIATIVA de la Fiscalía de Sevilla de crear la figura del Fiscal de Consumo en su ámbito jurisdiccional es muy significativa tanto en sí misma como por lo que representa. Lo es en sí misma porque parece responder a un esfuerzo de organización interna por parte del ministerio público para potenciar su presencia de manera eficaz en uno de los frentes más necesitados de su actuación: la protección penal de los consumidores. Y lo es también porque iniciativas de este tipo hacen perceptible a la sociedad la adaptación paulatina -que sería de desear más rápida- del funcionamiento del ministerio fiscal al marco constitucional.Con igual o mayor énfasis que la defensa del interés público en general, misión tradicional del ministerio fiscal, la Constitución de 1978 le atribuye también, por primera vez en España, la concreta defensa de los derechos de los ciudadanos, que son, en definitiva, los directos beneficiarios del orden jurídico que comporta el respeto de la legalidad en un Estado de derecho.
La actual sociedad de consumo se caracteriza en gran medida, por extraño que parezca, por la desprotección de los derechos del consumidor. Según se ha ido extendiendo el fenómeno del consumo, como hecho económico y como costumbre social, los riesgos para el consumidor se han hecho potencialmente más peligrosos: riesgos graves para su vida y su salud, y riesgos económicos, que pueden afectar de forma más o menos soportable a su patrimonio. La protección frente a tales riesgos no sólo debe ser individual de los consumidores, organizados o no, sino legal e institucional. En un país como España, en el que hace sólo 10 años la venta criminal como comestible de aceite lubricante industrial produjo centenares de muertos y miles de intoxicados, tal apreciación no es una mera hipótesis, sino una triste realidad. Hoy día, casos como el engorde artificial de ganado vacuno, el desvío al consumo humano de carne de vacas enfermas de perineumonía, las abundantes intoxicaciones por salmonella, la publicidad comercial engañosa o los contratos abusivos muestran algunos de los frentes en los que se dan cita desde el desaprensivo que no tiene en cuenta las normas más elementales hasta el auténtico delincuente social al que no le repugna hacer negocio con la chapuza y a costa de la salud del ciudadano.
No puede decirse, pues, que la decisión de la Fiscalía de Sevilla no esté a la altura de los tiempos. Se compagina con otras decisiones adoptadas últimamente por los poderes públicos para subsanar su histórica dejadez por los derechos de los consumidores; por ejemplo, la constitución del Consejo General de Consumidores y Usuarios, que habrá de ser necesariamente consultado por la Administración ante cualquier disposición legal relacionada con la política de consumo. Lo que sería deseable es que se extendiera al resto del ministerio fiscal y que fuera un anticipo de una mayor beligerancia de esta institución frente a las vulneraciones de los derechos del ciudadano en la esfera de la economía, de la salud pública y del medio ambiente. Claro que actuaciones de este tipo, para que sean eficaces y no se queden en mera propaganda, exigirían un cambio radical en la organización y el sistema de trabajo tradicionales del ministerio público: pasar justamente del burocratismo y del centralismo institucional a una mayor iniciativa y a una actuación más cercana a la realidad del conflicto.
La cuestión, en definitiva, consiste en saber si el ministerio Fiscal tiene voluntad de tal cambio y si su estructura es capaz de adaptarse a las exigencias de una sociedad cada vez más civil y menos estatalizada.
