El compromiso
LA REDUCCIÓN de los desequilibrios básicos que presenta la economía española, su convergencia con los países centrales de la Comunidad Europea, constituye la guía fundamental que ha de orientar la conducción de la política económica en los próximos años. El horizonte de la Unión Económica y Monetaria (UEM), la participación en el inicio de su tercera y definitiva fase, constituye un objetivo difícilmente cuestionable. Antes de partir para la cumbre de Maastricht, el presidente del Gobierno recibió del Parlamento espa-, ñol un respaldo global a sus demandas para reforzar la solidaridad de los países comunitarios más desarrollados con los más pobres, concretadas a través del fondo de cohesión. Reclamación tanto más razonable cuanto que esas diferencias intracom unitarias de riqueza que se pretenden acortar actúan a su vez como importantes obstáculos en la homologación de las condiciones de competitividad que distinguen a unas y otras economías. Ahora bien, la autoridad de los argumentos en que esas peticiones descansan obliga a hacer explícitos los esfuerzos nacionales destinados a reducir esos desequilibrios: a satisfacer las condiciones de convergencia acordadas en esa cumbre.No otro ha de ser el propósito del programa específico que, al igual que el resto de los Gobiernos, ha de presentar el español próximamente en Bruselas. Los países que traten de subir al tren de la UEM deben satisfacer al término de 1996 cuatro condiciones, además de acoger la banda estrecha de fluctuación del Sistema Monetario Europeo: una diferencia máxima de inflación de 1,5 puntos por encima de los tres países que tengan un índice de precios al consumo (IPC) más bajo, unos tipos de interés nominales a largo plazo que no excedan en dos puntos a esos tres países de referencia, un déficit público que no rebase el 3% del producto interior bruto (PIB) y una deuda pública inferior al 60% del PIB.
España presenta, respecto a ese objetivo, algunos desajustes, cuya corrección debe plantear en ese programa de convergencia. Aun cuando las exigencias formales de contenido y presentación de tal programa no sean excesivamente rigurosas, y sea desigual la trascendencia que le asignen los distintos Gobiernos y Parlamentos nacionales, la elaboración del correspondiente a la economía española constitUye una oportunidad excepcional para transmitir a los agentes económicos y sociales la identificación y el compromiso con esa meta.
Las todavía importantes diferencias en tasas de inflación respecto a los países comunitarios con precios más estables constituyen el principal obstáculo para satisfacer esas exigencias, no sólo por su cuantía y, en cierta medida, por el carácter de precondición de las restantes, sino igualmente por la manifiesta dificultad para conseguir reducciones adicionales con las orientaciones vigentes de política económica. La necesaria adecuación de la política presupuestaria y del crecimiento de las rentas a ese objetivo ha de constituir el eje esencial del programa. Una necesidad que dificilmente se puede materiálizar este año, a tenor del carácter de los Presupuestos del Estado aprobados y de la ausencia de consenso en las líneas generales de las negociaciones salariales. Ello no debería impedir, sin embargo, que en tomo al referido programa, una vez obtenido su respaldo por el Parlamento, se procurara conseguir el consenso suficiente entre los agentes económicos y sociales y el Gobierno para que se constituyera en la referencia esencial de la política económica en los próximos cuatro años. La trascendencia de un empeño tal justificaría su amplia discusión parlamentaria y la asunción de sus principios y orientaciones básicas por el Gobierno resultante de las próximas elecciones generales.
