Los partidos sólo exigen la dimisión de los cargos públicos procesados cuando les son ajenos

LUZ SÁNCHEZ-MELLADO, Los partidos no son consecuentes a la hora de aplicarse sus propias teorías cuando alguno de sus dirigentes es procesado. En general, suelen esgrimir la presunción de inocencia para no pedir la dimisión si el procesado es de su grupo y a la vez invocar la respetabilidad de la institución salpicada para exigir el cese del implicado si es de otra formación. El procesamiento del presidente cántabro, Juan Hormaechea, por presunta prevaricación y malversación ha puesto contra la cuerdas al Partido Popular (PP). Rodolfo Martín Villa, del PP, se entrevistará con Hormaechea en cuanto éste pise Madrid esta mañana, pero, según él mismo, no le pedirá su dimisión. Otra vez, el partido afectado no aplica a los suyos la dureza que exige a los contrarios.

Francisco Álvarez Cascos, secretario general del Partido Popular, es tajante: "El procesamiento de un cargo público no modifica su condición de ciudadano al que se debe respetar su presunción de inocencia. Este principio cobra especial importancia cuando los querellantes tratan de judicializar la política. El partido de origen del procesado no debe hacerles el juego. La dimisión del encausado es una decisión personal y una decisión política de su partido".Este es el principio que ha aplicado su partido para no solicitar la dimisión de Hormaechea, reclamada por el PSOE en Cantabria. Sin embargo, en el caso Barreiro no se fue tan respetuoso ,con el principio de presunción de inocencia. Fue la propia Alianza Popular la que presentó denuncia por prevaricación contra José Luis Barreiro -ex militante popular- el mismo día que éste, entonces secretario general de Coalición Galega, apoyó la moción de censura interpuesta por el PSOE contra el presidente de la Xunta, el popular Xerardo Fernández Albor.

El caso de Demetrio Madrid, ex presidente socialista de Castilla y León, es igualmente rotundo. "Le doy cinco horas para que dimita. Es impresentable que un presidente autonómico esté procesado", dijo José María Aznar minutos después de conocerse el procesamiento del presidente, el 29 de octubre de 1986. Madrid fue absuelto el año pasado. No tuvo paciencia Aznar, como ahora con Hormaechea, para esperar explicaciones del encausado.

División de opiniones

La división de opiniones es patente también en el PSOE. Según su coordinadora de comúnicación, Ángeles Puerta, "no se puede generalizar la posición del partido ante el procesamiento de un cargo público". "Defendernos", señala, "el respeto conjunto a los principios constitucionales de presunción de inocencia y el de independencia judicial".

Esta deliberada ambigüedad ha dado lugar a algunas paradojas. El presidente de Canarias, el socialista Jerónimo Saavedra, no tiene remilgos en tener como vicepresidente a Manuel Hermoso, diputado de las Agrupaciones Independientes de Canarias, acusado en 1991 de negligencia en la custodia de fondos públicos, actualmente en libertad bajo fianza. Sin embargo, el partido de Saavedra clamó en su día por la dimisión del alcalde de Burgos, José María Peña (PP), actualmente juzgado por prevaricación y estafa, y por la de Salvador Palop (PP), concejal valenciano implicado en el caso Naseiro.

Cuando se trata de sus propios afiliados, el PSOE es más cauto. Tomás Azorín-y Leocadio Marín, inculpados en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por dos delitos de malversación de fondos y prevaricación cometidos presuntamente en sus respectivos mandatos como delegados del Gobierno en Sevilla, permanecen como diputados de la Junta de Andalucía. Y no como diputados de a pie. Marín es consejero de Agricultura en el Gobierno de Manuel Chaves y Azorín es presidente de la Diputación de Almería.

El-PSOE y el PP copan la mayor parte de los cientos de procesamientos de cargos públicos desde 1982, por lo que el resto de partidos puede permitirse una cierta coherencia entre la teoría y la práctica. El Partido Nacionalista Vasco defiende, en boca de su portavoz parlamentario, Iñaki Anasagasti, que "hay que distinguir si el procesamiento es por cuestiones penales o políticas, pero partiendo del hecho de que el político es un ciudadano y no un ser intocable". "Hay que examinar cada caso y, si no existen dudas, es bueno tomar la decisión de dimitir. Es una importante labor de ejemplaridad", añade. Luis María Retolaza, consejero de Interior del Gobierno vasco por el PNV, aplicó esta filosofía y dimitió poco antes de ser encausado por presuntas escuchas ¡legales en 1988.

El dirigente de Convergéncia i Unió Josep Maria Trias de Bes mantiene, como su colega vasco, que "hay que analizar cada caso antes de adoptar una decisión".

"Depende del delito que se le impute al procesado, pero en casi todos los casos, con la sola excepción de que sea un flagrante delito común, la decisión de dimitir debe ser personal", añade. Delitos monetarios y comunes (inducción al robo y evasión de divisas) son los que motivaron el procesamiento y encarcelamiento de Josep María Mesquida, alcalde convergente de La Jonquera. Lo tuvo claro CiU entonces: expulsó a Mesquida en 1985.

Izquierda Unida y el Centro Democrático y Social, quizá por no tener ningún procesado célebre en sus filas, defienden las posturas más radicales. Ambos grupos piden la dimisión inmediata del procesado, sea o no militante de sus formaciones.