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EN BUSCA DE 'LA CONSTITUYENTE'

La Constitución del 121

En mayo de 1990 los colombianos elegían un nuevo presidente. El liberal César Gaviria resultaba elegido con el 48% de los votos emitidos, pero la opción más votada en esa ocasión fue el sí casi unánime (90%) de los votantes a la reforma de la Constitución.El 9 de diciembre los colombianos volverán a decir sí o no a la reforma y también quiénes serán los 70 miembros que formarán la Asamblea Constituyente. Los trabajos de la Asamblea durarán cinco meses.

En la convocatoria se reservan dos plazas en la Asamblea, aparte de las otras 70, para los grupos guerrilleros que estén "vinculados decididamente a un acuerdo de paz bajo la dirección del Gobierno y ya estén desmovilizados. El número podrá aumentarse en la medida en que el proceso de desmovilización de otras agrupaciones haya avanzado..." No hay ningún texto sobre la droga. Pero el tratado de extradición con EE UU y los narcotraficantes estarán en el debate. La amenaza de romper su paz actual y el secuestro son los argumentos de los traficantes.

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Colombia frente a sus demonios

El asesinato de Galán, en agosto de 1989, por un sicario del narcotráfico fue el punto álgido de una campaña de muerte que dejó sin vida a tres candidatos presidenciales. Miles de voces, encabezadas por los estudiantes, pidieron las reformas necesarias para acabar con la violencia y el estado de terror. Virgilio Barco llevó esta petición, aunque sin carácter vinculante, a una votación popular. César Gaviria, tras se elegido presidente, aceptó llevar a plebiscito la reforma constitucional.

El 9 de diciembre puede empezar el fin de una Constitución con más de 100 años, casi 36 de los cuales, desde el golpe de Estado de Rojas Pinilla (1953), los ha pasado bajo el protagonismo de un artículo, el 121. Un artículo que permite suspender las leyes, establecer el estado de sitio en caso de guerra o de "conmoción interior" y autoriza al presidente a gobernar por decretos de "carácter obligatorio". Una reforma aprobada en 1968 permite también al Ejecutivo gobernar por decreto en caso de crisis económica durante 90 días al año sobre estos asuntos.

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