El ex presidente de la patronal valenciana afirma que el Estado le autorizó a defraudar 760 millones
El ex presidente de la empresa SAVE y de la patronal valenciana, Vicente Iborra, afirmó ayer que el Estado le autorizó a falsificar las recaudaciones obtenidas en los aparcamientos de 11 aeropuertos españoles. Con esta presunta falsificación, la empresa SAVE defraudó al Estado, según el fiscal, unos 760 millones de pesetas. Iborra y otras 23 personas se sentaron ayer en el banquillo de la Audiencia de Valencia. El fiscal solicita nueve años de prisión para Iborra y para el gerente, Francisco Casañ, y condenas menores para el resto de procesados. Iborra fue detenido en noviembre de 1985 y dejó la presidencia de la patronal
Vicente Iborra reiteró ayer ante el tribunal los argumentos en los que ha basado su defensa a lo largo de estos años. Según esta versión, el Estado autorizó a la empresa Sociedad Anónima Valenciana de Estacionamientos (SAVE) a modificar a la baja las recaudaciones obtenidas en los aparcamientos para compensar la existencia de vehículos estacionados fuera de los recintos especiales para dejar los coches.Estas autorizaciones se efectuaron a través de pactos verbales, según lborra, y por esta razón no ha podido demostrarlos. El supuesto acuerdo fue realizado por un directivo de SAVE y un militar -cuando los aeropuertos dependían del Ministerio del Aire-, ambos ya fallecidos, y fue continuado por sus sucesores en los cargos.
Vicente lborra fue detenido días después de efectuar una dura crítica a la política del Gobierno durante un acto organizado por la CEOE. El propio lborra mostró ayer su sospecha, en declaraciones a los periodistas, de que esta crítica y su presidencia de la patronal influyeron en la actuación policial.
El abogado Emilio Attard, defensor de Casañ, expresó su convicción de que el Estado conocía la modificación, a la baja, de las recaudaciones en los aparcamientos de los aeropuertos. "La Administración no puede ser tan incompetente para no darse cuenta de esa minoración de ingresos a la largo de 12 años", explicó Attard. Los 24 procesados son directivos y trabajadores de SAVE, así como cuatro empleados del organismo de Aeropuertos Nacionales.
