Marcinkus cae
EL RELEVO del arzobispo Marcinkus al frente del Instituto para las Obras de Religión (IOR) es el obligado -aunque tardío- tributo que el Vaticano ha debido pagar por el escándalo en que han estado envueltas las finanzas de la Santa Sede durante los últimos años. Al menos una parte importante de la opinión pública internacional, católica y no católica, esperaba esta decisión desde el año 1982, fecha en que la magistratura italiana comenzó a tirar de los hilos que relacionaban la institución religioso-financiera del Vaticano con las aventuras financieras de los banqueros Sindona y Calvi y que culminaron con la quiebra de sus bancos, en especial el Ambrosiano. La bancarrota de esta entidad provocó pérdidas de más de 1.200 millones de dólares, que debieron ser asumidas por los pequeños accionistas del banco y, en gran medida, por los contribuyentes italianos y hasta por la Santa Sede, que tuvo que pagar 240 millones de dólares.La controvertida presidencia ejercida por Marcinkus durante 18 años en el banco del Vaticano plantea graves cuestiones en el orden religioso, pero también, y más importantes, en el de las relaciones intemacionales. Cautivado por la lógica del beneficio, este obispo de origen lituano no dudó en aliarse con aventureros de las finanzas internacionales para sacar el máximo partido al dinero del Vaticano. Aunque su gestión se hubiera atenido a los códigos financieros, sus métodos chocaban ya con la doctrina y la moral que predica la institución religiosa a la que servía.
Pero el caso Marcinkus ha puesto también de manifiesto las dificultades que se oponen a la colaboración entre Estados en temas tan vidriosos. Las autoridades administrativas y judiciales italianas han chocado una y otra vez contra los muros del Vaticano en su tarea de investigar las derivaciones de la quiebra del banco milanés. Es cierto que el Tribunal Supremo de Italia dictaminó finalmente que los Pactos de Letrán amparaban al IOR y a sus directivos ante cualquier requisitoria de la justicia italiana, pero no eximía al Estado vaticano -como es norma en las relaciones de la comunidad internacional- de la obligación de que sus órganos jurisdicionales investigasen conductas y actuaciones que tan graves efectos habían producido fuera de sus límites territoriales.
