El pleno del Poder Judicial se pronuncia hoy sobre la actitud del ministro

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará hoy la negativa del ministro del Interior, José Barrionuevo, a informar al juez Baltasar Garzón -que investiga presuntas implicaciones policiales e institucionales con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL)-, sobre el uso dado a los fondos reservados de su departamento. El portavoz del CGPJ, José Luis Calvo, informó que el Consejo entiende que la respuesta gubernamental merece ser analizada por el pleno.Magistrados, fiscales y otros juristas consultados por este periódico -con ruego en algunos casos de no revelar su identidad- coincidieron en la gravedad de la situación creada por la negativa gubernamental a colaborar con el juez Garzón en la investigación de los GAL. Recordaron que el Ministerio Fiscal está obligado a iniciar acciones legales cuando tiene conocimiento de la existencia de un delito. Sin embargo, no fue posible obtener una respuesta del fiscal general del Estado, Javier Moscoso, ausente de su domicilio. Según fuentes Jurídicas, el fiscal de la Audiencia Nacional dispone de un estudio sobre los fondos reservados.

El magistrado Perfecto Andrés Ibáñez, de guardia ayer en Madrid, comentó que "los fondos son legalmente reservados hasta que pesa sobre ellos una sospecha de utilización delictiva". Agregó que, "dado que al ministro del Interior le han metido más de un gol [alusión al caso el Nani], no sería extraña ahora una goleada". Y concluyó: "Ni los fondos reservados ni Barrionuevo están por encima de la ley penal". El magistrado Joaquín Navarro Estevan declaró, por su parte: "La actitud del ministro es jurídicamente impúdica y más que posiblemente delictiva y políticamente abominable y de una excesiva elocuencia".

¿Obediencia debida?

Numerosos juristas buceaban ayer en las leyes presupuestarias e incluso en la ley de secretos oficiales para encontrar una explicación legal a la actitud de Barrionuevo y mostraban su asombro ante la invocación por el ministro del Interior de la ley de Enjuiciamiento Criminal que, según todas las fuentes consultadas, puede conducirle ante el Tribunal Supremo.El artículo 417 de la mencionada ley procesal penal establece que no podrán ser obligados a declarar, entre otros, "los funcionarios públicos, tanto civiles como militares, de cualquier clase que sean, cuando no pudieren declarar sin violar el secreto que, por razón de sus cargos, estuviesen obligados a guardar, o cuando, procediendo en virtud de obediencia debida, no fueren autorizados por su superior jerárquico para prestar la declaración que se les pida". Los juristas consultados aseguraron que los fondos reservados no tienen el carácter de secretos y que el mencionado artículo, que quizás podrían invocar los funcionarios, no ampara en ningún caso a los miembros del Gobierno.