Inspectores en celo
DE LOS casi 11 millones de personas obligadas a presentar su declaración de la renta, cerca de cuatro millones -más de una tercera parte- no lo hicieron el pasado año. El fraude fiscal sigue siendo enorme y su distribución muy desigual. Mientras que el 71,28% de los asalariados cumple escrupulosamente con sus obligaciones tributarias, tan sólo el 30,36% de quienes perciben rentas procedentes del capital, de actividades profesionales, empresariales o agrarias declara correctamente.La reforma iniciada en los primeros años de la transición fue acompañada de intensas campañas con argumentos morales del tipo Hacienda somos todos. La experiencia demostró pronto que esa argumentación apenas hacía mella en las conciencias de los ciudadanos. En parte alguna -independientemente del régimen político, tradición cultural o desarrollo del Estado del bienestar- los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales por impulsos morales. El que paga lo hace a regañadientes, por temor a la sanción y pensando siempre que su aportación a las arcas del Estado será empleada para los más innobles fines, variando sólo lo que cada cual entiende por fines nobles y fines innobles.
La existencia de inspectores de Hacienda se convierte en la única garantía eficaz contra el fraude. La actual Administración, consciente de ello, ha decidido aumentar considerablemente -unos 800 más, de aquí a 1990- el número de inspectores disponibles. A tal fin ha aprobado un plan de reforma de las vías de acceso a ese cuerpo, acompañado de unos criterios tendentes a favorecer la movilidad entre las distintas especialidades. Los inspectores han expresado su rechazo frontal al plan y, tras el fracaso de sus negociaciones con el ministerio, han acordado iniciar esta semana una huelga de celo (de trabajo a reglamento, más precisamente), que se convertirá en huelga total los próximos días 15 y 16.
En el conflicto subyacen las resistencias corporativas de un cuerpo de la Administración a la apertura de los sistemas de reclutamiento de la misma. Los inspectores no son ya, por lo que a sus emolumentos respecta, el sector privilegiado que fueron en el pasado. Pero la dureza de las oposiciones, más la experiencia adquirida en su tarea, los convierte en profesionales muy cotizados por el sector privado. Si existe un desfase entre los inspectores necesarios y los disponibles es en parte porque muchos de ellos, una vez ganada la oposición y tras ejercer durante el mínimo de dos años exigido por la ley, solicitan la excedencia y se pasan a empresas privadas, donde cobran mucho más, disfrutando de la seguridad de poder reincorporarse a la Administración cuando lo deseen. Es esa situación la que algunos de estos profesionales temen perder con el nuevo sistema.
No son convincentes los inspectores cuando afirman que lo que se pretende es introducir mecanismos de selección por criterios políticos. El sistema que se propone es una evaluación continuada durante nueve meses, con exámenes trimestrales, y otro curso posterior de tres meses de especialización. Considerar que ello supone desprofesionalizar el cuerpo de inspectores de finanzas sólo se explica desde posiciones corporativistas.
El conflicto viene a plantear nuevamente la cuestión de fondo de la falta de una reforma general de la Administración, incluyendo los criterios retributivos y del escaso acierto que el Gobierno ha tenido en su trato con los funcionarios. Un Estado moderno necesita un cuerpo administrativo, y unas normas regula doras del mismo, acorde con esa modernidad. Los repetidos errores, las dudas y la falta de convicción de los socialistas a la hora de emprender el saneamiento de lo antes existente, junto a la defensa de intereses corporativos, han confluido en una situa ción cada vez más caótica. El criterio de intercambiar seguridad en el empleo por salarios inferiores a los del mercado está vaciando a la Administración de los profesionales más capacitados. Y es la eficacia del Estado la que sufre las consecuencias.
