La informática como instrumento del derecho
El atractivo de este acontecimiento internacional se basa tanto en el creciente prestigio de la entidad convocante -el Centro Electrónico de Documentación del alto tribunal, creador del más importante banco mundial de datos legislativos y jurisprudenciales y de la más poderosa red de recogida y difusión de los mismos, el sistema Italgiure, copiado o imitado en multitud de países, sobre todo iberoamericanos como en la afluencia, cada día más rica y variada, de aportaciones que, en esta cuarta edición, inaugurada por el presidente de la República y el ministro de Justicia, ha alcanzado más de 500 ponencias y de 1.800 participantes de 62 países.En el plano teórico, la discusión sobre sistemas expertos para el procesamiento de los documentos jurídicos y el asesoramiento automático de los operadores del derecho, sobre semiótica jurídica y nuevos lenguajes formales y modelos matemáticos para el análisis y la comparación automática de las legislaciones, así como para la identificación de las contradicciones y de las lagunas jurídicas o de las consecuencias de las modificaciones legislativas (promulgaciones o derogaciones), ha reunido a especialistas universalmente conocidos y -habituales de estas reuniones, como el británico Stamper, el sueco Aquist, los norteamericanos Allen y Saxon, el noruego Bing, la belga Bauer-Bernet (creadora del sistema CELEX, de la Comunidad Europea), los italianos Ciampi, Losano y Pattaro y los argentinos Alchourrón y Vernengo, impulsores de una colaboración con Italia y España.
Los problemas derivados de la creciente coordinación, adaptación recíproca e integración legislativa de los Estados en comunidades supranacionales con derechos comunitarios de aplicación creciente, que exigen la construcción de tesauros jurídicos multilingües y cada día más sofisticados programas informáticos para el establecimiento y utilización de las equivalencias de términos y expresiones jurídicas de los distintos países, indispensables para la coherencia jurisprudencial en los dictámenes y sentencias de los tribunales internacionales como el de la Comunidad Europa en Luxemburgo o el del Consejo de Europa en Estrasburgo, se han expuesto y discutido en multitud de ponencias de especialistas de dichos tribunales y de centros de investigación como el IRETIJ, de Montpellier, con una nutrida participación de especialistas franceses bien conocidos en nuestro país, como Mehl, Mazet o Vivant.
La aportación española -ciertamente menos importante, en volumen y sobre todo en actualidad y calidad, de la que correspondería a nuestro nivel cultural y económico- ha incluido, no obstante, la exposición de algunos de nuestros trabajos y logros prácticos en distintas áreas, como la gestión de los procesos judiciales y nuestro Tribunal Supremo, por el magistrado del mismo Álvarez-Cienfuegos, o el proyecto Estrada de Asuntos Exteriores, por la doctora Martín del Moral y el señor Delhazaz, o los programas informáticos sobre urbanismo y medio ambiente (Da Cunha, Fuentes Bodelón, López-Mu-ñiz), así como contribuciones teóricas de nuestra investigación universitaria en distintas comunidades autónomas, como la aragonesa, por el catedrático de Zaragoza Galindo-Ayuda (sobre comprobación automática de la teoría de la justificacíón); la catalana, por los profesores de Barcelona Oros Muruzábal y Amat i Reyero (sobre la informatización de las funciones médíco-forenses en Cataluña), o la de la universidad del País Vasco, por el que esto firma (sobre un modelo matemático para el derecho comparado y la comparación automática de legislaciones), y ponencias dedicadas a exponer las graves carencias españolas en la indispensable coordinación de bases de datos legislativos y jurisprudenciales estatales (López-Muñiz) o a explicar la necesidad de coordinar los bancos de datos jurídicos de las distintas comunidades (doctora Álvaro-Bermejo).
Además de su importancia científica, el congreso que concluyó muy pocos días después de la conmemoración y reafirmación, con la presencia y nombrarniento del rey Juan Carlos como doctor honoris causa de la universidad de Bolonia, de la secular colaboración jurídica hispano-italiana, tiene unas consecuencias políticas indudables para la cooperación internacional.
Para referirnos exclusivamente, en este aspecto, al mundo de nuestra lengua y cultura, señalaremos que la presencia de ministros de Justicia iberoamericanos, como el argentino Bielsa o el colombiano Low Murtra, no ha hecho otra cosa que venir a refrendar no sólo la importancia de la numerosa y variada participación hispanoamericana en el Congreso, sino, más aún, la intensa actividad hoy en curso en todos los países de esa comunidad para recopilar, racionalizar, coordinar e informatizar, en previsión de armonizaciones e integraciones futuras, las distintas legislaciones del subcontinente iberoamericano relativas a áreas en las que la unificación es vital, como el de la farmacodependencia, objeto de un programa interamericano de la OEA, o el de las leyes de administración pública de toda Hispanoamérica, en el que la participación de España ha sido y sigue siendo fundamental.
Es indudable, pues, que en este plano el Congreso de Rorna ha servido tanto para reafirmar los comunes objetivos de coordinación y unificación jurídica como para aproximar los instrumentos técnicos e informáticos indispensables para alcanzarlos.
