Darío Fernández acusa a la Guardia Civil de ocultar información sobre un asesinato
El abogado Darío Fernández, que actúa como acusador privado en representación de la familia de Ana Lirola, la joven pintora de 27 años brutalmente asesinada y violada en agosto de 1987 en El Ejido (Almería), ha responsabilizado al Servicio de Información de la Guardia Civil de estar protegiendo a determinadas personal que podrían estar relacionadas con el caso.
"La exculpación de determinadas personas que hace la Guardia Civil", dijo Darío Fernández, abogado que asumir la defensa de las víctimas del caso Almería, "es un críterio que y no he compartido, como ya le indiqué al juez".Según este abogado, "se han excluído a determinadas personas sobre las que recaen algunas sospechas, y muy grandes, sin una fundamentacíón elementalmente razonable". Darío Fernández añadió: "En determinados intereses puede estar latente que cierta o ciertas personas desaparezcan del juego de la aproximación judicial".
Seis meses después del asesinato de la joven Ana Lirola, las pesquisas policiales continúan sin arrojar luz sobre el caso, aunque existen ciertas esperanzas ante una serie de pruebas que en las próximas semanas adelantará el catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Sevilla, Luis Frontela, según comunicó éste.
Para Darío Fernández, el documento relativo a la autopsia y al semen analizado en la vagina de la víctima podría dar un rumbo radicalmente distinto a la resolución del caso.
Manuel Lirola, hermano de la víctima, piensa que existe cierta dejadez en una serie de circunstancias que el propio abogado comparte. "Más que la lentitud", destacó Darío Fernández, "hay que hablar de la ineficacia en la forma de actuar del forense y de la Guardia Civil".
Según el abogado de la acusación particular, también el movimiento de jueces que se ha creado en torno al caso ha provocado "una discontinuidad en el trabajo de máxima consagración que exige este asunto". La familia de Ana Lirola lleva gastado casi un millón de pesetas en la investigación de caso, que ellos mismos realizan al margen de los cinco jueces que han estado relacionados con el esclarecimiento de los hechos.
Ana Lirola desapareció el 6 de agosto del año pasado cuando se desplazaba desde su casi de la localidad almeriense de Dalías a la cercana localidad de El Ejido para asistir a un concierto de Olvido Alaska. Un agricultor encontró cuatro días después el cadáver en un descampado de difícil acceso por lo que se sospecha que el asesinato de la joven se pude producir en algún otro lugar.
La Guardia Civil hizo pública entonces una nota oficial, que fue insertada en la prensa local, en la que se citaba a una joven muerta sin identificar, y procedió al registro del domicilio particular de la familia Lirola, al parecer, sin orden judicial. Días después del asesinato de la joven fueron detenidas dos personas, que posteriormente quedaron en libertad al no poderse probar su relación con los hechos.
Tres meses después, a instancia del abogado Fernández, se relevó a la Guardia Civil por la Policía en la investigación del caso. Darío Fernández reiteró, por otra parte, que desde un primer momento la actuación de la Guardia Civil "ha sido censurable" y que incluso, ya en referencia a la justicia, se ha carecido de un fiscal dedicado exclusivamente al caso de la joven asesinada. "Toda esta situación", añadió "hace que la familia se muestre indignada".
