Muerte en la mina
LA FRECUENCIA de las noticias sobre mineros muertos en accidentes de trabajo pone en permanente evidencia las deficientes condiciones de seguridad con que se trabaja todavía en las minas españolas. Las cifras son dolorosamente elocuentes. Veintisiete son los muertos en estas circunstancias en lo que va de ario, nueve de ellos en los últimos 15 días; 21 lo fueron en 1986, y en 15185, año considerado negro en el terreno de la siniestralidad, hubo 74 víctimas. Esta tragedia se repite, con características similares, año tras año, indefectiblemente, como una fatalidad a la que no se puede poner remedio.El problema de la seguridad en la mina forma parte de la misma historia. Pero no puede aceptarse que persista con sus atávicos trazos, a pesar de los avances tecnológicos de los que hoy se beneficia la explotación de este sector industrial y de la mayor conciencia adquirida sobre el problema.
Mientras 2n el ámbito de la CE el número de minas de carbón ha ido disminuyendo en los últimos años (447 en 1970; apenas 200 en 1985), en España han aumentado de 137 en 1970 a las aproximadamente 200 actuales. Este minifiandismo minero tiene su origen en la rentabilidad arrancada a pequeñas explotaciones a costa de la escasa o nula inversión en seguridad. Plantillas inferiores a 50 trabajadores y ausencia total de estructuras, tanto técnica como financiera, forman el nervio empresarial de este tipo de explotaciones. Instrumentos de trabajo vetustos y una mano de obra barata, formada por trabajadores extranjeros que se encuentran en los límites de la subsistencia, o por nacionales que huyen del paro o que buscan un complemento a su escasa jubilación, complementan un cuadro sociolaboral más propio del siglo pasado.
Pero más importante que la lamentación es la exigencia de la modernización empresarial del sector, para dotarlo de una estructura productiva competitiva que haga posible una mayor asignación de recursos a la seguridad, a la que se dedica poco más de cuatro pesetas por tonelada frente a las 19 que gastan por el mismo concepto los restantes países de la CE.
La normativa sobre seguridad en las minas se ha revisado recientemente y hoy existen las bases legales para invertir la inquietante tendencia de los accidentes laborales en este terreno. Pero es dudoso que la tradicional insensibilidad oficial por lo relativo a la seguridad en las :minas se convierta de golpe en actuaciones eficaces para exigir el cumplimiento de las normas y sancionar a quienes las conculcan. El proyecto de la futura ley de bases de la minería no acaba de llegar al Congreso, y el plan integral de seguridad minera en Castilla y León, donde se produce el mayor número de accidentes, languidece sin pena ni gloria. A menos que las administraciones públicas actúen con decisión, situaciones de duelo como las vividas la última semana por la minería leonesa se seguirán repitiendo como si fuesen escenificaciones de una tragedia anunciada. La crónica negra de las minas españolas tiene más responsables que el azar, y el Gobierno debe tomar meclidas al respecto.
