Las estadísticas no paran
EL GOBIERNO ha reformado otra vez los criterios de elaboración de las estadísticas laborales, con el sorprendente efecto de elevar hasta 300.000 el número de empleos creados durante el segundo trimestre del año y de reducir el número de parados en 56.000 personas. Las cifras serían, respectivamente, de 350.000 nuevos empleos y 75.000 parados menos si se toman como referencia los resultados de la encuesta correspondiente al primer trimestre de este año, elaborada con arreglo a los criterios ahora abandonados. El cambio de las estadísticas, objeto en los tres últimos años de mayores reformas que la realidad a cuyo cabal conocimiento deben contribuir, ha sido explicado por la necesidad de acomodar mejor la encuesta de población activa (EPA) a los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Comunidad Europea (CE), por más que los criterios aplicados en los diversos Estados disten de ser homogéneos. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha dejado de elaborar las series antiguas de su EPA, encuesta realizada cada trimestre en 60.000 hogares. Además, los portavoces del Ministerio de Economía y Hacienda, del que depende el INE, se han apresurado a atribuir los "excelentes resultados" a su política de moderación salarial y flexibilidad laboral y a que la economía española crece a un ritmo próximo al 1%. Pero no todo parece tan claro. La economía norteamericana -cuya flexibilidad laboral es innegable- creció en 1983 el 4,7% y apenas creó un millón de empleos netos. Aquí, si hemos de creer a la Administración, vamos camino de conseguir dar ocupación a 1,2 millones de personas en un año.
El problema es que estos intentos de doblegar la realidad a base de habilidades numéricas ad hoc desacreditan los esfuerzos de actualización del aparato estadístico oficial, cuyas deficiencias han sido reconocidas por los propios responsables del mismo. Los instrumentos para medir la evolución del mercado de trabajo son los registros del Instituto Nacional de Empleo, fácil presa de la arbitrariedad del Gobierno de turno -el Ejecutivo actual ha modificado dos veces, a principios de 1984 y en la primavera de 1985, los criterios a aplicar en dichos registros-, y las estimaciones realizadas por Estadística, con su encuesta de población activa, en la que también se introdujeron cambios muéstrales poco antes de las elecciones generales de 1986, cuando el Gobierno ocultó el dato fehaciente de que se había superado los tres millones de parados.
Como cualquier cambio de criterios de cómputo siempre afecta a la principal virtualidad de una estadística -medir las variaciones de la realidad observada desde puntos de vista homogéneos-, cabía esperar que esta nueva reforma de la EPA se compaginara con el mantenimiento de los antiguos criterios mientras se consolida la nueva encuesta, mucho más rica en información que la anterior. Desde ahora, y en función de los nuevos criterios -insuficientemente explicados-, es considerada ocupada toda persona que haya trabajado al menos una hora a la semana, mientras que antes se escapaban de este rigor, por ejemplo, quienes ayudan a los negocios familiares (abundantes en la agricultura, la hostelería y el turismo) y los llamados trabajadores ocasionales, para los que se exigía al menos una tercera parte de la jornada laboral. Igualmente, sólo serán parados quienes hayan buscado activamente empleo durante las cuatro semanas anteriores a la entrevista, mientras que antes bastaba con una semana.
Con estas novedades conceptuales, no siempre compatibles con el sentido común, y orientadas a incluir definiciones más restrictivas para el paro y más amplias para el empleo, el Gobierno se da motivos para la euforia. Pero no es seguro que tal sentimiento pueda ser compartido por los que, sin ellos enterarse, han dejado de estar parados. Aunque sigan sin empleo.
