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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El debate del déficit

CONFORME AVANZA el saneamiento de los desequilibrios básicos de la economía, española, conviene iniciar el debate sobre los destinos y extensión del déficit público, ayuno hasta ahora de contenidos. La necesidad de frenar el déficit ha sido, durante estos últimos años, un axioma que no necesitaba de demostración. El déficit público era un mal en sí mismo. Sin embargo, comienzan a oírse voces, algunas dentro de la propia Administración, que consideran que el volumen del déficit se encuentra en porcentajes del producto interior bruto parecidos a los del resto de los países de nuestro entorno.Hay una categoría de anatematizadores del déficit que, desde el sentido común, defienden su control para evitar los abusos, las corrupciones y, sobre todo, la ineficacia en la gestión del sector público. Es exigible a este grupo de personas que ahonde en las condiciones en que, a su parecer, disminuiría el desequilibrio financiero público; es decir, si habría que aumentar el peso de los impuestos, el orden de prioridades en la persecución del fraude fiscal, si bajarían el sueldo de los funcionarios o disminuirían el empleo público, si gastarían menos dinero del contribuyente en aviones o en escuelas, si dejarían que quebrasen los bancos ineficientes, etcétera. Éstas son las opciones que interesan al ciudadano y que aumentarían su participación política.

Pero trufados en este debate hay otros intereses que defienden la disminución del. déficit desde posturas ideológicas previas, que también deben expresar su definición sobre qué tipo de sociedad quieren bajo el equilibrio presupuestario. España es un país en el que determinados sectores empresariales denuncian la magnitud del déficit, mientras que recogen las prebendas que el Presupuesto les proporciona. En un artículo publicado en EL PAÍS (1 y 2 de julio), el profesor Julio Segura describe a quienes están de acuerdo en que el sector público pague dos billones por la crisis bancaria privada, desean que se haga cargo de los problemas financieros del sector eléctrico, demandan ayudas a la exportación y a la inversión privadas y claman por la reducción de cuotas de la Seguridad Social y de los impuestos. Muchos de estos agentes se pronuncian públicamente en contra del déficit, cuando lo que están pidiendo, de hecho, es una ampliación del mismo o una redistribución a su favor y, por consiguiente, en contra de las funciones asistenciales.

El Banco de España ha terminado un informe -encargado en su día por entonces ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer- en el que se evalúa, por primera vez, lo que cuesta la política de intervención estatal en el sector privado de la economía: tres billones de pesetas de 1986, lo que significa casi el doble que el déficit de las administraciones públicas del pasado ejercicio. Y ello no incluye el coste de la crisis bancaria (cercano a dos billones de pesetas) y las ayudas de las comunidades autónomas y de los municipios. El avance de este informe indica que los gastos estatales en ayudas directas por la vía de subvenciones o desgravaciones fiscales a las empresas (públicas y privadas) han pasado desde el 7,8% del PIB en 1979, a cerca del 10% durante 1986. Un reciente estudio de la Comisión Europea evalúa el promedio de tales ayudas en el área de la Comunidad en un promedio del 4% del PIB (excluyendo agricultura y construcción). El sector empresarial español está mucho más intervenido que en otros países occidentales, aun cuando el sector público resulta comparativamente pequeño.

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Del informe del Banco de España únicamente se conoce un pequeño avance. Sería de utilidad pública su publicación inmediata, no sólo para que nuestros gobernantes conocieran, con la mayor exactitud posible, lo que cuesta cada medida que se toma en consideración, sino para que se utilicen sus conclusiones ante la próxima concertación social. El conocimiento de esta información sellaría la voz de muchas demagogias de uno y otro signo.

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