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lunes, 20 de abril de 1987
REPORTAJE

Un interminable 'pacto del capó'

Los asesinos y torturadores durante la 'guerra sucia' no quieren responder ante los jueces

Buenos Aires 20 ABR 1987

Creo extraer de la remota memoria de mi lejano país que el 24 de febrero de 1981, mientras los guardias civiles que coparon el Congreso español huían ignominiosamente por las ventanas del palacio, el entonces teniente coronel Tejero y el todavía general Alfonso Armada firmaron sobre el capó de un jeep un acto de rendición por el que aquellos guardias tan prepotentes horas antes como tan pusilánimes en aquel momento de rendición quedaban exentos de toda responsabilidad penal.

Durante la campana electoral que le llevó al triunfo en las urnas por un histórico 52% de los votos, Raúl Ricardo Alfonsín prohibió expresamente a sus colaboradores el menor contacto con miembros de las Fuerzas Armadas. En el tramo final de su excelente campaña, en buena parte inspirada en la de Felipe González un año antes en España, estudiada mediante vídeos, Alfonsín denunció un pacto sindical-militar urdido verbalmente entre el ala derecha de los sindicatos peronistas y la cúpula de las Fuerzas Armadas para arrojar una manta de silencio sobre las atrocidades de la dictadura.En aquella calurosa primavera austral de octubre de 1983 estaba cantado el triunfo arrollador del peronismo en las urnas; siempre había sido así en 30 años de política argentina y no tenía por qué ser de otra manera. Desde los analistas internacionales del Partido Socialista Obrero Español hasta buena parte de la propia dirección de la Unión Cívica Radical, nadie daba un ochavo por la victoria de Alfonsín. Sólo el candidato radical y el candidato peronista, un hombre inteligente como Italo Argentino Luder, intuían que el justicialismo sería indefectiblemente ajusticiado en las urnas.

Mariscales de la derrota

Aquel peronismo estúpidamente triunfante antes de tiempo se encontraba secuestrado -pese a Luder o gracias a su carácter frío y leptosomático- por su extrema derecha. La presidenta del movimiento era Isabelita Perón, designada como tal sin haberlo pedido ni haberlo aceptado, encerrada en su astuto y mercantil silencio madrileño. El primer vicepresidente era Lorenzo Miguel, líder de las 62 organizaciones peronistas -el tallo de hierro del sindicalismo fiel a Perón-, tan popular entre sus bases que no pudo abrir la boca durante la campaña electoral: cada vez que subía a una tribuna, sus propios correligionarios le acallaban a los gritos sincopados de: "¡Lorenzo, compadre, la concha de tu madre!". La peor alusión personal argentina, en el entendimiento de que concha es coño.Finalmente, el candidato a la gobernaduría de la primera provincia del país -Buenos Aires-, acaparadora de la mitad de la población de la República y de sus grandes centros fabriles y agropecuarios, era Herminio Iglesias, un hijo de orensanos, un gánster fascista, sin trabajo remunerado conocido, experto en el jueglo clandestino de la ciudad bonaerense de Avellaneda y en la trata de blancas de la periferia porteña.

Toda aquella tropa -los que fueron, tras las elecciones, definidos como mariscales de la derrota- había copado la dirección del peronismo libre de una izquierda justicialista asesinada o exiliada por la dictadura. Y pactaron con los sectores más reaccionarios de la sociedad argentina y con las propias Fuerzas Armadas la impunidad de los crímenes cometidos entre 1976 y 1982. Esto es lo que denunció el entonces candidato Alfonsín y lo que le propició un notable caudal de votos.

Ya electo, Raúl Alfonsín se recluyó en los dos últimos pisos del hotel Panamericano y comenzó a tender puentes hacia los uniformados. Hombre fiel a su palabra dada, había asegurado durante su campaña electoral que, de alcanzar el poder, llevaría a los tribunales a los militares que diseñaron el terror de Estado y a todos aquellos que se excedieron complacientemente en las órdenes recibidas.

A primeros de diciembre de 1983, todavía en el Panamericano, Alfonsín se encontraba juvenil y exultante, firme en su decisión de abandonar el tabaco, peleando con los kilos que le sobraban, nadando todos los días en la piscina del hotel, fresco y claro. "Yo no voy a procesar a todo el Ejército argentino", me decía, .primero, porque no se dejarían, y segundo, porque no quiero ni debo hacerlo. Yo quiero restituir a nuestras Fuerzas Armadas la dignidad y credibilidad que han perdido. Pero voy a ordenar procesar a los responsables de toda esta iniquidad".

Creo recordar que el tercero o el cuarto decreto del presidente fue, en su calidad de comandante de las Fuerzas Armadas, el procesamiento de las juntas militares de la dictadura y el de los militares particularmente abyectos, como el general Ramón Camps, ex jefe de la policía bonaerense, por mal nombre El Carnicero de Buenos Aires; el contralmirante Chamorro, ex jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada, y su segundo, el capitán de corbeta Acosta, alias El Tigre. Casos patológicos cuyas andanzas andaban en las coplas de ciego.

Nadie podrá probarlo, pero se teme que representantes de Alfonsín pactaron en la Escuela de Guerra Naval con los uniformados esta somera entrega de cabezas. El pacto del capó. Todo hubiera transcurrido sobre caminos de seda si el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas -máxima judicatura castrense- hubiera cerrado sus sumarios, juzgado y sentenciado. Pero prefirieron agotar sus tiempos legales sin llegar a ninguna conclusión y pasar la patata caliente a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la capital.

Las juntas militares fueron juzgadas y condenadas así por jueces civiles que manejaron el Código de Justicia Militar. El resto de los casos en los que Alfonsín quería centrar la administración ejemplificadora de la justicia siguió los mismos pasos ante la cobarde y obstruccionista postura del Consejo Supremo, que sólo juzgó y sentenció a la penúltima junta por la pérdida de la guerra de las Malvinas. El primer pacto del capó fue roto por los propios militares, que jamás pensaron que Alfonsín tuviera palabra electoral o agallas como para llegar tan lejos.

Abierta la veda judicial de los milicos, numerosos jueces federales de la nación, pocos de ellos resistentes a la dictadura y la mayoría con muchas omisiones de justicia que olvidar, comenzaron a procesar a militares a diestro y siniestro, rasgando el esquema moderador de Alfonsín, que sólo tenía proyectado caer con dureza sobre las cabezas responsables.

Punto final

Ante la avalancha de papeleo judicial en todas las provincias y el arrastramiento -merecido pero peligroso- de las Fuerzas Armadas como puta por rastrojos, Raúl Alfonsín instrumenta un segundo pacto del capó: la mal llamada ley de punto final.Con el consenso vergonzante del peronismo, que no acudió al Congreso pero mandó a los diputados de Herminio Iglesias para lograr quórum, se aprobó una ley en enero, bastante razonable, que especificaba que aquellos casos que en más de tres años de democracia y de garantía judicial no hubieran sido denunciados -siempre sobre violación de derechos humanos por la dictadura-, quedarían prescritos.

El teniente general Ríos Erenú, el brigadier Crespo y el contralmirante Arosa, jefes, respectivamente, de los Estados Mayores del Ejército, la Aeronaútica y la Armada, saludan la ley de punto final con discursos públicos de acatamiento constitucional y de suave reticencia hacia los pasados errores de intromisión militar en la vida pública. Todo en orden, excepción hecha de los alaridos de indignación de las Madres de Plaza de Mayo y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Falló lo que tenía que fallar: la estadística. Argentina es un país que tiene que preguntar a Estados Unidos y a su parafernalia de exploración sideral por satélites, cuáles son sus recursos naturales. Al asumir el Gobierno radical, pasaron meses antes de que el entonces ministro de Economía, Bernardo Grispun, pudiera facilitar la cifra exacta de la deuda externa. Bailaban las cifras 1.000 millones de dólares arriba, 1.000 millones de dólares abajo hasta que llegaron las facturas del Fondo Monetario Internacional, del Club de París y de la banca privada acreedora.

Tras la mal llamada ley de punto final -carece de nombre, sólo tiene una numeración-, el Gobierno y la cúpula militar esperaban entre 40 y 50 procesamientos de militares, la mayoría recayentes sobre jefes y oficiales en situación de retiro. En pocos días, los jueces de las distintas cámaras federales, ansiosos de respetabilidad democrática, habían dado curso a más de 500 demandas judiciales, sin contar con las causas abiertas contra el III Cuerpo de Ejército y contra la Escuela de Mecánica de la Armada. Contra lo esperado -y pactado-, centenares de jefes y oficiales, muchos de ellos en actividad, incluido un ayudante de Ríos Ereñú, pasaban a situación de procesados.

No se podía arar con otros bueyes ni había más cera que la que ardía, y, tras el primer plante de los almirantes, conducidos manu militari hasta los juzgados, se creyó haber cruzado el Rubicón. La Armada era y es temible, pero no menor preocupación suscitaba el III Cuerpo de Ejército.

Pero si los almirantes y la Armada se habían plegado, ¿por qué razón no iban a hacerlo los infantes del Tercero? Desde hace semanas sólo cabía una duda: el comandante Ernesto Guillermo Barreiro, el jefe del chupadero La Perla, un psicópata que hizo carrera en los servicios de inteligencia y que ni siquiera tuvo la delicadeza de ponerse la capucha durante los interrogatorios de sus víctimas. Seis presuntos homicidios en su haber judicial. Un caso perdido.

La espoleta

Se le trabajó y ablandó desde la jefatura del ejército, garantizándole que su inevitable prisión preventiva la cumpliría en el Estado Mayor del Ejército en Buenos Aires, cumpliendo sus funciones a las órdenes directas de Ríos Ereñú. Se le llenó el buche con esperanzas de amnistía y a todo dijo que sí.Con su autorización de traslado en la mano, acudió a Córdoba para presentarse ante su juez y se recluyó, sublevándolo, en el XIV Regimiento de Infantería Aerotransportada de La Calera, en Córdoba, con la complicidad de buena parte de la plana mayor del III Cuerpo de Ejército. Perdido para sus conmilitones, que lo utilizaron como espoleta, y para la justicia de sus conciudadanos, no ha tenido ni la dignidad de pegarse un tiro, y anda huido por las pampas entre rianas de la Mesopotamia argentina. Éste es Tejero.

Pardo Zancada, el jefe de la policía militar de la Brunete, que complicó la toma del Congreso español por Tejero, es el ex teniente coronel Aldo Rico. Notablemente chulo, no guarda ningún esqueleto en su armario. No está reclamado por ningún juez por excesos en la guerra sucia contra la subversión y se desempeñó con valentía en la guerra de las Malvinas. Al mando del 18º Regimiento de Infantería de Misiones -en la frontera con Brasil-, adscrito al II Cuerpo de Ejército, avanzó a marchas forzadas sobre Buenos Aires, en la noche del jueves, en dos columnas. La primera fue detenida y desarmada en la provincia de Santa Fe; la comandada por él alcanzó Campo de Mayo y se hizo fuerte en la Escuela de Infantería, con más de un centenar de hombres. Es muy peligroso: es un fanático y quiere ser héroe.

En la noche avanzada del sábado al domingo, la plaza de Mayo seguía poblada de ciudadanos en vigilia. Frente a Campo de Mayo, cientos de civiles intentaban un inútil diálogo con la guardia exterior rebelde, con la cara tiznada con corcho quemado como si realmente estuvieran en una guerra. Iban y venían los políticos del despacho agotado de Alfonsín. No pocos de ellos hablaban de una necesaria amnistía que pacifique los ánimos castrenses. Los militares que sembraron el terror en la más civilizada y moderna de las repúblicas suramericanas siguen exigiendo otro pacto del capó. Como ha dicho Alfonsín: "Que Dios nos acompañe".

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