Los grupos de oposición piden la devolucion al Gobierno de la ley de televisión privada
Los principales grupos de oposición parlamentaria pedirán que el proyecto de ley sobre televisión privada sea devuelto al Gobierno, al tiempo que presentarán sus propios textos alternativos. La coincidencia básica de rechazo se basa en la convicción de que con esta ley el Gobierno adopta un papel intervencionista y pone trabas innecesarias -económicas y de participación- a los grupos periodísticos. U oposición considera que no se respeta el derecho constitucional a informar "por cualquier medio de difusión" y en la consideración de la televisión privada como un servicio público.
El ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, aseguró a este periódico que el carácter de "servicio público esencial" no es negociable, así como el número de canales, que el proyecto limita a tres. "Desde esa perspectiva se puede afirmar que caerán todas las enmiendas de la oposición que vayan en ese sentido", advirtió Zapatero. Según este ministro, que ha tenido una destacada participación en la elaboración de la ley, "la denominación de servicio público, por la que se justifica el sistema de concesiones, es el punto modular de la ley". Al margen de estos dos elementos, el Gobierno se muestra dispuesto a "escuchar" las propuestas de la oposición y se mantiene el objetivo de aprobar la ley con el máximo consenso posible.El Tribunal Constitucional emitió en 1982 dos sentencias sobre televisión privada en la que se hacía constar precisamente el carácter de servicio público de la televisión, fuera estatal o privada.
Los portavoces de la oposición confían, no obstante, que este proyecto "de máximos" se suavizará en el proceso de tramitación parlamentaria, que, según los cálculos gubernamentales, no concluirá hasta el próximo otoño. El primer elemento que ha llamado la atención a los portavoces que serán ponentes de esta ley ha sido el carácter de "servicio público" que se confiere a las televisiones privadas. "Aunque jurídicamente sea correcto, políticamente es de dudosa constitucionalidad debido a estas restricciones que, hacen de este proyecto una ley temerosa de la libertad", afirmó el aliancista Luis Ramallo.
En manos del Gobierno
La facultad que se atribuye el Gobierno para aprobar por decreto el Plan Técnico es considerada igualmente rechazable. "Todo queda en manos del Gobierno". La limitación a un 15% de participación en la concesión que se impone a aquellos grupos aspirantes que tengan relación con grupos periodísticos "no tiene ningún sentido" para Ramallo, aunque tampoco lo tiene que el sistema sea el de administrativas. "Nosotros vamos a proponer que sea por autorización", informó el ponente popular. Empresarialmente, en AP se considera que un plazo de diez años para las concesiones es muy breve, habida cuenta la inversión que hay que realizar.
El hecho de que las televisiones privadas tengan que emitir en fechas preelectorales los mismos tiempos para los partidos políticos que el baremo de la televisión pública tampoco cuenta con el parecer favorable de AP. "Se va a pasar del monopolio de la actual televisión al oligopolio del Gobierno, y hay que tener en cuenta que la perpetuación del PSOE en el poder va unido a su control de la televisión", fue la opinión última de Ramallo.
El portavoz del CDS, Agustín Rodríguez Sahagún, sonríe al afirmar que esta ley puede que regule la televisión privada, pero, desde luego, no la televisión libre". "Según este modelo, será una televisión intervenida y dominada por el Gobierno", dijo Rodríguez Sahagún, que consideró absurda" la limitación en la participación de las empresas periodísticas a un 15%, mientras que otros grupos o poderes fácticos" pueden llegar al 25%.
Según Rodríguez Sahagún, en en el CDS no se entiende "tal discriminación". La próxima semana, el grupo parlamentario decidirá el tenor de las enmiendas que va a presentar esta ley, coordinadas por el diputado Federico Ysart, ponente de este proyecto en todo el proceso de discusión parlamentaria.
También en la próxima semana Minoría Catalana estudiará el carácter de sus enmiendas, de las que será autor el portavoz adjunto del grupo, Josep López de Lerma. Aunque el plazo de presentación de enmiendas concluye el próximo día 30, es previsible que la oposición solicite una ampliación de ese plazo para contar con más tiempo para el "desmenuzamiento" de la ley gubernamental, según palabras de un portavoz de la oposición,
Maxwell, más que un español
El PDP presentó en el Congreso en noviembre de 1986 una proposición de ley reguladora de la televisión privada, cuyo autor fue el diputado José Ignacio Wert, que es la que utilizará ahora como texto alternativo al del Gobierno.
Para el PDP, la limitación de la participación de los grupos periodísticos a un 15% "ofrece serias dudas sobre su constitucionalidad, dado que pudiera ser que disfrute de más posibilidades Robert Maxwell [magnate británico de la comunicación] que un empresario periodístico español".
El proyecto alternativo que presentará el PDP no establece el número de concesiones, sino que remite para su determinación al Plan Técnico Nacional de la Televisión Privada.
La concepción del Instituto Nacional para la Televisión Privada del partido democristiano difiere del gubernamental respecto a que los primeros incluyen entre sus miembros a representantes de los grupos políticos representados en el Parlamento y el del PSOE sólo cuenta con el Ministerio de Transportes. "Éste es un proyecto de máximos, y es de esperar que en la tramitación parlamentaria el Gobierno suavice la ley", es la previsión optimista de Wert. Según cálculos del Gobierno, la emisión de canales privados no será posible antes de dos años.
Todo es interés público
A los portavoces de los grupos parlamentarios de la oposición les ha llamado la atención "el enmarque constitucional" que el Gobierno ha dado a la regulación de la televisión privada. Esto es, el artículo o artículos que se invocan para su aprobación. A nadie le cabía la menor duda de que el artículo 20 iba a ser el más mencionado. No ha sido así, el gobierno se ha amparado en el 128, donde se invoca profusamente el "interés general". Bien es cierto que el ejecutivo dice no caer en la cuenta del 128, sino que son las sentencias del Tribunal Constitucional sobre la materia lo que les ha inducido a basar la ley en el interés general.El portavoz adjunto de AP, asegura no entender porqué la televisión privada no puede ser como las emisoras de radio igualmente privadas y se aleja de ella la titularidad estatal y el concepto de servicio público. José Ignacio Wert, ponente de esta ley por el PDP y autor de un texto alternativo pone "parcialmente en cuestión" el carácter de servicio público. "Se ve la mala conciencia del Gobierno cuando no acude al artículo 20 de la Constitución que es el que corresponde al proclamar el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, así como el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, sino que se dirige al 128 con lo que queda como un ser vicio de interés público."
El Gobierno al regular la televisión privada pone el énfasis en el artículo 128 de la Constitución que dice textualmente: " Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general". En el punto 2 se reconoce la iniciativa pública en lo económico.
Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. José Ignacio Wert interpreta que el Gobierno no establece la libertad de difusión sino "la mecánica concesional de un servicio público."
