Un auto a gran velocidad
EL PLENO de la Audiencia Territorial de Barcelona ha dado rápido carpetazo al asunto de Banca Catalana. Los magistrados entraron directamente en el fondo del asunto, el alcance de la responsabilidad de Jordi Pujol, y, después de unas deliberaciones inusitadamente rápidas -Si se tiene en cuenta la duración de los procedimientos previos realizados hasta ahora, decidieron no procesarle. Como el presidente de la Generalitat era el único aforado del grupo de querellados, con su exculpación el futuro de los 16 restantes pasa ahora a un juzgado ordinario. El detalle de los argumentos jurídicos favorables a Pujol aportados por los magistrados, así como los motivos de los discrepantes, no están, lamentablemente, todavía disponibles. Por la misma razón es imprescindible esperar a conocer el texto del auto y los votos particulares antes de emitir una opinión sobre lo realizado por el tribunal.Las primeras informaciones existentes sobre el contenido de la reunión subrayan, no obstante, que en las deliberaciones ha participado un número reducido de magistrados. De ratificarse este dato, y a la vista de la complejidad y voluminosidad del sumario, cabe una cierta perplejidad. El interés de todo pleno de la Audiencia es, precisamente, que sea la Audiencia en pleno la que delibere, reforzando el sentido colectivo que tienen las decisiones de un tribunal. Si es colectivamente como deben sustanciarse las decisiones, parecía lógico esperar de este tipo de procedimientos excepcionales un alto grado de participación -no sólo formal- Nada sería más peligroso para la creencia en la liturgia de la justicia y la fiabilidad de ésta ante la opinión pública que el hecho de que cada magistrado hubiera llegado a la sala de reunión con su idea prefijada en unos límites inamovibles y que el pleno hubiera sido poco más que una asamblea ritual.Resuelto el problema jurídico -respecto a Pujol -a menos que existiera un ulterior recurso del fiscal-, no se agota con ello la historia de Banca Catalana ni la demanda de responsabilidades penales sobre sus otros administradores. También serán todavía duraderos los efectos políticos del caso. La decisión tomada ayer abre múltiples posibilidades. Puede contribuir positivamente a una normalización del clima ciudadano en Cataluña -enrarecido desde el anuncio de la querella y tenso desde la famosa escena del balcón de la Generalitat, en mayo de 1984-, y posibilitar un mejor entendimiento político. Aunque también puede generar agravios comparativos o sospechas más o menos vergonzantes, especialmente fuera de Cataluña, si la decisión de los jueces no es suficientemente explicada o no es comprendida por la opinión pública. En cualquier caso, de momento desaparecerá de la escena el elemento que ha colapsado la necesaria fluidez en las relaciones institucionales entre el Gobierno central y el autónomo. Es legítimo esperar este tipo de consecuencias, en lugar de temer que la demagogia de sectores nacionalistas les lleve a considerar que esto constituye una victoria propia -lo que supondría, entre otras cosas, un insulto para la instancia judicial-
Por otra parte, habrá que hacer un esfuerzo colectivo para que se disipe la difusa sensación de que la politización de los casos redunda en beneficio o en perjuicio de los encausados,. según las ocasiones, o de que la igualdad de los ciudadanos ante la ley constituye un principio abstruso de dificil concreción práctica. El examen pormenorizado del auto, cuando se conozca su texto, permitirá la formación de una idea más exacta sobre este espinoso asunto. Que, como decimos, no ha terminado en absoluto, y todavía dará que hablar ante los tribunales, en los periódicos y en las tribunas de la política.
