Leguina logra una victoria al conseguir que Cajamadrid le envíe sus estatutos antes de que los vea la asamblea general de la entidad

El Consejo de Cajamadrid, entidad con un billón de pesetas en depósitos de clientes, ha decidido enviar su proyecto de estatutos a la Comunidad Autónoma antes de que lo apruebe la. asamblea general, convocada para el próximo día 29. Esta medida ha sido presentada como una vía de entendimiento tanto por parte de la Comunidad Autónoma como por los consejeros, hasta ahora mayoritarios, que pretendían limitar la mayoría socialista en los futuros órganos rectores de la caja. Pero del texto se desprende que ambas partes mantienen sus discrepancias, sobre todo en si el futuro 40% de representación municipal debe ser elegido con criterios mayoritarios o dar entrada a los partidos de oposición.

Las fuentes del Consejo de Cajamadrid y del Gobierno autónomo han explicado la decisión final del Consejo de Administración de la caja, adoptada a últimas horas del jueves, como una fórmula de entendimiento piara resolver sus discrepancias. Unos y otros han guardado silencio sobre el contenido de los estatutos, señalando que las deliberaciones del consejo son secretas. No obstante, ha trascendido que ninguna de las partes ha cedido en sus principales posiciones, si bien la mayoría de consejeros de Cajamadrid que desafiaron a la Comunidad Autónoma se muestra pesimista respecto a que prosperen sus opiniones en la asamblea general. La autonomía madrileña puede pronunciarse estos días de forma que influya más en los asambleístas.

Representación municipal

Pese a las advertencias de que podrían incurrir en incontitucionalidad, los estatutos aprobados por el consejo prevén que el 40% de la futura representación de los municipios en la asamblea y el consejo serán elegidos con criterios de proporcionalidad y conforme a las normas internas de cada ayuntamiento. En la práctica, así se facilita la entrada de los partidos de la oposición, especialmente los del Ayuntamiento de Madrid, ciudad que tendría en los órganos de gobierno de la caja un 40% del 40% atribuido a los principales municipios donde opera la entidad.Antes de que la mayoría del consejo de Cajamadrid ratificara tales criterios, el presidente de la Comunidad, Joaquín Leguina, declaró públicamente que no consentiría que los estatutos se inmiscuyan en una decisión que corresponde a las normas internas de cada ayuntamiento. Añadió que la autonomía municipal está salvaguardada por la Constitución.

Orígenes

La polémica sobre los criterios de designación proporcionales o mayoritarios, que en la práctica dejarían todo el 40% en manos de socialistas, surgió a principios del verano. En la misma, la presidencia y la dirección de Cajamadrid han defendido las posiciones de la Comunidad, contestadas por la mayoría de los consejeros afectados por la próxima renovación. La proporcionalidad había sido antes propugnada a nivel estatal por la propia Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), durante el debate parlamentario de la ley de órganos rectores de las cajas, aprobada sin pronunciarse por una u otra fórmula.En otro de los asuntos polémicos -si el 11 % atribuido por la ley a los fundadores de las cajas debe corresponder en Cajamadrid a la Comunidad Autónoma o ser repartido entre las demás representaciones-, el proyecto de estatutos; ha quedado finalmente de forma que pueda recibir diversas interpretaciones, según las fuentes informadas.

Públicamente, la Comunidad ha desmentido en distintas oportunidades que pretendiera ejercer dicho 11%, lo que, sumado al 40% de los ayuntamientos -las otras son un 44% de los impositores y un 5% del personal-, daría a los poderes públicos la mayoría absoluta en los órganos de control de la que es actualmente la más importante caja del país. Pero en el seno del consejo los ejecutivos de la entidad que le son próximos defendieron atribuir el 11% a la autonomía, con el argumento de que el Patronato Real ha renunciado a sus derechos y que éstos fueron desempeñados en las últimas décadas por el Ministerio de Economía, que ha transferido competencias en materia de cajas a las autonomías.