Alto a los periodistas
EL PASADO martes, los servicios de seguridad del Instituto Nacional de Estadística (INE) impidieron a la fuerza la entrada en la sede de dicho organismo público a un redactor de este periódico. Tras un forcejeo con los guardianes -pertenecientes a una empresa de seguridad privada-, el periodista, que se había identificado convenientemente, fue expulsado. Sólo después de posteriores y tediosas gestiones, el redactor consiguió el acceso al edificio. Recibido por el director general del INE, éste expresó sus excusas por el incidente, que calificó de una cuestión "de orden público". De paso explicó que había dado instrucciones para que los periodistas fueran dirigidos siempre a los servicios de prensa, donde encontrarían puntual información, y se les impidiera ver a cualquier otro funcionario.El hecho no es anecdótico, sino buen exponente de la política de ocultamientos y de la falta de transparencia informativa que los organismos de la Administración vienen practicando con la gestión socialista. Hay que poner de relieve que, mensualmente, el INE entrega al Ministerio de Economía y Hacienda un avance del índice de precios al consumo varias semanas antes de que salga publicado el dato provisional. El director general del INE manifestó que no existe intención alguna de facilitar estos avances a los medios informativos. Como en el caso de las encuestas electorales elaboradas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el Gobierno y el partido que lo apoya utilizan así una información que es patrimonio de todos los ciudadanos. Las presiones y prohibiciones a los funcionarios para evitar lo que comúnmente vienen llamándose filtraciones informativas sólo son parejas a las presiones a los periodistas cuando esas filtraciones les interesa que se publiquen a los responsables políticos.
Tales comportamientos corresponden a una concepción patrimonialista de la Administración ampliamente extendida in España, desde los municipios hasta los organismos centrales del Estado, pasando por las administraciones autonómicas. Parece como si la obtención del voto mayoritario del ciudadano no fuera únicamente una carta de confianza política, sino una patente de corso para la apropiación del aparato de la Administración al servicio del partido gobernante. Este hecho se ve reforzado por los malos hábitos de algunos altos funcionarios, que todavía creen en la propiedad privada, la suya claro, sobre los datos e informaciones que manejan.
La posibilidad de recoger y procesar por medios informáticos riquísimos paneles de datos sobre la realidad económica y social, o la individual incluso, obliga a los ciudadanos a exigir un aumento paralelo de la transparencia de la Administración y un reconocimiento pleno del acceso democrático a estos mismos datos. Pero los mismos están siendo utilizados de forma partidista por el Gobierno. Contribuye todavía más a confirmar esta sospecha el curioso prurito que impulsa a crear puestos de trabajo en los gabinetes de prensa y relaciones públicas, instalando toda clase de barreras intermedias entre los responsables políticos y los periodistas.
