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jueves, 1 de mayo de 1986

Libia expulsa a 36 trabajadores españoles de Ferrovial

  • El Gobierno de Gaddafi retiene los pasaportes a los empleados de las compañías Cobra y Wat

LOLA GALÁN, El Gobierno de Trípoli dictó en la mañana de ayer una orden de expulsión contra 36 técnicos y trabajadores españoles de la empresa de construcción Ferrovial destacados en Libia, que deberán abandonar hoy el país obedeciendo órdenes de la policía de inmigración. Las autoridades libias han retenido también los pasaportes de un número no determinado de empleados españoles de la compañía de montajes eléctricos Cobra y de la empresa Wat, que se encuentran trabajando en instalaciones petrolíferas del interior de Libia. El director de la Oficina de Información Diplomática, Inocencio Arias, calificó ayer estas medidas de "represalia injustificada e indiscriminada del Gobierno libio".

El ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordoñez, mantuvo ayer conversaciones con los directivos de las empresas españolas afectadas o amenazadas por las medidas de expulsión, así como con sus homólogos de Italia y el Reino Unido, países que tendrán que repatriar de Libia a 53 y 19 trabajadores, respectivamente.Antonio Mendoza, director general de Ferrovial, declaró ayer que la expeditiva orden de expulsión tomada por el régimen de Muammar el Gaddafi se recibió en la mañana de ayer en las oficinas de la compañía en la capital libia. "Todo lo que sabemos, a través de nuestra delegación en Trípol?, señaló Mendoza, "es que a primera hora de la mañana de ayer [por anteayer] miembros de la policía de inmigración libia se presentaron en las oficinas de Ferrovial y requirieron el pasaporte a los 36 trabajadores que tenernos destacados allí. La policía les informó que podrían recogerlos mañana [por hoy] en el aeropuert o de Trípoli, desde donde deberían abandonar Libia a bordo del vuelo de Iberia, que sale mañana ole la capital". Por su parte, el director de Asuntos Exteriores de Ferrovial, Alfredo Velasco, manifestó que en total sion 38 los trabajadores de la empresa, pero que dos de ellos permanecen, en estos momentos de vacaciones fuera de Trípoli.

Fuentes de la Oficina de Información Diplomática confirmaron también la expulsión y aclararon que las autoridades libias han retenido los pasaportes de un número no precisado de trabajadores españoles de las empresas de montaje eléctrico Cobra y Wat sin que ayer se supiera cuál iba a ser la decisión de las autoridades libias con respecto a estos españoles que trabajan en instalaciones petrolíferas del desierto libio.

A este respecto, el jefe de personal de la Compañia Auxiliar de la Distribución de Electricidad (Cobra), Federico Roncal, señaló ayer que un funcionario libio se presenté en la oficina de esta empresa en Trípolí y reclamó los, pasaportes de los 35 empleados. "Pero como éstos se encuentran trabajando en medio del desierto, la persona que estaba en el despacho no pudo entregar la mayoría de los pasaportes. Lo que hizo fue dirigirse al embajador de España en Libia, Ricardo Peydró, y ponerle en conocimiento de los hechos. Lo último que sabemos es que el embajador está intentado mediar con las autoridades de Trípolí para que no se produzcan más expulsiones".

Ninguna valoración política

Por su parte, Antonio Mendoza, director general de Ferrovial, que no ocultaba ayer su preocupación por la medida de expulsión, se abstuvo de hacer ninguna valoración política de este hecho, que se produce cinco días después de que el Gobierno español decretara la expulsión de 11 ciudadanos libios residentes en España, tres de ellos diplomáticos, tres estudiantes y cinco profesores de la escuela Al Fatah de Madrid.

El director general de Ferrovial, una de las empresas españolas más importantes en el sector de la construcción, que lleva siete años trabajando para el Gobierno libio en el trazado de varias carreteras, señaló que los directivos de la empresa estaban estudiando la situacion para tomar las medidas más adecuadas con vistas a proteger sus intereses en el país norteafricano.

"Por fortuna, estábamos terminando ya las obras de una red de carreteras en la zona del des¡erto, bastante alejada de Trípoli, por lo que el perjuicio es menor", comentó. Un portavoz de la Oficina de Información Diplomática señaló también que el embajador de español en Trípoli se encargará de levantar actas notariales en las que se hará constar que la empresa española se ve obligada a abandonar las obras en curso por razones de fuerza mayor, con vista a cualquier reclamación por parte de las compañías de seguros.

El conocimiento de esta decisión de las autoridades libias provocó ayer gran inquietud entre los directivos de las empresas españolas que mantienen contactos laborales con el régimen del coronel Muammar el Gaddafi.

En las sedes de empresas que, como Entrecanales y Tavora o Agromán, tienen trabajadores en territorio libio, se celebraron reuniones, y no se ocultaba una cierta preocupación.

De hecho, numerosas informaciones apuntaban ayer la posibilidad de que la medida de expulsión pudiera afectar a la totalidad de los trabajadores españoles en Libia.

El jefe de personal de la compañía Cobra insistió en la situación de preocupación que vivían ayer, al igual que las otras empresas con intereses económicos en Libia. "No sabemos si la medida de retener los pasaportes es sólo el preámbulo de la expulsión definitiva de nuestros trabajadores, lo cual nos provocaría un grave daño económico".

El número de trabajadores españoles residentes en Libia no supera los 400, principalmente empleados de empresas de los sectores agrario y de la construcción.

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