La inseguridad en la mina

Mucho se ha publicado recientemente en diversos medios de comunicación sobre el trágico balance de accidentes y muertos en la minería española, sobre todo en la del carbón y, principalmente, en Asturias y León. Para comprender mejor lo que está sucediendo en este sector es preciso hacer una breve referencia de su importancia económica. La producción nacional de hulla en 1984 fue de 9,8 Millones de toneladas, con un valor medio de 7.572 pesetas por tonelada (correspondiendo el 52,5% a Asturias, el 39,7% a León y el resto a Ciudad Real, Córdoba, Palencia y Sevilla), y la de antracita se elevó a 5,5 millones de toneladas, con un valor medio de 7.267 pesetas por tonelada (el 64,1%, a León, el 23,0% a Asturias y el resto a Palencia, Córdoba y Huesca).De estos datos se excluyen los referentes el lignito, cuya explotación implica riesgos menores al practicarse, generalmente, a cielo abierto. Estos datos explican, en principio, por qué la siniestralidad se ha cebado fundamentalmente en Asturias y León.

Entre las causas principales de la accidentalidad figuran el desarrollo tecnológico que permite una extracción más acelerada sin la contrapartida de la implantación de medidas de seguridad acordes con dicho desarrollo; la falta casi secular de inspección minera por parte de la Administración, a través de lo que hasta hace relativamente. poco tiempo se denominaban jefaturas de minas, y la actitud de los empresarios que son poco proclives a invertir en seguridad minera (4 pesetas por tonelada en España y 34 pesetas en la CEE), y que mantienen en no pocos casos una postura empresarial caciquil, abusando de la resignación que muchas veces muestra el minero ante la adversidad, al no vislumbrar otras salidas a su situación y verse olvidado por el resto de la sociedad.

Esta triste realidad ha empeorado recientemente con las transferencias que en materia de seguridad minera se han realizado desde la Administración central a las 17 comunidades autónomas, pues quedó abierto un período confuso en el que nadie, salvo alguna excepción, parecía querer asumir responsabilidades en esta materia debido a la desastrosa situación heredada.

La accidentalidad en la mina, por otra parte, no sólo se debe medir por el trágico balance de muertos -63 en lo que va de año-, sino también por el elevado número de accidentes que conducen a incapacidades laborales transitorias o definitivas (se calcula que se producen 25.000 accidentes anuales en la mina, carnuflados hábilmente en las estadísticas, es un elevado porcentaje, como bajas por enfermedad) y por la variada gama de enfermedades profesionales que obliga a muchos mineros a una jubilación anticipada en un estado físico realmente lamentable.

Enfermedades del carbón

Entre las enfermedades profesionales de la minería del carbón pueden citarse, en orden de menor a mayor importancia, las siguientes:- Bronquiectasias.

- Bronquitis crónica.

- Enfisema (neumotárax espontáneo, recidivante).

- Fibrosis pulmonar.

- Neumoconiosis (silicosis, antracosis, antracosilicosis, con múltiples variantes, según su grado, que pueden llegar a la insuficiencia respiratoria crónica irreversible, terminando en cor pulmonale). Las neumoconiosis y, especiabnente, la antracosilicosis son enfermedades crónicas que siguen progresanjo en forma de fibrosis densas y difusas.

- Tuberculosis. Se facilita el contagio en el interior de la mina y la difusión y agravación de. las lesiones tuberculosas pulmonares, dando lugar a la tubérculo-silicosis. Puede decirse que entre un 4% y un 5% de las silicosis son tubérculo-silicosis.

- El cáncer pulmonar, aun cuando no esté determinado por la antracosilicosis es, sin embargo, más frecuente en los mineros que en otras profesiones en las que no se tiene que respirar atmósferas polucionadas en la cuantía que lo está la atmósfera en el interior de las minas.

- La insuficiencia respiratoria determinada por estas enfermedades propias de los mineros es progresiva e irreversible, terminando por la incapacitación prácticamente sistemática, siendo las medidas de prevención actuales totalmente insuficientes. Esta incapacitación irreversible se produce aun cuando el minero abandone la mina por dictamen médico.

- Según se deduce de una serie de informes del equipo de inspección del plan integral de seguridad minera de Castilla y León realizados recientemente, después de visitar minuciosamente a un determinado número de empresas leonesas dedicadas a la extracción del carbón, y que suponen en su conjunto 5.864 trabajadores, es decir, el 42% del total de trabajadores del sector energético de dicha provincia, puede decirse que se incumple sistemáticamente la normativa vigente, en materia de seguridad minera en más de 20 artículos, empezando por la inexistencia de los libros de registro y reglamento'de régimen interior y ácabando por las frecuentes deficiencias de los equipos eléctricos, utilizándose en algunos casos explosivos del tipo Goma 2, en minas donde está prohibido, y careciéndose en otros casos de grisúmetros de lectura directa en minas donde es. obligatoria su utilización.

Inversiones necesarias

Ante esta situación, el presidente de la Asociación de Minas de Antracitas de León, Angel Moliner, ha criticado duramente no sólo las exigencias que se derivan de las inspecciones realizadas al amparo del plan integral de seguridad minera de Castilla y León, apelando a los "altos costes de las inversiones y a los exiguos plazos de tiempo que se conceden para llevarlas a cabo", sino que también se permite descalificar al equipo inspector afirmando que es, de dudosa competencia.

Es preciso recordar que el señor Moliner es además el representante legal de la propiedad de Combustibles de Fabero, SA, donde el 19 de noviembre de 1984 hubo una explosión de grisú que costó la vida a ocho mineros. En dicha mina tampoco se utilizaban grisúmetros de lectura directa, que cualquiera puede comprar en el mercado al exiguo precio de 45.000 pesetas unidad los de fabricación nacional, y 85.000 pesetas los de importación japoneses, lo cual contrasta fuertemente con el valor que la producción de carbones alcanzó en León en 1984, 52.000 millones de pesetas. Uno de los informes rea lizados por el citado equipo de inspección el 9 de julio de 1985 corresponde precisamente a esta empresa, demostrándose que se siguen incumpliendo en la actualidad casi 30 artículos de la normativa vigente, después de casi un año de producirse el accidente.

También se han publicado recientemente unas declaraciones del director general de la Energía, señor Gallego, en las que hace una comparación entre la accidentabilidad minera pasada y presente. Aun cuando los datos oficiales relativos a épocas pasadas son correctos, es preciso hacer dos salvedades importantes: en primer lugar la información oficial sobre los siniestros en la minería dejaron de publicarse inexplicablemente en la estadística minera de España en 1975, lo que no significa que los datos recientes sobre accidentes y muertos no sean fiables, pero sí puede haber cierto margen de error debido al elevado número de canteras existentes en España, cuyo índice de siniestralidad no siempre se controla por el Ministerio de Industria.

Igual siniestralidad

Por otro lado, en 1973, según datos oficiales, el índice de riesgo de muertos por cada 100 mineros fue 0,131. En 1985, dado que ya han muerto 63 mineros en minería energética, metálica y no metálica, y como ello implica que habrán muerto 15 más en la extracción de canteras, siempre según datos oficiales medios del período 1970-1974, quiere decir que en septiembre de 1985 dicho índice se elevaría ya a 0,106, y toda vía quedan tres meses para que acabe el año. Estas cifras de muestran que estamos a punto, desgraciadamente, de alcanzar las cotas que, en materia de segu ridad minera, teníamos hace 12 años.También recientemente se ha publicado en el BOE el reglamento general de normas básicas de seguridad minera, que sustituye al del año 1934 y una orden del 13 de septiembre de 1985 en la que se aprueban determinadas instrucciones técnicas complementarias.

Tanto el reglamento como las instrucciones, no sólo son ambiguas, sino que además no se corresponden con lo que a estas alturas, próximos a entrar en la CEE, debería ser mínimamente exigible, pudiendo afirmarse que se trata sólo de un simple catálogo de generalidades desde el punto de vista jurídico y técnico.

Todo ello orienta sobre el tratamiento frívolo que las sucesivas administraciones, incluida, la actual, han dado a un tema de tanta trascendencia como es el de la seguridad minera.

Todo el panorama descrito anteriormente es lo suficientemente elocuente. La sociedad española, gracias a los medios de comunicacíón, ha empezado a concienciarse de la dramática situación en la que se desenvuelve la vida del minero, habiéndose incluso llegado a la desfachatez de intentar hacer pasar como accidentes extralaborales en dos ocasiones recientes, en Asturias y León, lo que en realidad había sido muerte en la mina. Y esta situación se produce al final de una época de auténtica prosperidad empresarial en la minería del carbón.

Todo ello pone de manifiesto la falta sistemática de sensibilidad ante el grave problema de la inseguridad en la mina que, desde luego, no se va a resolver por sí solo. Para empezar a dar los primeros pasos sería precisa la elaboración de una política minera, inexistente en la actualidad, concertada con las fuerzas sindicales y con el empresariado que ponga fin a semejante lacra tercermundista.