El debate sobre el 'estado de la nación' excluirá política exterior y economía
El Gobierno remitirá hoy al Congreso la comunicación con las líneas generales de lo que será el debate sobre el estado de la nación, que se inicia el próximo 15 de octubre. Este debate tendrá menor entidad que en las dos ediciones últimas, ya que que no contendrá, previsiblemente, los capítulos económico y de política exterior, ante la inminencia de debates sectoriales sobre ambas materias. El debate presupuestario para 1986 tendrá lugar en el mes de noviembre, y en tomo al 15 de diciembre se desarrollará el referido a política exterior, en el que Felipe González, presidente del Gobierno, someterá al consenso parlamentario, según se comprometió ante la diputación permanente del Congreso a finales del mes de julio, la pregunta que los españoles tendrán que responder en el referéndum de la OTAN.
El Polisario, a debate
El necesariamente devaluado debate sobre el estado de la nación, provocará, después de que los portavoces de los grupos parlamentarios conozcan la comunicación del Ejecutivo, un inicial malestar en la oposición, según prevén fuentes gubernamentales, que estarán dispuestas a informar sobre las inmediatas fechas en las que habrá ocasión de debatir ampliamente sobre política económica y sobre política exterior.
De una parte de la política exterior española, la que se refiere al Magreb, tendrá que informar mañana el ministro del ramo, Francisco Fernández Ordóñez, ante la comisión correspondiente del Congreso, acompañado de su compañero de Gabinete Narcís Serra, ministro de Defensa, para explicar todo lo relativo al ataque del Frente Polisario a un pesquero y una patrullera españoles el pasado día 21 en aguas saharauis, con un saldo de dos españoles muertos.
Aunque inmediatamente después de los hechos los grupos parlamentarios Popular, Centrista y Minoría Catalana se apresuraron a solicitar la comparecencia del Ejecutivo en el Congreso para que, explicara la situación, el Gobierno pudo convencer a la oposición de que pospusiera su legítimo derecho de conocer la situación hasta tanto los pescadores españoles fueran liberados y estuvieran seguros en tierra española. Tras ello, el Gobierno ordenó la inmediata expulsión de todos los miembros del Frente Polisario afincados en España, así como el cierre de todas las oficinas de este grupo abiertas en el país en régimen de tolerancia.
En la Cámara alta, el Grupo Popular exigirá mañana del Gobierno la urgente remisión de una ley orgánica que regule la situación de Ceuta y Melilla, que, a su juicio, deben constituirse en comunidades autónomas.
Sobre la firma
