Entre la guerra y la paz
Por medios ilegítimos nunca se puede alcanzar un resultado legítimo, señala el autor de este trabajo al tocar el problema del terrorismo y la guerrilla en América Latina. La contraposición de dos casos, el de Colombia y el de Perú, le sirve para demostrar la inutilidad de militarizar el problema y la necesidad, y hasta posibilidad, de enfrentarse a él con métodos políticos y fundamentalmente pacíficos.
Ese moverse sobre el filo de la navaja, entre la guerra y la paz, se ha vuelto un dramático dilema para algunos países de América Latina. En un contexto en el que, en ciertos países, la disyuntiva parece haber sido resuelta a favor de la guerra civil o del conflicto armado (tómese nota de los 50.000 muertos durante el último lustro en El Salvador, por ejemplo), resultan cruciales aquellos procesos en los que existen esperanzas firmes de pacificación o en los que aún no se ha llegado a los extremos de la guerra civil.Este parece ser el caso de Colombia y de Perú; dos países andinos (y vecinos entre sí) con procesos históricos y sociales que guardan algunas semejanzas importantes (y sus diferencias también). En ambos países, rigen hoy día Gobiernos constitucionales y en los dos se viven agudos procesos de violencia no resueltos y de imprevisible curso.
El bogotazo, aquel inmenso alzamiento popular de 1948, marcó el punto de partida de la guerra civil que enfrentó a los colombianos en los años que siguieron a dicha eclosión. Como se sabe, en ese proceso de violencia, que afectó especialmente a las zonas rurales, murieron alrededor de 300.000 colombianos, aunque la cifra exacta, como en toda guerra civil, probablemente no se conocerá nunca. El trasfondo político y social es conocido: la pugna entre liberales y conservadores que expresaba el conflicto de intereses entre los sectores burgueses modernizantes y los grupos terratenientes.
Los centenares de miles que llevaban el peso del conflicto, por uno y otro bando, eran campesinos, gente del pueblo. En el contexto del conflicto, algunas de las columnas guerrilleras adscritas a los liberales empezaron a marchar a su propio ritmo filtrando intereses y reivindicaciones campesinas que parecían rebasar los marcos liberales. Tal vez por ello, y dado el curso incierto que el proceso amenazaba adquirir, con el Pacto Liberal-Conservador se puso fin a la guerra, acordando ambos partidos alternarse en el poder. Pero ya se había puesto en marcha una dinámica violenta que no pudo impedir que, pese al pacto, muchos grupos guerrilleros siguieran operando. Esto ocurría mucho antes de que Fidel Castro y el Movimiento Veintiséis de Julio alcanzaran el triunfo en Cuba.
Para decirlo en una frase: la guerrilla continuó, ya que las razones que llevaron a muchos campesinos a la lucha armada se mantenían. Durante la década de los sesenta, la actividad guerrillera recibió en Colombia y en el resto de América Latina el impulso que venía de la revolución cubana. Pero, claramente en el caso de Colombia, se trató sólo de un incentivo adicional, pues el movimiento ya estaba allí desde antes. Como para desvirtuar toda la monserga del enfrentamiento Este-Oeste o del comunismo intemacional como explicación sempiterna de cuanto fenómeno social cuestionador se presente en la región.
Es bueno recordar que la alternancia liberales-conservadores que sucedió al Pacto no dio una perspectiva de salida a las graves contradicciones de la sociedad colombiana. Claro ejemplo de ello es la reforma agraria, experimento tan tímido que casi ni se sintió en el campo. Al continuar la lucha guerrillera en algunas partes localizadas del país, la sucesión de Gobiernos civiles encontró allí la base (o el pretexto) para mantener durante más de 30 años el Estado de excepción en el país. Paralelamente, los militares ganaban terreno, manteniéndose, sin embargo, el régimen civil.
Esta militarización creciente llegó a un extremo durante el pasado Gobierno de Turbay Ayala, que formó un binomio junto con su ministro de Defensa, general Camacho Leiva. Se dictó, como se sabe, un estatuto de seguridad restrictivo de las libertades ciudadanas básicas, se legalizó la anticonstitucional adscripción de los civiles a la justicia militar y se llegó a poner bajo control directo de los militares cerca del 30% del territorio. ¿El resultado? La violencia no sólo se mantuvo, sino que se extendió, originándose además grupos paramilitares que gozaban de impunidad, cuando no de la participación activa de militares, como es el caso del Muerte a los Secuestradores (MAS).
Es dentro de ese complejo y difícil marco donde asume la presidencia Belisario Betancur, dictando una amplia amnistía, formando una comisión de paz y suscribiendo, a mediados de este año, sendos acuerdos de paz con los más importantes grupos guerrilleros. Se trataba, pues, de una ruptura con el estilo Turbay Ayala-Camacho Leiva. Se abrió paso a un proceso de pacificación de curso aún incierto, pero que puede exhibir algunos logros hasta el momento. Esta incertidumbre proviene, en buena medida, de la conducta que puedan adoptar los militares.
Riesgos de la militarización
Ésa es, tal vez, sólo la punta de un iceberg que pone de manifiesto los riesgos de la militarización, No sólo por su ineficacia pata resolver el reto de la violencia guerrillera (pues al no atacar las raíces sociales del problema acaban acelerando -por la brutalidad de los métodos de represión- la espiral violentista), sino por la amenaza que significa para salidas políticas que busquen responder a las causas profundas de problemas sociales que tienen una expresión guerrillera.
En Colombia se recorrió ese camino y los resultados están a a vista. Betancur ha conseguido -no sin incertidumbres- lo que décadas de estado de emergencia y de militarización fueron incapaces de obtener. Veamos qué pasa en el futuro.
Pero, siendo esa la experiencia colombiana, llama la atención que en un país vecino, Perú, se esté recorriendo un camino muy parecido a aquel por el que transitó Colombia durante 30 años. En este país andino, a la violencia de Sendero Luminoso se responde con una violencia aún mayor, en la que la brutalidad, como acaba de afirmarlo Vargas Llosa en Madrid, está muy presente. Los resultados cuantitativos hablan por sí solos. De acuerdo a la información proporcionada por el ministro del Interior al Senado peruano, desde 1980 hastajulio de 1984 han muerto 4.145 personas (la abrumadora mayoría en la sierra sur-central), de las cuales 2.074 serían delincuentes subversivos; 1.923, civiles, y 148, miembros de la policía o del Ejército. Cifras muy elocuentes del grado a que se ha llegado. A ello hay que agregar las desapariciones de personas, que son también significativas. El fiscal de la nación ha recibido denuncias de 904 casos; la Comisión de Acción Social, organismo del espiscopado peruano, tiene información documentada sobre 213 casos. ¿Qué está detrás de estas cifras dantescas? Sin duda alguna, una violencia brutal que, sin embargo, no logra eliminar a Sendero Luminoso. Víctimas del fuego cruzado, caen miles de campesinos. A más de 2.000 se les sindica de delincuentes subversivos pero nadie sabe quiénes son; por lo demás, nadie en su sano juicio cree que la mayoría de ellos sea en efecto senderista, sino, más bien, víctima de una acción represiva que se torna a veces indiscriminada. ¿Y los 1.923 civiles? Pues, víctimas de uno y otro bando.
Hasta aquí encontramos una grave línea de semejanza con el fenómeno colombiano: situar la respuesta a la acción violenta en el terreno estrictamente militar, acelerando con ello la espiral de violencia. Pero hay otra similitud que no siempre parece ser tomada en cuenta a la hora de los análisis oficiales o de la formulación de los planes antisubversivos: las raíces de la violencia. Por más que se quiera, no se podrá demostrar que la causa está en el comunismo internacional, porque, entre otras razones, Sendero Luminoso sencillamente no tiene relaciones ni recibe apoyo de ningún país socialista. Tampoco se ha podido demostrar el supesto apoyo al senderismo por los narcotraficantes; ninguna huella (por ejemplo, armamento comprado) existe de ello. Hay, más bien, un problema de atraso y miseria que, en zonas como Ayacucho, explica el surgimiento de un fenómeno como el de Sendero Luminoso. Con una expectativa de vida situada por debajo de la media nacional, lo raro es que esto no haya ocurrido antes.
Si bien el panorama en su conjunto no es para nada alentador, existen. aspectos que permiten mantener cierta esperanza en que se pueda encontrar soluciones distintas de la militar. Militarización que, de acabar envolviendo a dos países como Colombia y Perú, deja sólo la vía violenta como mecanismo de procesamiento de los conflictos sociales.
Los dos procesos son sin duda diferentes y le encuentran pasando por un momentum también distinto. En Colombia cabe poner toda la esperanza en que el proceso de pacificación que impulsa Betancur no se detenga. Deben venir a continuación la ejecución de planes de promoción y reforma social. En Perú está, claro que por el sendero actual se llegará, probablemente, a una polarización social que puede ser irreversible y traer gravísimas consecuencias. Están abiertas las puertas para formular y ejecutar salidas políticas al actual proceso violentista.
es abogado peruano, secretario ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas.
