El 'precio' de una muerte
Hace casi un año -en octubre de 1983- la sala primera del Tribunal Supremo resolvió el pleito judicial entablado por la viuda de José Luis Herrero Ruiz y sus siete hijos contra el Ministerio del Interior y concedió a los reclamantes una indemnización de siete millones de pesetas, la más alta otorgada en España por la muerte accidental de un ciudadano a causa de los disparos de un policía.La sentencia dictada por el Tribunal Supremo, que resolvía definitivamente el largo peregrinaje judicial iniciado nueve años antes por aquella mujer y sus hijos, se refería a unos oscuros incidentes ocurridos el 8 de junio de 1974 en un descampado de Badalona, cuando dos inspectores de policía intentaban detener a un presunto delincuente. El inspector Sebastián Trepote, que según la sentencia "actuó de manera negligente", disparó sobre el detenido a menos de un palmo de distancia, cuando le estaba colocando las esposas. El Supremo no sólo fijó la indemnización, sino que además calificó duramente la conducta del inspector de policía, que se había visto beneficiado por el indulto de 1975.
Un año antes, en abril de 1982, el Tribunal Supremo había condenado también al Estado a indemnizar con un millón de pesetas a los familiares del joven Francisco Gallego, de 18 años de edad, que en noviembre de 1975 falleció en Sabadell a consecuencia de los disparos de un policía. El joven, que huía del domicilio de su novia después de un altercado con los familiares de ésta, fue alcanzado por un disparo de alerta de un policía. En esta ocasión, el Supremo aseguró textualmente que "la reacción policial fue claramente desproporcionada, en cuanto que es a todas luces desproporcionado producir por disparos de arma de fuego la muerte de una persona que se limita a un huir ante la policía, sin haber dado muestra alguna de agresividad o resistencia".
En términos similares se había pronunciado el Tribunal Supremo cuando, en abril de 1979, resolvió indemnizar con tres millones de pesetas a, los familiares de Pedro Barrios González, que falleció por los disparos de un agente que investigaba el asesinato de Carrero Blanco, en la madrugada del 21 de diciembre de 1973.
Con anterioridad, el Supremo había condenado al Estado a indemnizar a los familiares de José Luis Cano, muerto en Pamplona en el año 1977, durante una manifestación en favor de la amnistía, y de Jesús Murueta, cuya muerte se produjo en Erandio, en 1969. En el primer caso la indemnización fijada fue de 200.000 pesetas; en el segundo, de 1.200.000 pesetas.
Sin embargo, no se tiene constancia de que en ninguno de los casos reseñados se haya condenado a los autores de los disparos.
