La presentación ayer de la querella del fiscal general del Estado, Luis Burón Barba, contra el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y otros 24 antiguos directivos de Banca Catalana por los presuntos delitos de falsedades documentales y contables y apropiación indebida por un importe mínimo de 20.000 millones de pesetas ha provocado una verdadera conmoción en la vida ciudadana y política de Cataluña, aunque la noticia fuera esperada. "s muestras de adhesión al presidente de la Generalitat y de protesta por la decisión del fiscal Negadas a los locales de Convergència arreciaron, y los partidos de la oposición se manifestaron con prudencia y con respeto ante el poder judicial, aunque destacaron la gravedad del asunto y el peligro de que éste desatara un conflicto institucional y político de gran envergadura. En diversos medios se señalaba la posibilidad de que se organizasen protestas en la calle o concentraciones ante la sede del Parlamento catalán el próximo martes 29, día de la investidura de Pujol.
EDITORIAL
LA QUERELLA interpuesta por el fiscal general del Estado contra 25 ex directivos de Banca Catalana, entre los que se encuentra Jordi Pujol, presidente de la Generalitat, posee implicaciones políticas tan evidentes que pueden desfigurar un problema en el que se ha de juzgar sobre la culpabilidad de una catástrofe financiera que puede costar a los españoles cientos de miles de millones de pesetas. Las consecuencias de este conflicto penal, nacido de presuntas irregularidades en la administración de un negocio bancario, pueden llegar a afectar a la estabilidad del sistema institucional sobre el que descansa la Monarquía parlamentaria. Las reacciones habidas en el sentido de que la querella es "una ofensa a Cataluña" o una venganza política del socialismo perdedor en las elecciones autonómicas así lo indican. Pero también es ridículo, como pretende el socialista catalán Raimon Obiols, intentar despolitizar un caso en el que se acusa al presidente Pujol de delitos que, de ser ciertos, podrían dar con sus huesos en la cárcel. La desmesurada reacción inicial de Miquel Roca, secretario general adjunto del partido del que Jordi Pujol es indiscutido líder, y sus acusaciones directas contra Felipe González, como promotor de una injusta querella, no parecen, sin embargo, fruto de factores emocionales. La tentación de responder con argumentaciones exclusivamente políticas, no exentas de demagogia, a una cuestión de Derecho Penal es obviamente tan grande como la de pretender que no debieran haberse hecho consideraciones políticas de fondo antes de dar un paso como éste. La realidad es que las dimensiones públicas y los intentos de manipulación política del asunto de Banca Catalana pueden predicarse, a conveniencia de cada cual, tanto del Gobierno de Felipe González como de las fuerzas de la oposición, tanto de los partidos catalanes que apoyan a Pujol como de las fuerzas catalanas que lo critican, tanto de quienes consideran la querella como una sucia jugada de los socialistas como de quienes acusan a los ex directivos de Banca Catalana de haber utilizado los sentimientos nacionalistas como coartada para disfrazar su mala gestión y, quién sabe si otras cosas.
Thomas Enders, embaj ador norteamericano en España, presentó el pasado 27 de abril al ministro español de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, una protesta oficial del Gobierno estadounidense por la supuesta reexportación a Irán de material de uso militar procedente de Estados Unidos. El presidente de la Comisión Interministerial de Armas y Explosivos de España, Juan Badosa, afirma que no tiene noticia alguna sobre estas ventas.
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REPERCUSIONES DE UNA GESTIÓN FINANCIERA
Madrid / Barcelona
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