El fiscal presentará querella contra los jueces Rodríguez Hermida y Varón Cobos

Madrid - 12 abr 1984 - 00:00CEST

El fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, interpondrá querella criminal contra los magistrados Jaime Rodríguez Hermida y Ricardo Varón Cobos por su intervención en la irregular puesta en libertad del jefe de la Camorra napolitana Antonio Bardellino, Tonino, cuya extradición había sido solicitada por el Gobierno italiano. Esta querella, al ser presentada por el fiscal, deberá ser resucita por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sin necesidad de antejuicio, que es el trámite penal que debe seguirse con los jueces y magistrados cuando la querella es formulada por particulares. La actuación de los magistrados en el caso Bardellino podría constituir delitos de cohecho y prevaricación.

La fiscalía del Tribunal Supremo ha estado intercambiando información con el instructor del expediente disciplinario, Agustín Muñoz, presidente de sala del Alto Tribunal, y, a la vista del resultado de la investigación, Luis Antonio Burón ha decidido promover la querella contra los magistrados, aunque, por el momento, el texto de la misma permanece en estudio.El propio Burón informó que la querella está destinada a la sala y que hasta que ésta no la reciba no quería comentar nada, ya que es muy sensible con las filtraciones y recientemente hubo tensión debido a que, por un error, la Prensa tuvo conocimiento de una actuación del fiscal antes que la Sala Segunda, en las diligencias abiertas sobre la sentencia de Rumasa en el Tribunal Constitucional. Burón añadió que cuando se presente la querella informará al Gobierno y al presidente del Consejo del Poder Judicial y que facilitará amplia información a la Prensa.

Por otra parte, el instructor del expediente dio ayer traslado a los dos magistrados implicados en el caso del pliego de cargos en el que figura la acusación contra ellos por la vía disciplinaria, según informó ayer el Consejo General del Poder Judicial. Jaime Rodríguez Hermida y Ricardo Varón Cobos tienen ahora un plazo de 10 días para presentar el correspondiente pliego de descargo, en el que harán constar las alegaciones que consideren necesarias.

Una vez que el trámite citado quede cumplimentado, la sección disciplinaria del Consejo adoptara una decisión al respecto. Esta sección disciplinaria está integrada por Rafael Gimeno Gamarra, Rafael Martínez Emperador, Fernando García Mon, Jerónimo Garvín Ojeda y Agustín Azparren Gaztambide.

Por otra parte, el grupo policial que investiga el caso Bardellino ha confirmado recientemente que Rita de Vita, la compañera de Antonio Bardellino, cambió más de siete millones de pesetas en un banco de la madrileña calle de Alcalá, e investiga otra transacción de alrededor de ocho millones de pesetas que esta mujer realizó en otro banco del paseo de la Castellana para pagar los cinco millones de fianza por la libertad del mafioso italiano y 10 más que sirvieron para sobornar a personas relacionadas con el caso.

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Los jueces Rodríguez Hermida y Varón Cobos han negado haber recibido dinero por la puesta en libertad del mafioso italiano

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El fiscal General del Estado recibió el pasado martes información sobre el desarrollo de las investigaciones policiales, actualmente encaminadas a confirmar a quiénes se pagaron los 10 millones de pesetas por el citado soborno. Antonio Bardellino, de 38 años, capo de la Nuova Familia, uno de los clanes de la Camorra, mafia napolitana, es considerado el jefe del tráfico de droga entre Europa y Suramérica. Huyó a principios de febrero de la justicia española, después de que el 30 de enero fuera puesto en libertad provisional, bajo fianza de cinco millones de pesetas, por el magistrado juez Ricardo Varón Cobos.

Bardellino había sido detenido en Barcelona en noviembre de 1983, junto a su guardaespaldas Raffaele Scarnato y dos de sus hombres , Pasquale Pirolo y Roberto Ferrara, debido a que contra ellos pesaba una orden internacional de captura y varias más de la magistratura italiana. Las autoridades italianas reclamaron a los cuatro mafiosos, y mientras Pirolo y Ferrara accedieron a volver a Italia, los dos primeros se opusieron a la extradición.

A Varón no le correspondía en principio el caso Bardellino, ni tampoco el de los otros tres camorristas. Este juez realizaba la sustitución del titular del juzgado central número 5, Francisco Castro Meije, cuando puso en libertad a Bardellino. Al tener conocimiento de la resolución, Castro se incorporó al juzgado y citó a Bardellino, pero éste no compareció. También dispuso la vigilancia del domicilio en el que vivía la compañera del camorrista, Rita De Vita, pero Tonino no pudo ser apresado. A partir de ese momento, Francisco Castro revocó el auto de libertad y decretó la captura e ingreso en prisión de Bardellino.

Al tener conocimiento de la puesta en libertad del mafioso, las autoridades judiciales italianas denunciaron la existencia de protecciones y atacaron duramente a los jueces españoles. El presidente de la Audiencia Nacional, Rafael de Mendizábal, informó al titular del Consejo del Poder Judicial sobre las sospechas que tenía de que el magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Jaime Rodríguez Hermida había presionado sobre el juez Ricardo Varón Cobos para que pusiera en libertad a Bardellino.

Versión de Hermida

Como consecuencia de estas sospechas, y a raíz de informaciones que aseguraban que a Bardellino le había costado su puesta en libertad los buenos oficios de una mujer y 15 millones de pesetas, de los que sólo 5 se habían utilizado para pagar la fianza impuesta, la sección disciplinaria del Consejo del Poder Judicial ordenó una investigación. Las pesquisas iban dirigidas a comprobar estos extremos, la existencia de las presiones y las razones por las que el magistrado juez de la Audiencia Nacional citado puso en libertad a Bardellino, pero no a su guardaespaldas Raffaele Scarnato. Este último está reclamado por delitos mucho menos graves que Tonino, quien está condenado en Italia a cinco años de cárcel.

Según la versión de los hechos que Rodríguez Hermida facilitó al intructor del expediente, él se interesó por la situación de Bardellino cuando se lo insinuó Josefa, Suárez, con la que mantenía relaciones sentimentales.

Rodríguez Hermida, por amistad con Josefa, comentó a Varón Cobos en un cafetería próxima a la Audiencia Nacional el interés de su amiga por el italiano. El magistrado declaró que ni él, ni Varón Cobos conocían exactamente la importancia de Bardellino, y que ninguno de los dos había recibido dinero por la puesta en libertad del mafioso. También alegó que ni siquiera se lo han ofrecido, aunque no descartó que personas ajenas a la Justicia hubieran recibido una recompensa económica en vista de los resultados de sus gestiones.

De acuerdo con esta versión, el magistrado del Supremo advirtió a Varón para que el italiano no pudiera escaparse, y por eso el magistrado de la Audiencia Nacional impuso una fianza de cinco millones de pesetas, que suele ser poco usual en delitos no monetarios.

El magistrado Rodríguez Hermida manifestó, a raíz de su implicación en el caso, que cree en "la justicia divina" y que "siento tranquilo mi corazón, porque mi trayectoria profesional es inmaculada".