La falta de voluntad política
Transcurrido un año más, el 5 de junio, institucionalizado como Día Mundial del Medio Ambiente desde la ya célebre reunión de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano, celebrada en Estocolmo en 1972, poco optimismo se puede entresacar de lo acontecido en este período.En efecto, frente al balance positivo de las actividades del movimiento ecologista, poco se puede citar en el campo de las realizaciones de la Administración y, en general, de los principales sectores dominantes de nuestra sociedad.
Haciendo un breve repaso de los hechos más relevantes y de las perspectivas que se abren, pues para otra cosa no debería servir este tipo de conmemoraciones, podríamos decir que nos encontramos ante un aumento de la conciencia de los problemas ambientales entre la población, en particular a raíz de las grandes movilizaciones en contra del vertido de residuos radiactivos en el mar, así como con algunas victorías puntuales de nuestras posiciones: voto favorable a lamoratoria mundial de la caza de ballenas por parte de la Administración española; reciente aprobación del plan de regeneración hídrica de Doñana por parte de la CIMA; solicitud al Gobierno de derogación de la tristemente famosa ley Cambó, aprobada por unanimidad.
Sin embargo, frente a ello se puede decir que los problemas de fondo siguen sin resolver. Los temas ambientales continúan considerándose como decorativos o, en el mejor de los casos, como algo que habrá que atender mejor cuando se resuelvan otros problemas de mayor envergadura. Y es aquí donde reside el principal problema de la política ambiental oficial: la separación de los problemas considerados como fundamentales, -paro, crisis económica, relaciones internacionales...de los ambientales, cuando, desde nuestra perspectiva, sólo un enfoque del desarrollo enmarcado en una alternativa ecologista puede resolver dichas cuestiones.
Esta breve exposición puede, quizás, permitir comprender por qué no estábamos satisfechos con la política ambiental de anteriores Gobiernos y por qué seguimos sin estarlo con la actual. Para nosotros, el tener en cuenta los problemas ambientales no pasa simplemente por contarlo en programas electorales, apoyar puntualmente la protección de un espacio natural o impedir que una empresa siga contaminando impunemente, sino que implica un cambio real en la política energética, en la política económica, en la valoración de los diversos usos posibles de los recursos y, en definitiva, en el propio modelo cre vida.
Pero incluso dejando al margen esta diferencia capital entre lo que nosotros pretendemos que sea la política ambiental y lo que es en realidad, habría que decir que ni siquiera dentro del marco de la concepción dominante las realizaciones son satisfactorias. Tras siete meses de Gobierno PSOE, las actuaciones reales, además de un amplio cambio en el funcionariado que se ocupa de estos temas, se limitan a algunas acciones puntuales para reducir o prevenir focos alarmantes de contaminación y a la proposición de suspender los vertidos radiactivos en el mar, hecha por la delegación española en la pasada reunión de la Convención de Londres. Ni siquiera en el lúcido, y fácil campo de la protección de espacios naturales se ha dado el menor'signo de mejora práctica, incumpliéndose compromisos electorales, como la inmediata protección del monte de El Pardo, y llegándose a situaciones tan negativas como la creada con el tristemente famoso campo de, tiro que se pretende instalar en Cabañeros. Otro tanto podría decírse del sector energético, dopde no sólo no hay avances en el campo de las energías alternativas, sino que sigue sin aclararse cuál va a ser el plan nuclear, que, en todo caso, parece evidente que superará con mucho los 7.500 mw. a los que se comprometía el PSOE en su programa.
Por último, y por no citar otros muchos temas, como el uso incontrolado de pesticidar. que amenazan nuestra salud, la irracional política de uso de nuestros recursos hídricos, la continuación de la destrucción de bosques y suelos..., es necesario inferir lo preocupante que resulta el notable retraso con que se va a acometer la renovación del caótico entramado legislativo ambiental, así como la falta de voluntad política de crear una Administración más eficaz, sin la persistencia de la dispersión heredada de épocas anteriores, con la cual se gastan enormes cifras con escasa utilidad, dado el irracional reparto de tareas existentes.
Tampoco en el campo de las relaciones movimiento ecologista-Administración han surgido avances reseñables, ya que el Comité de Participación Pública de la CIMA, anunciado a bombo y platillo, amenaza con ser una mera fachada de la Administración, que ante determinadas actuaciones o protestas podría decir que su interlocutor es dicho comité, evitando así el problema a cambio de una concesión tan fácil como constituir un ente burocrático que filtre las voces ecologistas hacia un organismo tan inoperante e inútil como la CIMA.
Además de María delCarmen Espinar, suscriben este artículo Francisco López Fernández, Humberto Da Cruz, Antonio José de Andrés y José Antonio Pascual, todos ellos miembros de la Secretaría Federal y del Consejo Federal de la Federación de Amigos de la Tierra.
