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sábado, 23 de octubre de 1982

Fusilados al amanecer los dos agentes de la policía política de Chile que perpetraron el 'crimen del siglo'

  • El padre de uno de los ejecutados insiste en que su hijo fue adiestrado por el régimnen para actuar inflexiblemente
Santiago de Chile 23 OCT 1982

Dos agentes de la policía política chilena fueron fusilados ayer al amanecer en la prisión de Calama en el norte del país, convictos de los delitos de doble asesinato y robo de una sucursal bancaria, después de que el jefe del Estado, general Augusto Pinochet, negara la concesión del indulto a ambos condenados. El proceso y ejecución de Gabriel Hernández Anderson, de treinta años de edad, y de Eduardo Villanueva Márquez, de 37 años, autores de lo que se ha dado en llamar crimen del siglo, han cansado un enorme impacto en la opinión pública chilena.

Por un lado, se trata de miembros de la Central Nacional de Investigaciones (CNI), la policía política que sustituyó a la tristemente célebre DINA del régimen de Pinochet. De otro, es la primera vez que se aplica la pena capital en un proceso judicial civil desde hace al menos quince años y excepción hecha de las ejecuciones cometidas tras el golpe de Estado de 1973.Hernández y Villanueva asaltaron la sucursal del Banco del Estado en Chuquicamata, la mayor mina de cobre del mundo, en marzo de 198 1. El botín fue de 45 millones de pesos chilenos, que, al cambio de la época, suponía más de cien millones de pesetas. Dos empleados del banco, Guillermo Martínez y Sergio Yáñez fueron atraídos por los autores del delito a un paraje desértico llamado Chiu Chiu. Allí fueron asesinados y sus cadáveres des truidos totalmente con cargas de dinamita.

'Autofinanciamiento'

En medios de la oposición chilena no existe la menor duda de que el asalto al banco era un medio de autofinanciamiento por parte de la policía política de la region de Calama, a unos 1.700 kilórnetros al norte de Santiago.

En cualquier caso, los dos agentes y sus tres cómplices fueron detenidos después de que los ostentosos gastos de Villanueva pusieran a las autoridades en la pista y de que otro de los implicados en el robo, Francisco Díaz Meza, fuera detenido con dinero marcado en su poder.

Las sucesivas instancias judiciales, hasta el Tribunal Supremo, condenaron a la máxima pena a Gabriel Hernández, jefe de la CNI local, y a su lugarteniente, Eduardo Villanueva. Otro inculpado recibió la pena de prisión perpetua, y dos cómplices, sendas condenas de cinco años de cárcel.

Cuando los abogados de los condenados solicitaron el indulto al general Pinochet, un escueto comunicado oficial indicó que el deber que corresponde al presidente de la República de velar por el imperio de la justicia en procura del bien común le obliga a adoptar esta dolorosa decisión, que debe prevalecer sobre sus naturales sentimientos humanitarios".

La negativa presidencial coincidió con declaraciones de los condenados de que habían actuado "cumpliendo órdenes" e, incluso, con amenazas de "contar toda la verdad".

Gabriel Hernández Anderson, un entusiasta defensor del régimen impuesto en el golpe de Estado que derrocó al presidente constitucional Salvador Allende, adoptó, en sus meses de cárcel, una actitud paramilitar, por un lado, y mística, por otro. Cada mañana formaba a sus cuatro subordinados con él encarcelados y también a diario pronunciaba un sermón en la capilla de la prisión de Calama, durante la misa.

Cuando se vio que la ejecución era imparable, pese a los intentos de los abogados y a la mediación papal, hubo roces violentos entre los dos reos.

Villanueva, que era el lugartemente de Hernández, le acusó a gritos, en varias ocasiones, de que "voy al paredón por tu culpa".

Cartas de apoyo en clave

Cartas de apoyo de otros nuembros de la policía política del régimen llegaron a la cárcel, firmadas con claves como Scorpio, Alacrán o Aya. Hasta el último momento se pensó en la posibilidad de una fuga organizada por los compañeros de los reos.

En unas declaraciones al dia, rio El Mercurió, Hernández Anderson, sin duda el líder y el ideólogo del grupo, decía que "si Pinochet estima que con nuestras vidas se salvan un sistema y un régimen, aquí estamos nosotros, yo voy a entregar mi vida tranquilamente, igual que Eduardo Villanueva".

Este último no parecía compartir esa fidelidad hasta después de la muerte de sujefe. Tres veces se le cayó el bolígrafo de las manos cuando tuvo que firmar el enterado de su sentencia.

Dicen que Hernández Anderson, quien ejercía una influencia total sobre su lugarteniente, le miró con dureza a los ojos y Villanueva firmó el papel traído por el juez a la prisión.

"Moriré como un hombre y un soldado", dijo Gabriel Hernández poco después de haber elegido un ataúd de color azul para albergar sus restos mortales en el cementerio de Calama. "Quiero que Chile rece por mí como yo estoy rezando por los chilenos", añadió el ex jefe de la CNI.

En realidad, Hernández nunca fue soldado, ya que no pudo ingresar en la Academia Militar a causa de una lesión en el codo, pero siempre ha imitado comportamientos castrenses, desde que, como joven universitario, trabajaba activamente para derrocar el régimen de la Unidad Popular.

Secretos explosivos

Ha habido otras declaraciones del principal implicado en el crimen del siglo que reprochan el haberle dejado solo, y se habla, incluso, de que varios secretos explosivos conocidos por Hernández estarían en lugar seguro, para ser revelados después de su ejecución.

Secretos que implicarían a altas personalidades del régimen militar en negocios sucios, torturas y asesinatos. No parece que el régimen esté muy preocupado, aunque la extraña muerte del jefe de Hernández en la CNI, el mayor Juan Delmas, ha provocado las consecuentes especulaciones.

El padre de Hernández, el abogado Gabriel Hernández, ha tratado inútilmente de detener la ejecución de su hijo. Cuando vio que no iba a haber indulto, criticó con dureza la declaración oficial de Pinochet y las decisiones de los jueces. Insistió en que su hijo fue adiestrado para actuar como lo hizo por el propio Gobierno que detenta el poder en Chile. "Fue sometido a un proceso de adiestramiento, en el marco de estrictas e inflexibles normas de disciplina, con el objeto de actos y conductas que, en circunstancias normales, son inaceptables", declaró el abogado Hernández.

Las circunstancias no son normales en Chile, donde aún está en vigor el toque de queda y donde las fuerzas de seguridad tienen carta blanca para interrogar a los sospechosos de disidencia política o de actividades subversivas.

La impunidad y la arrogancia de los cinco implicados en, el doble crimen de Chiu Chiu -el quinteto de la muerte, les llamaban- les llevó a adoptar una actitud prepotente con los guardianes de la prisión. Eran los tiempos en que creían inminente su liberación sin cargo alguno.

Después, a medida que el proceso fue avanzando, los ex agentes de la CNI continuaron con su, comportamiento paramilitar en la prisión, pero con grandes atenciones hacia los funcionarios, a quienes elogiaban por su labor. Incluso Hernández llegó a echarles un discurso-sermón pocos días antes de su fusilamiento. De creer a algún informador local, las lágrimas corrían por el rostro de más de un geridarme ante aquella encendida exposición.

Rogativas

Las rogativas organizadas por algún párroco local, las peticiones de clemencia de organizaciones pro derechos humanos, incluso un mensaje de Juan Pablo II fueron inútiles. Una tía del empleado bancario asesinado, Guillermo Martínez, hacía unas declaraciones al diario local La Estrella del Loa, que éste sintetizaba así en su primera plana: "Que los maten de una vez".

Mientras tanto, el viejo caserón de la calle de Hurtado de Mendoza, sede de la policía política en Calama, está desierto. Su dueño no puede alquilar la casona azul donde se planeó el robo y el doble asesinato. Los vecinos aseguran que las ánimas rondan por allí y que cada noche puede oírse claramente el llanto de un niño.

"Fue un niño de seis años que murió de pena núentras su padre estaba siendo torturado por Hernández y sus hombres en la casa", declaró un vecino.

Dicen que extraños visitantes nocturnos buscan inútilmente los quince millones de pesos no recuperados del botín por los dos patios, el jardín y las doce habitaciones de lo que un día fue sede de la policía política del general Augusto Pinochet en esta ciudad norteña.

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