Costes de trabajo y política salarial

Los costes salariales directos por hora trabajada en el sector industrial han pasado en España de 39,47 pesetas, en 1970, a 238 pesetas, en 1980.Este aumento nominal del 629,7% sitúa el incremento de los costes laborales españoles en un destacado puesto de cabeza dentro del conjunto de las economías de los principales países occidentales.

Así se desprende de un estudio publicado por el Instituto de la Economía Alemana de Colonia (IW), en que se analiza la evolución de los costes laborales industriales de los principales países de la OCDE.

Calculando los costes sobre la base del marco alemán -una de las divisas menos castigadas por la inflación y, por tanto, uno de los mejores puntos de referencia para fijar la cuantía real de los incrementos-, los salarlos directamente percibidos por los trabajadores industriales españoles han pasado de 2,07 marcos por hora, en 1970, a 7,30 marcos, en 1980, lo que supone un aumento del 252,7%. Siguen, ya a cierta distancia, Bélgica, con un aumento del 187,9%, y Japón, con el 186,3%. Los menores índices de crecimiento corresponden a EE UU, con sólo un 7,3%.

Para determinar el volumen de los costes laborales totales, a los salarlos directamente percibidos por los trabajadores deben añadirse los llamados costes personales (o salariales) adicionales, en los que se incluyen los conceptos de Seguridad Social, vacaciones, permisos especiales retribuidos y otros varios.

Este apartado de los costes adicionales tiene una particular incidencia en el caso español. Así, mientras que, en términos absolutos los salarlos españoles figuran en el penúltimo lugar de la tabla del IW los costes del trabajo adicionales superan -también en términos absolutos- a los de Grecia, Japón, Reino Unido, Canadá y Dinamarca y se hallan próximos a los registrados en EE UU, Noruega y Suiza. La diferencia se hace aún más paIpable expresada en los porcentajes que los costes adicionales suponen sobre los costes totales. En Espaba este porcentaje es del 37%, mientras que es del 32% en Noruega, del 31% en Suiza, del 27% en EE UU, del 24% en Canadá, del 23% en Irlanda y el Reino Unido del 20% en Japón.

El impacto de las cargas de la Seguridad Social

Esta acusada incidencia debe achacarse principalmente al fuerte impacto de las cargas de la Seguridad Social. En efecto, a tenor de los datos de la OCDE, el empresariado español es, dentro de las economías del Mercado Común, el que más altas cotizaciones aporta a los presupuestos de gastos de la Seguridad Social, con un 68,3% del total, frente a una media del 48% de los empresarios de la Comunidad.

Las tasas de crecimiento han sido en general más pronunciadas los países que parten de salarios más bajos (España. Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Austria). Esta tendencia fuertemente alcista en la base de la pirámide salarial y más moderada en el vértice genera de un progresivo ensanchamientoo de la zona salarial media y una disminución de a distancia entre los salarios más bajos y los más altos. En 1970 esta distancia era (tomando como valor comparativo el índice alemán igual a 100) de 29% en Grecia y 167,7% en EE UU, es decir, de más de 1 a 6. En 1980, la tendencia niveladora reducía los valores de 28,3 en Grecia a 104,3 en Bélgica, esto es, de 1 a 3,5. Más interesante resulta comprobar que, siempre sobre el índice 100 de Alemania, en 1970 el número de países situados en la banda 90-110 era de sólo tres, mientras que en 1980 eran prácticamente siete (incluyendo a Dinamarca, con un 88,9).

Respecto de España, la tendencla niveladora cristaliza en el hecho de que mientras que en 1970 la media de los costes salariales directos de la CEE (suponiendo, para homogeneizar los cálculos, que ya entonces estuviera integrada por los diez miembros actuales) era un 222% superior a la española, en 1980 la distancia se reducía al 50,7%.

En el caso particular de Alemania, mientras que en 1970 un trabajador de este país percibía un salario directo tres veces superior al español (6,20 y 2,07 marcos. respectivamente), en 1980 este salario es ya menos del doble (13,36 y 7,30 marcos).

Desaparición de las ventajas en exportación

Una de las consecuencias de esta tendencia es la progresiva desaparición de las ventajas de que, en orden a la exportación, disfrutaban los países con reducidos costes salariales. La homogeneización de estos costes en el área de la OCDE hace depender la capacidad exportadora de otros factores, como contenido tecnológico, calidad, facilidades financieras y asistencia al cliente.

Debe contemplarse, sin duda, con ánimo positivo, la corriente que empuja a la nivelación salarial internacional para corregir los notables desequilibrios hoy existentes no sólo entre el Norte y el Sur, sino en el área misma de las economías occidentales.

Con todo, una rápida igualación de los salarlos españoles con los salarios europeos sin una paralela equiparación de la eficacia productiva (mediante las oportunas reconversiones e innovaciones tecnológicas) tendría resultados funestos sobre la ya escasa productividad y capacidad competitiva de numerosos sectores industriales y, por consiguiente, también sobre el nivel de empleo.

En esta perspectiva, merece especial consideración el principio de la indiciación de los salarlos, es decir, de la revisión N, aumento automático de los salarlos en función del aumento de los precios. Con este mecanismo es evidente que los precios nunca disminuyen y que, por tanto, la inflación se consolida. Dado que la inflación es una de las causas mayores del desempleo, puede afirmarse que la indiciación genera paro.

Además este intento de la población activa por defenderse contra la inflación mediante la escala móvil deja desprotegidas a otras capas de la población situadas fuera del mercado laboral.

La constante erosión de la capacidad adquisitiva de la moneda, provocada por la inflación, penaliza la cuota ahorrada de renta. Si los índices de inflación son mayores que la tasa de interés concedida a los ahorradores, desaparece el incentivo al ahorro. Y sin ahorro no hay inversión ni creación de nuevos puestos de trabajo.

Respecto de los jubilados, aunque los Gobiernos decretan elevaciones para compensar los efectos de la intlación, no es menos cierto que este colectivo, de creciente peso numérico en el conjunto de la población, depende de medidas más o menos arbitrarias de los gobernantes. Puede desde luego ejercer una presión política, en el sentido de dirigir sus votos a los partidos políticos que mayor preocupación demuestran en sus proclramas electorales por los problemas de la tercera edad. Pero tienen que fiarse de promesas y, en todo caso, su capacidad de acción se sitúa fuera del marco estrictamente laboral.

Como subraya acertadamente el Plan Pandolfi, al propugnar el principio de indiciación «el trabajador se defiende contra la inflación como asalariado de hoy, pero el asalariado de ayer está indefenso ».

Ocurre además que, contra lo que puede sugerir un análisis superficial, la escala móvil no constituye una defensa eficaz del poder adquisitivo real de los salarios. Así lo confirman los datos recientemente publicados por el Instituto Nacional de Estadística Italiano (ISTAT). Según este informe, el grado de cobertura de la indiciación, es decir, la medida en que la misma protege a las retribuciones contra los efectos de la inflación, se está reduciendo progresivamente. Por término medio, la indiciación sólo facilita la recuperación del 70% del coste de la vida. Por sectores, el mayor índice de cobertura (de marzo de 1980 al mismo mes de 1981) se registra en la industria, con el 86,6%. En agricultura, la cobertura fue del 80,6%, en comercio, del 82,1%, y en transportes, del 77,1 %. Menores aún fueron las tasas de cobertura en el sector de la banca y los seguros (44,7%).

Aumento monetario y presión fiscal

Entre las causas que explican esta menor protección se cita como la principal el hecho de que el aumento monetario se traduce en una mayor presión fiscal y, por consiguiente, en una reducción del poder de compra real de los asalariados.

Todas estas razones están difundiendo entre las fuerzas sociales y económicas el convencimiento de que es necesario buscar nuevos mecanismos que tengan más en cuenta las interrelaciones entre coste del trabajo, crecimiento estable, solidaridad entre trabajadores ocupados (destinatarios directos de la polítlca salarial) y el conjunto de los trabajadores (incluidos los parados y los ocupados marginales).

La experiencia de otros países, como Alemania y Japón, abona la tesis de que la mejor defensa de los salarios reales y del empleo se sitúa en el terreno de un menor crecimiento de los costes del trabajo y de los precios, simultaneado con un aumento de la productividad.

Sobre estos raíles parece avanzar el reciente acuerdo entre el Gobierno, la CEOE y las principales fuerzas sindicales españolas. En este sentido. la renuncia implícita al principio de la indiciación debe ser saludada como muestra de una valerosa actitud de madurez y de responsabilidad de todos los protagonistas de nuestra política económica.