Precios y fiscalidad de los productos derivados del petróleo
La continua fluidez de noticias que se produce hoy en España sobre el mercado energético merece algún tipo de clarificación que, si bien es difícil de vulgarizar, pueda encuadrar muchas interrogantes. Sobre dos temas concretos -precios y fiscalidad- se suscitan prevenciones y suspicacias y se trata de buscar la criticable «originalidad» española. Veámoslo con detenimiento.Subsiste a lo largo de los años la práctica equívoca, en los medios informativos, consistente en identificar al conjunto de los productos petrolíferos con uno de ellos, la gasolina, a causa probablemente del mayor impacto, de cara al público en general, de las noticias sobre el citado producto, que, en definitiva, es el que se adquiere directamente por el automovilista. Sin embargo, tal planteamiento contribuye a desenfocar la cuestión del papel que juega el petróleo y sus derivados, en primera instancia, en el conjunto de la. economía nacional y, de manera indirecta, también en las economías familiares.
En efecto, no es únicamente el precio de las gasolinas de automoción, cuyo consumo representa poco más del 12% del total de los derivados del petróleo, el que comporta una incidencia en las economías domésticas, ya que también los gasóleos, los fuel y los carburantes de aviación participan de manera muy directa en la formación de los costes asociados a la satisfacción de la demanda de una gama muy amplia de bienes y servicios. Así pues, lo coherente es contemplar, en su conjunto, la totalidad de los carburantes y combustibles obtenidos a partir de los crudos de petróleo.
En estos últimos años se ha producido además, como era lógico esperar, una permanente atención a las cuestiones relacionadas con el mundo del petróleo, fundamentalmente a causa de las reiteradas elevaciones de coste experimentadas por este recurso, cuya participación en el aprovisionamiento energético de los países industrializados es preponderante y absolutamente indispensable, que han originado crecientes dificultades a sus respectivas economías, de las que son síntomas claros las tasas de inflación y de desempleo. Quizá por la comprensible resistencia a aceptar la realidad de este problema, al que las limitadas posibilidades en el desarrollo de fuentes alternativas de energía no han permitido dar respuesta satisfactoria, se tiende a menudo a presentar interpretaciones en buena medida erróneas y en cierto modo tendenciosas, tratando de asignar el origen de estos males a la política de fijación de los precios de venta de los productos petrolíferos en el mercado interior, con particular mención a los impuestos que gravan el consumo de los mismos.
La verdad es que, en el momento presente, el coste de los crudos importados representa ya el 67% de los precios finales de venta de los derivados del petróleo, frente a tan sólo el 27% hace diez años, como resultado de haberse incrementado, en ese período, en más del 1.400% los precios de dichos crudos en el mercado internacional. Tal elevación del coste de la materia prima de la industria petrolera ha originado, a su vez, un fuerte enclarecimiento de los costos de las fases de refino, transporte y distribución en el subsector del petróleo, cuyo peso global en los precios de venta de los productos es, no obstante, de tan sólo un 14,5%, mientras que la fiscalidad totaI -que en 1971 se elevaba a un 31,5%- ha descendido al 18,5%.
Concretando las cifras al mercado de Campsa, la fiscalidad total -constituida por los impuestos especiales y la renta de petróleos- ha evolucionado, entre los años 1970 y 1980, con un aumento de recaudación en pesetas constantes, de sólo el 5%, frente al 88% en, que ha aumentado la cantidad de productos vendidos en ese mismo período, por lo que en pesetas constantes por tonelada se ha reducido, de hecho, dicha fiscalidad en un 44%. Ello significa que, si el Estado hubiese decidido mantener, en términos constantes, la carga fiscal unitaria sobre los productos petrolíferos, el precio promedio de venta de la tonelada compuesta habría tenido que ser, en el pasado año, superior en 4.115 pesetas por tonelada al realmente practicado, lo que viene a demostrar que no ha sido precisamente el componente fiscal el responsable, en los últimos diez años, del encarecimiento de los productos petrolíferos.
Se acude también con frecuencia, respecto de las cuantías pretendidamente excesivas de las alzas de estos precios, a las comparaciones con otros países europeos que, si bien son en principio conceptualmente válidas, sobre todo por el peso creciente del coste de los crudos, lamentablemente se apoyan en datos inexactos y no actualizados, en parte seguramente por la dificultad de disponer de cifras correctas y puntuales en cada ocasión. Pues bien, la información más actualizada, que refleja la situación en abril del presente año, indica claramente que el precio promedio al que se vende, la tonelada compuesta de derivados del petróleo sigue siendo, en España, inferior al resultante en los países de la Europa comunitaria, y también sensiblemente más baja la fiscalidad implícita en dicho precio.
Enfoque global
La necesidad del enfoque global, para el conjunto de los productos petrolíferos, que hasta aquí se ha seguido, no elimina en modo alguno la conveniencia, a renglón seguido, de analizar la estructura de los precios para cada uno de aquéllos, aspecto éste sobre el que no sin justificación, sobre todo en los años setenta, se ha venido ejerciendo también la crítica, por entender que existía una distancia excesiva entre el precio de las gasolinas y el de otros derivados más pesados, como los gasóleos y los fuel. Pero hay que destacar, en tal sentido, que en plazo de poco más de un año, entre enero de 1980 y abril de 1981, se han dado pasos decisivos para corregir en gran parte esta práctica tradicional en la política de fijación de los precios, ya que el índice correspondiente a la gasolina de grado super, tomando como base cien el precio del fuel pesado, ha bajado de 1.360 a 467, cifra esta última mucho más próxima a las que se registran en los Estados miembros de las Comunidades Europeas (véase cuadro). Otro tanto ha sucedido con los gasóleos de automoción y de calefacción. Con todo ello, nuestra estructura de precios ha llegado a ser perfectamente homologable con la de nuestros países-vecinos, lo que indiscutiblemente supone un avance significativo en orden a la próxima integración de España en, dicha organización supranacional.
Hasta aquí los comentarios escuetos a los datos numéricos de carácter analítico que, aun siendo inevitablemente prolijos, resultan imprescindibles para centrar un tema, como el que nos ocupa, que reviste cierta complejidad y que tiene innegable trascendencia corno elemento clave de la política energética. En efecto, la fijación de los precios de los productos energéticos en general, y de los petrolíferos en particular, constituye un instrumento esencial para la ordenación del sector de la energía que, por otra parte, al ser suministrador de un input básico para el desarrollo de la actividad de los restantes sectores productivos, condiciona fuertemente la eficacia de los planteamientos en materia de política económica.
La crudeza con que hay que, aplicar la decisión de repercutir al consumidor las alzas, en ocasiones espectaculares, en el coste de los crudos que nos vemos obligados de importar, para cubrir la demanda del mercado interior, viene impuesta precisamente por la necesidad, tanto por razones de economía general como de seguridad de dichos suministros, de fomentar eficazmente una utilización racional de los productos energéticos, el desarrollo de recursos propios alternativos y la reconversión a estos últimos, cuando ello sea posible, en la medida de su disponibilidad. Se trata, en definitiva, de lograr una gradual disminución de nuestra dependencia del exterior en cuanto a abastecimiento de energías primarias, que es condición básica para garantizar el desarrollo, estable y a largo plazo, de la actividad económica.
Pero, para ello hay que contar con una base racional de precios y con una fiscalidad adecuada. Parece evidente que no estamos lejos de ello.
