La España fiscal y la España real

Se han hecho públicos, con la comparecencia del ministro de Hacienda en la comisión correspondientes del Congreso, los datos de las declaraciones de los impuestos de la renta y del patrimonio en el ejercicio de 1979. Quizá estos datos no sean considerados muy significativos en una escena política dominada por esa vieja y siempre actual preocupación de los españoles de interrogarnos sobre los principios que deben regir nuestra vida política y el ser y devenir de nuestro país y nuestra historia. Sin embargo, la interpretación de estos datos nos aproxima a las preocupaciones dominantes en la vida política de los países democráticos, uno de cuyos principios fundamentales, no hay que olvidarlo, es el de no taxration without representation. En la historia de Estados Unidos o de Francia, por poner dos ejemplos, las balas de te arrojadas al mar en el Boston Tea Party, o la eliminación de privilegios fiscales de la noche del 4 de agosto de 1789, son hitos que señalan cómo este principio es básico en una democracia representativa. No es casual la diferencia que existe entre el tono menor de nuestra vida política, a la hora de hablar de la tarifa de impuesto sobre la renta o de la distribución de los fondos presupuestarios en relación con la obsesiva preocupación de los Gobiernos de los países con tradición democrática a la hora de sintonizar su política fiscal. Bien es verdad que, con la generalización de la obligación de declarar por primera vez, millones de españoles pasaron en 1980 noches en blanco antes del esperpento del 23 de febrero.La sociedad española se ha mirado por primera vez al espejo de lo que contribuye, de modo directo y no a través de encuestas, muestreos o interpretaciones. Más de cinco millones de contribuyentes -ya que han faltado a la cita un millón y medio, aproximadamente- han explicado cuáles son sus ingresos y de dónde provienen, responsabilizándose con su firma. El reflejo, por no emplear la palabra dramático, evidentemente desproporcionada, si se examina a la luz de un principio fundamental de la imposición directa, el de contribuir según la capacidad económica y el permitir una política de equidad y de redistribución de la renta, ausente de nuestra vida política hasta 1977. A partir de este año se empieza a apuntar una tímida tendencia hacia la redistribución (1).

Los resultados se explican por sí mismos:

- En primer lugar está el origen de los ingresos por fuentes de renta. Resulta que cerca de un 80% -un 78,08%- proviene de bases imponibles, en concepto de rendimientos de trabajo (sueldos y salarios). El resto proviene, en un 5,75%, de rendimientos de capital mobiliario; un 4,88%, por rendimientos de actividades empresariales; un 3,36%, por rendimientos de capital inmobiliario; un 3,52% por actividades empresariales, y un 0,25%, por actividades agrarias. En los cálculos de imputación de renta elaborados por el centro de proceso de datos, la diferencia es aún mayor, ya que los ingresos provenientes de «sueldos y los salarios» suponen un 81,21 % de los totales, mientras que a las rentas de capital se les imputa un 6,24%.

Presión fiscal sobre las rentas de trabajo

La conclusión inmediata es que la presión fiscal sobre las rentas de trabajo es más del doble de la existente sobre las rentas de capital. Este hecho, denunciado en reiteradas ocasiones al examinar la estructura del impuesto y, sobre todo, determinadas medidas de desarrollo de la reforma fiscal, como las medidas dictadas en el período preelectoral del primer trimestre de 1979, adquiere ahora una confirmación empírica.Por ello es aleccionador volver a uno de los temas más manejados por el actual presidente de Gobierno en el debate de investidura, tras haber sido lanzado en el de Presupuestos para 1981. En ausencia, la argumentación consiste en que, a lo largo de la crisis, las rentas de trabajo van suponiendo un porcentaje creciente de la renta nacional, lo cual reduce el excedente neto de explotación. Es necesario, pues, hacer un alto en el camino de la redistribución. Sin embargo, esta afirmación, medida en el último quinquenio, no se tiene en pie. En efecto la participación de los sueldos y salarios, en términos brutos, era, en 1980, del 63,7%, frente al 63% en 1975; en términos netos, es decir, una vez deducida la Seguridad Social, era del 48,7% en 1980, frente al 50,8% en 1975 (2). Ahora se puede hacer ya una primera comparación con los datos del impuesto sobre la renta, y la conclusión a la que se llega es que existe una fuerte discriminación entre el reparto de la renta generada y cómo contribuyen unos y otros. Contribuyen en mayor proporción de lo que se llevan de la renta nacional los asalariados. En otras palabras, la defraudación sigue siendo un deporte de lujo.

-En segundo lugar está la distribución de los contribuyentes según niveles de renta. Resulta que el 77,2% de los declarantes tiene un nivel de renta inferior al millón de pesetas anuales, y un 93 %, menos de dos millones de pesetas. Sólo 183.562 ciudadanos gana más de esa cantidad a efectos fiscales, y tan sólo 9 12 españoles ganan más de veinticinco millones de pesetas al año. Por otra parte, de los 424.318 ciudadanos que declaran patrimonio, sólo 88.239 afirma tener una fortuna superior a veinte millones de pesetas. Es evidente que en este terreno también la sociedad española sólo empieza a conocerse, y que los que más protestan no son los que más fielmente pagan.

- En tercer lugar, en este primer ejercicio, además de las más de 300.000 declaraciones que no han podido ser procesadas por la cantidad de errores que contienen, hay 749.000, por lo menos, que arrojan diferencias en menos de la base imponible por importe de 587.147 millones de pesetas. Por hacer una comparación, este error supera el déficit presupuestario previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 1981. Y, a la hora de hablar de dinero a percibir, por estos errores acumulados no se han ingresado en concepto de cuota líquida unos 78.000 millones de pesetas, es decir, casi la mitad de los fondos que proponía el PSOE para iniciar una acción de choque de la inversión pública contra el paro.

Explicación de los errores

La sociología fiscal tiene trabajo para explicar las diversas razones de los errores: inexperiencia, mala intención, confusas interpretaciones administrativas realizadas en período recaudatorio, irresponsabilidades de algunos que deshonran la importante actividad de asesor fiscal, etcétera. En fin, la Administración debe ser activa a la hora de clarificar estas situaciones.- Por último, se pueden cuantificar frenos que limitan injustamente la progresividad del sistema fiscal. Se pueden conocer ahora los elevados costes de medidas clientelares repetidamente denunciadas por los socialistas. Uno es el tope de concurrencia en la acumulación de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, por el que se dejan de recaudar más de 5.000 millones de pesetas, o la excesiva entidad de las desgravaciones en función del avoir fiscal, por las que se dejan de recaudar 8.208 millones de pesetas.

Esta es una primera y muy provisional valoración de los datos que se desprenden globalmente de los que los españoles han declarado sobre sí mismos. Tiene el gran valor de medir el grado de sinceridad a que se está dispuesto, en términos colectivos, a participar en lo s servicios públicos, y refleja el grado tan elevado de hipocresía que existe en la sociedad española y cómo no se contribuye de modo proporcional a la capacidad económica personal.

Frente a esta situación, caben dos opciones: una es convertir al impuesto sobre la renta en una mera reedición modernizada del IRTP (una de las escasas siglas conocidas por todo el mundo); otra es proceder a una política diversificada y tenaz de individualizar bolsas de fraude, agilizar la Administración y elevar el nivel de conciencia social. La medida más espectacular que ha anunciado el Gobierno tras estos resultados es la no publicación de las listas, lo cual hace terner que en otros muchos terrenos se vaya a retroceder también.

En sus manos están las leyes básicas de la reforma y los medios necesarios, así como una acción de la oposición que, en este caso, ha sido siempre más de empujarle hacia adelante que criticarle. El problema es si tiene la voluntad de convertir en realidad el principio básico de todo sistema democrático, de que cada uno pague de acuerdo con su capacidad.