El ocio de la Tierra

La vieja escuela del laissez-faire. acaba de salir al encuentro de la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables. Una ley que salió del Parlamento debatida y enmendada por todas las fuerzas políticas, que ha sido además el primer gran intento para poner en marcha todos los recursos agrarios de las tierras del Sur, es ahora objeto de ciertos ataques viscerales aprovechando el río revuelto de la situación andaluza. El recuerdo de «los famosos alojados de la República», lanzado desde una tribuna de opinión en el diario Abc, viene a ser la nueva fórmula de aquelarre que convoca a deudores y acreedores de la tierra en torno a uno de los más dramáticos contenciosos de la historia. Porque no se trata ya de un juicio crítico al contenido de la ley, de un desacuerdo razonado punto por punto y capítulo por capítulo; se trata de una enmienda a la totalidad desde posiciones pretendidamente liberales que suelen encubrir el más sospechoso sentimiento de solidaridad con la ineficacia y el abandono. De la defensa cerrada del laissez-faire -dejad hacer- a la aceptación soterrada del faire-rien -hacer nada- apenas hay algo más que un paso. Sin embargo, no deja de resultar chocante que sean los empresarios -los buenos empresarios agrícolas andaluces- quienes se sientan señalados por la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables. Eso seria tanto como aceptar que una ley antiterrorista amenaza a los ciudadanos de orden. El tema parece de más largo alcance. Tan largo como que sus más cualificados portavoces, desde posiciones netamente regresivas, parecen dispuestos a resucitar una dialéctica de reforma agraria que no está ya ni en el ánimo de la propia izquierda. La reforma agraria ha muerto, en su sentido clásico, y las grandes palabras que en otros tiempos llevaban prendida la chispa de la revolución han entrado en una crisis irreversible.Latifundio y empresa

Todo el mundo distingue en estos momentos lo que es un latifundio mal explotado de lo que es una gran finca correctamente dirigida desde la óptica empresarial. Y todo el mundo suele estar de acuerdo en que lo primero conlleva un flagrante incumplimiento de la función social de la propiedad, mientras que lo segundo está en la línea de los principios que inspiran la economía de mercado. Otra cosa son las valoraciones económicas y sociales del principio de rentabilidad empresarial. Pero no todo el mundo alcanza a comprender las verdaderas intenciones de quienes, en base a las más tortuosas entendederas del concepto de libertad, tachan esta ley de totalitaria y conculcadora del respeto a la iniciativa privada. Porque retomar en estos momentos las gastadas imágenes de la República para relacionarlas con la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, y a ésta con los incendios de trigales en Andalucía, es algo más que hacer demagogia. Sencillamente: es hacer votos por la desestabilización y mentar repetidamente la soga en casa del ahorcado.

Los empresarios agrícolas del Sur y los obreros agrícolas del Sur necesitan en las actuales condiciones cualquier cosa menos hostigamientos de dudosa intencionalidad. Necesitan tal vez un nuevo marco de relaciones laborales que rompa con ciertos resabios feudalistas aún vigentes a la vera de algunos cortijos. Necesitan también una ordenación de cultivos que ponga en marcha los verdaderos mecanismos de mercado, junto a una política agroindustrial capaz de conjugar el desarrollo de la agricultura con las industrias derivadas, y a ambas, con la creación de puestos de trabajo. Necesitan, en cualquier caso, un esfuerzo de imaginación a todos los niveles que ponga término al conflicto social, que sea capaz de poner esperanza en el horizonte económico y, que ofrezca una salida airosa al actual marco de contradicciones políticas. Todo esto, y quizá algunas cosas más, necesitan las tierras del Sur. Pero parece difícil que puedan encajar mayores dosis de turbulencia cuando los recelos de unos y el hambre de otros amenaza con bloquear la tercera vía del diálogo. En este sentido, la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables viene cumplidamente al hilo del paro en las tierras del Sur, pero es de todo punto ajena a la gestión de los buenos empresarios agrícolas. Una ley que contribuye a movilizar recursos es una ley generadora de empleo; pero no hay que buscarle las vueltas que no existen. Porque intentar encontrarle concomitancias con la contratación forzosa de obreros, con la obligatoriedad de dar cancha a los cultivos sociales -al margen de cualquier criterio empresarial-, es desbarrar por los sesgados caminos de la demagogia. Y conceder patente de validez, de vigencia operativa, a la vieja ley de Reforma y Desarrollo Agrario del franquismo, no deja de ser un intento de reproducir la tibieza y la vaguedad de un marco jurídico que no se sostiene en las actuales circunstancias. Sobre todo cuando el ocio de la tierra, en casos extremadamente llamativos, se eleva como un insulto sobreel dramático paro de los hombres.Expropiar, en último extremo

Andalucía y Extremadura son tierras de buenos, oficios empresariales de grandes y buenos labradores; pero también son tierras de latifundios en su más cruda y peyorativa acepción. Si hay muchos o pocos es la labor investigadóra del IRYDA quien tendrá que decirlo en última instancia. Y ya lo está diciendo a raíz de los primeros sondeos. Pero, en todo caso, no se trata tanto de hacer un libro blanco de buenos agricultores y una lista negra de cortijeros holgazanes como de localizar los casos de flagrante incumplimiento de la función social de la propiedad y «avisar» sobre la necesidad de poner a pleno gas todos los recursos. Lo que se busca, en suma, es romper con la dinámica del abandono, si existe y dondequiera que exista, para entrar en una conducta empresarial netamente acorde con las necesidades del país. Y en esta línea, la ley es primero un revulsivo, después una llamada de atención -seguida de un emplazamiento para realizar un plan de mejora- y, en último extremo, un procedimiento legal de expropiación de la propiedad y uso de la tierra. Hablar, pues, de desamparo del empresario ante la ley es hacer una interpretación malintencionada de su contenido. Y, en cualquier caso, la acusación de tentaciones estatalizadoras, puesta en boca de quienes predican la libre empresa con una mano y recogen los favores del intervencionismo con la otra, no deja de ser una inaceptable falacia. Por lo demás, diflcilmente puede entenderse cualquier estrategia de bloqueo a la aplicación de la ley si no es desde una dialéctica de complicidades. Las tierras del Sur necesitan la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, como necesitan mayores dosis de imaginación política para encarar el problema del paro y enmarcarlo en el conjunto de posibilidades económicas de la región. Pero el conflicto social, por unas u otras razones, sigue ligado al carro de la agricultura. Y habrá que pro,fundizar en las raíces de este conflicto social para impedir que los viejos profetas de siempre sigan azuzando. el ocio de la tierra contra los verdaderos empresarios, a éstos contra los jornaleros, y a unos y' a otros contra las instituciones democráticas.