Rumores sobre un presunto proceso militar a Pilar Miró

En el Consejo Supremo de Justicia Militar, el oficial que anoche prestaba servicio declaró a EL PAIS desconocer si la noticia distribuida por Efe sobre el proceso militar a Pilar Miró correspondía o no a la realidad. En cualquier caso, el citado oficial declaró no estar autorizado para ofrecer información de estas características.

La única persona que podía confirmar si el auto de procesamiento ha sido dictado o no era ayer la propia Pilar Miró, pero se halla en Estados Unidos en un viaje profesional, y hasta la hora de cierre de esta edición no pudo ser localizada allí. Personas allegadas a Pilar Miró en aquel país mostraron anoche su sorpresa ante estos rumores.El abogado del despacho de Joaquín Ruiz-Giménez, que asesora a Pilar Miró desde que la autoridad administrativa, a través del Ministerio de Cultura, decidió suspender el trámite para la exhibición de la película El crimen de Cuenca, se mostró también «enormemente sorprendido» por la noticia relativa al inicio de este presunto proceso militar.

Lógicamente, señaló el letrado, es la interesada la que debe haber recibido la comunicación oficial. «En cualquier caso, me cuesta mucho creer que hayan dictado auto de procesamiento contra nuestra clienta, y que este auto de procesamiento venga de la jurisdicción militar.»

Pilar Miró no ha sido citada nunca, dijo el letrado, para practicar diligencias previas a ningún proceso, ni para que preste declaraciones sobre su presunto delito.

Por otra parte, declaró el abogado que se encarga del caso de Pilar Miró en el despacho de Ruiz-Giménez, la sala de justicia del Consejo Supremo de Justicia Militar no se ha pronunciado todavía sobre el recurso de inhibición planteado por Pilar Miró para que sea la jurisdicción ordinaria la que se ocupe del tema, inhibiéndose por tanto la jurisdicción militar.

A pesar de que al letrado le cuesta creer, según sus propias palabras, la noticia del presunto procesamiento militar de Pilar Miró, «debo decir que todo puede suceder, aunque nosotros estimamos que no es lógico ni posible».

En el despacho de Joaquín Ruiz-Giménez están convencidos de que «los militares llegarán a aceptar nuestro recurso de inhibición y comprenderán que no es su competencia, ni constitucional ni legalmente, ocuparse de un proceso en el que se trata de delitos contra la Guardia Civil, siempre que estos supuestos se hayan planteado en el ejercicio de la libertad de expresión».

Añadió el portavoz del citado despacho que tanto la ley que protege el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona como la vigente ley de Policía atribuyen a la jurisdicción ordinaria las competencias sobre posibles delitos relacionados con la Guardia Civil.

Una larga aventura

La larga aventura de El crimen de Cuenca comenzó hace cuatro meses, cuando fue suspendido el trámite para la exhibición de la película porque la Administración había estimado que la obra podía contener escenas constitutivas de delito, y por ello la trasladaba al ministerio fiscal, que contaba con dos meses de plazo para pronunciarse sobre el asunto. Paralelamente, el Juzgado Militar número 5 dictó auto de secuestro de las copias del filme. Ese auto fue cumplido el jueves 21 de febrero, y para ello fueron convocados por el citado juzgado militar, por primera vez, el director de la compañía de distribución y el productor de El crimen de Cuenca. Entre tanto, ni el ministerio fiscal ni el Ministerio de Cultura respondieron a la inquietud de los responsables de la película sobre el destino administrativo de la misma.A pesar de esta incertidumbre, tanto la película como Pilar Miró viajaron sin trabas aparentes al extranjero. En Berlín, concretamente, fue presentada dentro del festival internacional de la citada ciudad alemana y dio ocasión a un debate en el que la tortura fue tema dominante. En esa ocasión, Pilar Miró declaró que «la película no es un alegato contra la Guardia Civil ni tampoco está hecha para que tenga repercusiones políticas, sino como un revulsivo contra la injusticia y en contra de los procedimientos violentos para obtener determinadas conclusiones».

El caso al que se refiere la película ocurrió hace setenta años en la provincia de Cuenca. En él intervino activamente la Guardia Civil para conseguir culpables de un crimen que no se cometió. El error posteriormente cometido por la justicia española fue más tarde reparado al aparecer la víctima del falso crimen.