Aprobado un proyecto de ley por el que se aplica mayor rigor a la prisión provisional

El Pleno del Congreso dedicó la mayor parte de la jornada al debate del proyecto de ley por el que se reforman los artículos 503, 504 y 505 de la ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional. En esencia, y con algunas matizaciones, setrata de que, a partir de este momento, los jueces decretarán prisión provisional para los acusados de un delito que tenga señalada pena superior a la de arresto mayor; es decir, de seis meses y un día. Todas las enmiendas de los distintos grupos del Congreso, excepción hecha de Coalición Democrática, que aceptaba plenamente el proyecto, fueron rechazadas.

Juan Carlos Aguilar, por la Minoría Andaluza, y Fernando Sagaseta, del Grupo Mixto, pidieron la devolución del proyecto al Gobierno. Entendía el primero, en síntesis, que se atentaba a un principio centenario, como es el del mantenimiento de la libertad provisional, salvo en casos excepcionales, y el proyecto viene a instaurar justamente lo contrario.Sagaseta, en una intervención especialmente apasionada, atacó lo que entiende como un proyecto que ni siquiera el régimen anterior se hubiese atrevido a proponer, y denunció que, en su opinión, muestra el fracaso de un sistema que pretende encarcelar a todos aquellos a los que conduce al hambre, la miseria, la desesperación y el robo u otras formas de delito. Durante la intervención de Sagaseta fueron frecuentes las sonrisas de Blas Piñar,

Por UCD, José María Gil Albert argumentó que estamos ante razones de oportunidad social y de exigencia de la opinión pública que pueden contradecir los principios y la tradición jurídica. Añadió que la regulación actual de la ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) no es eficaz y que la prisión provisional no debe ser establecida en relación con la pena que pueda corresponder al presunto delincuente.

Solé Barberá, por los comunistas, pretendió que se sustituyese la fórmula «el juez decretará la prisión provisional» por la de «el juez podrá decretar». Guerra Fontana, por los Socialistas de Cataluña, pidió que quedase condicionada la aplicación del texto a los supuestos de reincidencia. Javier Sáez Cosculluela, por el Grupo Socialista, acusó al proyecto gubernamental de intento propagandístico y de demagogia que trata de ofrecer unaseguridad imposible. Cuatrecases, por la Minoría Catalana, trató de que se suprimiese, en el artículo 504, la referencia a que el juez pueda acordar la libertad provisional para delitos que no se cometen con frecuencia.

Gil Albert replicó a los enmendantes, insistió en los argu mentos iniciales y las enmiendas fueron rechazadas una tras otra. El proyecto de modificación salió adelante con la negativa de la oposición para el artículo 503 y gran parte del 504. Intervino, tras la votación, el ministro de Justicia, Iñigo Cavero, quien comenzó por lamentar que algunos grupos que se suman a las peticiones. de mayor seguridad ciudadana no apoyen los proyectos del Gobierno con sufi ciente claridad. Ofreció cifras sobre aumento de la delincuencia en España, entresacadas de la memoria del fiscal general del Estado.

El líder socialista Felipe González pidió la palabra en turno de explicación de-voto, al darse por aludido con las palabras iniciales del ministro. Aseguró que no deseaba hacer un análisis sobre la labor del ministro y de su antecesor respecto a la seguridad ciudadana e insistió en que sus enmiendas eran puramente técnicas y trataban, exclusivamente, de mejorar el proyecto presentado por el Gobierno, desde un entendimiento de la seguridad compatible con la libertad y la democracia.

El comienzo de la sesión ya había sido controvertido, porque Gregorio Peces-Barba, en nombre de los socialistas, pidió que se incluyese en el orden del día el proyecto de reforma del Código Penal en materia de delitos relativos a las libertades de expresión, reunión y asociación y el de policías autónomas. Antonio Jiménez Blanco, en nombre de UCD, se opuso en ambos casos y las votaciones fueron favorables a la pretensión del partido gubernamental.

La sesión plenaria -que continuará esta tarde- concluyó con la aprobación de los trece primeros artículos del proyecto de ley, por el que se independiza el régimen retributivo de los funcionarios al servicio del poder judicial del general de la Administración.