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REPORTAJE

El Congreso sobre Delincuencia Juvenil propone un cambio de estructuras y medidas coyunturales

Durante la pasada semana ha coincidido en Madrid un movimiento de estudio sobre la delincuencia Juvenil y de oposición a la reducción de la edad penal a los quince años de edad. Un congreso nacional sobre fenomenología de la delincuencia juvenil; más de un centenar de personas independientes o miembros de asociaciones ciudadanas, convocadas por Cáritas, editan un folleto en el que analizan el tema de la delincuencia; simultáneo, un coloquio promovido por intelectuales, considerado, en un principio, como una posible contestación al congreso de funcionarios, si bien, su tema central -el de la oposición al rebaje de la edad penal- fue asumido también por el congreso estimado como oficialista.

«A nivel profundo, las causas sociales de la delincuencia son de naturaleza estructural, por tanto, la solución de este problema implica la transformación de estas estructuras. Dado que esto no se puede realizar a corto plazo, pasamos a enumerar una serie de medidas coyunturales para paliar el problema.» Han sido, precisamente, estas líneas introductorias, ampliadas con un análisis general de las causas, lo que ha dotado de un cierto carácter progresista y coherente a las conclusiones finales del Congreso Nacional sobre Fenomenología de la Delincuencia Juvenil, que el ministro del Interior clausuró ayer.Los puntos de la introducción fueron aprobados por la asamblea durante la penúltima sesión de trabajo. Anecdóticamente, y por un error técnico, el párrafo transcrito fue el único no leído en el acto de clausura al dar a conocer los trece

folios de conclusiones, donde, por el mismo accidente, tampoco se incluía. La introducción añade unas consideraciones sobre las causas remotas, próximas e inmediatas de la delincuencia juvenil. «Son remotas las causas socioestructurales. Es preciso plantearse un estudio en profundidad de las instituciones existentes y su adecuación a los planteamientos actuales de la terapia actual. (...) Son próximas las que de manera inmediata generan las conductas irregulares como subproducto indeseable: chabolismo, hacinamiento, paro, marginación social y racial, falta de escola ridad, orfandad, abandono, ambientes nocivos, agresivos e insalubres, que deben corregirse y erradicarse. Son inmediatas, como factores influyentes de inadaptación social, aquellas que ocasionan desequilibrios psicoafectivos, neuróticos, resentimientos, inseguridades, incapacidades mentales o taras herenciales que, de no corregirse, volverán a aparecer.»

Estos puntos constitutivos de la introducción a las conclusiones fueron

aprobados por escasa diferencia de votos, lo que puso de manifiesto la clara diferencia de criterios entre dos principales bloques de congresistas.

Un congreso de funcionarios

La principal novedad del congreso ha consistido en reunir a funcionarios de cinco instituciones: Dirección de la Seguridad del Estado, Dirección General de Instituciones Penitenciarias, Dirección General de Educación Especial, Dirección General de la Juventud y Obra Tutelar de Menores.El congreso pretendía, según sus organizadores, conseguir la participación del funcionariado en una exposición de sus experiencias parciales para llegar a una

verdad global, en cuanto a las causas, prevención y tratamiento de la delincuencia juvenil. El sistema de trabajo previsto tendería a eludir el sistema tradicional de comunicaciones o conferencias de santones del saber, para centrarse en debates por grupos de trabajo, sometidos a las asambleas generales, donde la experiencia y la espontaneidad de los funcionarios, así como de los congresistas invitados pudiera dar los frutos esperados.

Sin embargo, rebasados los dos primeros días de trabajo, en un gran sector de congresistas apareció un fuerte desánimo. El material producido por las sesiones de rampa y rolde (los dos niveles de trabajo en grupos por materias) no habían sido distribuidos a los congresistas; el nivel de tratamiento de los problemas no pasaba de convencionalismos, y la mesa del congreso propuso a votación dos bloques de recomendaciones elaborados por ella misma en base a ponencias presentadas por las distintas instituciones participantes, pero desconocidas de los congresistas.

Al parecer, la abundancia de material a elaborar desbordó el equipo mecanográfico. En cuanto a la temática, la sola exposición de experiencias de los funcionarios participantes se vio falta de claras posturas ideológicas, así como de principios generales de actuación y sistematización de las ideas aportadas, lo cual producía una frecuente dispersión en los debates de la asamblea. Y con respecto a la proposición de recomendaciones efectuada por la mesa, se despertó el recelo de numerosos congresistas ante la posibilidad de caer en unos resultados poco democráticos.

En tales circunstancias, el congreso fue consciente, a través de algunas intervenciones de varios miembros, de que «no se había avanzado nada», de que «faltaban aportaciones imaginativas y que se estaba diciendo lo mismo que en tiempos de Concepción Arenal», de que «con tanto afán por reducirlo todo a una creación de centros diversos, se estaba cayendo en el síndrome del centrismo» y de que «era preciso cambiar el procedimiento». Un escrito firmado por 46 congresistas fue presentado a la mesa en contra de las recomendaciones que había propuesto y se acordó prestar, a partir de ese momento, toda la dedicación a los resultados obtenidos en los grupos -rampas y roldes- divididos en materia de psicología, sociología, jurídica, institucional y terapéutica.

Tras esta toma de conciencia de la situación, se entró en una dinámica más concreta, que sirvió a la vez para decantar más visiblemente las dos grandes corrientes del congreso: la de tendencia más conservadora y la de tendencia más progresista.

Sobre el mismo planeaba la noticia de la celebración paralela, en uno de esos días, de otro coloquio, donde, además del tema concreto de la edad penal -con oposición a ser rebajada-, podrían también tratarse cuestiones de delincuencia juvenil. Así, uno de los primeros acuerdos alcanzados de forma mayoritaria fue el de oponerse a que la edad penal sea rebajada a los quince años de edad. Sin embargo, en ningún momento llegó a plantearse una crítica a fondo de las instituciones allí representadas, y sólo al término de una de las últimas asambleas se planteó la necesidad de la transformación total de las instituciones, cuestión que ha quedado plasmada en las conclusiones finales, pero no abordada en detalle.

Un giro de 180 grados

En las jornadas de trabajo de los dos últimos días, el congreso dio un giro de 180 grados. La dinámica de la organización interna se agilizó, y los grupos de trabajo elaboraron y discutieron las 45 conclusiones finales, además de presentar trece ponencias extraordinarias, que constituyeron los documetnos teóricos de mayor relieve.En los debates previos de las conclusiones parciales de cada rampa y rolde aún se observaron incoherencias importantes, como el hecho de que las conclusiones del grupo psicológico fuesen de carácter general y no específico de su materia -lo cual ha propiciado el escaso análisis de las causas delictivas-, o la circunstancia de que varias de las peticiones contenidas en otras conclusiones estuvieran ya contempladas por la Constitución y hasta en vías de realización o realizadas. Uno de los congresistas hubo de manifestar que el mantener ciertas peticiones «sentaba cátedra de que el congreso desconocía la Constitución». Igualmente se advirtió que «era improcedente solicitar la creación de una comisión interministerial que coordinara la política sobre delincuencia juvenil, porque ya estaba creada desde hace años, aunque no funciona».

Finalmente, las conclusiones quedaron definitivamente perfiladas con la incorporación de la aludida introducción, la cual fue considerada por algunos congresistas del sector más moderado como «excesivamente política».

Para los congresistas, una de las conclusiones que más optimismo ha generado alude a instar a la Administración a crear «un órgano formado por los profesionales de las instituciones implicadas en esta problemática, que facilite las comunicaciones de todos ellos, a fin de conseguir y sostener posiciones comunes e inste a los órganos constitucionalmente reconocidos a velar por el posterior cumplimiento de lo legislado».

Para los organizadores del congreso, éste ha alcanzado los objetivos propuestos, según expuso en el acto de clausura el secretario general, que aludió «a las fuertes e intensas jornadas de trabajo, en las que ha habido im

portantes acuerdos, algún rato de humor y ninguna destemplanza».

La valoración global por parte de los congresistas fue estimada como positiva, en base a los resultados finales. No obstante, en la mayoría se recogió un considerable escepticismo: «¿De qué servirán ahora todas estas conclusiones?», es la pregunta que se hacen.

También reconocen en su mayor parte que el congreso ha dejado sin definir conceptos tan importantes y básicos como: qué se entiende por delincuente juvenil y qué por menor, ya que el término delincuencia juvenil engloba demasiadas edades y, al tiempo, existen edades/tope según diversas consideraciones (los dieciséis años, para la edad penal; el proyecto de reducirla a los quince años, la edad civil a los dieciocho y la tradicional costumbre de hablar del joven hasta la edad de veintiún años), o bien otros como prevención y rehabilitación.

En este sentido, el Instituto de Estudio de la Policía, que aglutinará todas las intervenciones y conclusiones realizadas en el congreso, sistematizará y difundirá este material para su estudio y ampliación.

Conclusiones

Además de las enumeradas, las restantes conclusiones se refieren, en resumen, a los siguientes aspectos:Primacía de una política de prevención.

Clarificación de los recursos disponibles. Erradicar el conformismo institucional que dé opción al mantenimiento o incremento de la delincuencia juvenil. Evitar el tratamiento casi exclusivamente judicial del problema.

Dentro de los aspectos preventivos resaltan la idea de crear una brigada de policía juvenil, especializada y en contacto permanente con los organismos preventivos; la gestación de una política ge

neral de juventud; desarrollo en la legislación positiva de la Declaración de los Derechos Universales del Niño.

Es en los apartados de tratamiento y rehabilitación del sujeto de la delincuencia juvenil donde se aporta mayor gama de consideraciones, que atienden a mejorar los centros en cuanto a su clasificación, medios y dotación de personal especializado. Dentro de este campo se pide la creación del cuerpo de asistentes sociales de reinserción social, la integración del Patronato de Protección a la Mujer en la Obra de Protección de Menores, la exclusividad de competencias del juez de menores, entre otras medidas. Una de éstas, con fuerte oposición en contra, determinó solicitar la existencia de centros de internamiento en régimen cerrado para aquellos menores de mayor peligrosidad.

En este último sentido, el congreso apenas tocó el tema de los malos tratos en los centros de internamiento, si bien se denunció «como ilegal.y poco eficaz» la situación concreta y actual de menores ingresados en centros penitenciarios como Huelva y Zamora. En una intervención del ex delincuente y boxeador José Luis Pacheco, como invitado a la mesa de una de las asambleas, declaró las palizas de que fue objeto en el transcurso de cuatro meses de prisión.

* Este articulo apareció en la edición impresa del Domingo, 27 de enero de 1980