Centristas y socialistas difieren sobre los sistemas de control de las Cajas

Las cajas de ahorro españolas son consideradas desde dos enfoques políticos diferentes. Por un lado, el de la legislación actual -es decir, el de UCD-, por el cual el control de las cajas es competencia teórica de los propios ahorradores, a través de unos compromisarios. Por otro lado, el enfoque socialista, según el cual las cajas deben ser controladas por los ayuntamientos de su ámbito de actuación.Este enfoque incide en una eterna polémica, de carácter maniqueo, en la que para la izquierda todo lo público es bueno y todo lo privado malo, mientras que para la derecha, la adjetivación cambia de sentido.

Respecto al actual control por parte de compromisarios resulta indicativo el caso de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares (CPVA), donde el 12 % de los compromisarios designados a partir de un sorteo, y en representación de los imponentes, resultan ser empleados o altos cargos de la propia institución, cuando de cada mil imponentes sólo uno es empleado de la caja. Ello pone en entredicho el procedimiento, cuyo control último es competencia de las propias cajas, ya que ante notario sólo se escogen los números de una cuenta que luego pueden no implicar la designación del titular de dicha cuenta, en base a un sistema de exclusiones establecido por la propia normativa legal.

Pero el control público por sí solo, propuesto por la izquierda, no es una panacea. Las deformaciones del localismo, los intereses de partido, la demagogia y, particularmente, la burocratización, son otros tantos peligros a considerar.

El caso concreto de la Caja de Ahorros de la Diputación de Barcelona -denominada Caja de Ahorros de Cataluña- ofrece una muestra de los peligros de determinado tipo de control público, que debería haber finalizado con el régimen anterior, pero que subsiste. Resulta que los consejeros de esta institución designados por Tarradellas, en condición de presidente de la Diputación barcelonesa, fueron en gran número de casos, simplemente, sus amigos personales o políticos, sin apreciación visible de criterios de mayor latitud. Además, la política seguida por indicación de Tarradellas se presenta como de un carácter «político» en el peor de los sentidos de la palabra: créditos que benefician a partidos de su preferencia y apoyo a operaciones cuya rentabilidad económica y social queda sustituida por criterios políticos y electoralistas.

Como remedio genérico a casi todos los males aparece algo que hasta ahora ha sido deliberadamente evitado: el debate público del tema. Un debate que no se produjo en las Cortes al usarse, en julio y agosto de 1977, la vía reglamentaria y la de urgencia, es decir, la de decreto-ley. Un debate que también ha estado ausente en numerosos medios de información. «Nuestros comunicados -afirman sindicalistas barceloneses de UGT y CCOO del sector- son muy raramente publicados en la prensa local, incluso se ha dado el caso de que comunicados entregados a la prensa, y que no han aparecido publicados al cabo de pocas horas, estaban encima de la mesa de altos cargos de las cajas. »

Otro punto de consideración específica es la política de fusión y de especialización de las cajas catalanas. Respecto a la fusión de cajas,

los ímpetus de las «grandes» intentando comerse a las «pequeñas», de ámbito local, fue grande unos meses atrás. Ahora, el tema parece estancado. Los tiempos políticos invitan a un compás de espera y reflexión, mientras los problemas técnicos y laborales -desigualdad de sueldos de los empleados de las instituciones- ofrecen mayores dificultades que las inicialmente previstas.

Por otro lado, la coordinación o tan sólo la relación entre las cajas catalanas no parece ser buena. Lo prueba la gran competencia existente, acreditada por numerosas campañas de promoción que obligan a cuantiosos gastos en publicidad. Una oferta de una caja obliga a otra oferta por parte de las restantes, con una sucesión de premios, sorteos y regalos de promoción.