Un programa económico...

EN OPINION de los expertos, las soluciones para afrontar la crisis económica son habas contadas. La experiencia de otros países de nivel de desarrollo semejante al español ha demostrado que las medidas para capear las coinsecuencias de la recesión desencadenada por la elevación del precio de la energía en 1974 se mueven dentro de una banda extremadamente delgada. No hay recetas mágicas. La demagogia irresponsable, que busca el apoyo de los sectores sociales más afectados por la crisis o simplemente apunta hacia la desestabilización de la democracia, puede inventar cuentos de hadas o arbitrismos, pero es incapaz de ofrecer alternativas reales. Por lo demás, esas falsas salidas para la crisis ya no son patrimonio exclusivo de algunos sectores de la izquierda, todavía dominados por una inercia ideológica que.les lleva a sustituir el análisis científico por el ejercicio de sus deseos.La inflación, el déficit de la balanza exterior, la baja inversión y el desempleo constituyen males interrelacionados cuya erradicación sólo puede, lograrse mediante una estrategia a medio plazo, que vaya aislando los problemas para resolverlos por etapas sucesivas. Los acuerdos de la Moncloa, firmados después de que la devaluación de la peseta enjulio de 1977 permitió mejorar sensiblemente el déficit exterior, han logrado buenos resultados para desacelerar la inflación, pero no, han vencido la atonía de la inversión ni detenido el crecimiento del paro.

El plan elaborado por el equipo de estudios que dirige el profesor Fuentes Quintana -autor material de las líneas económicas del Pacto de la Moncloa (véanse páginas de economía de este mismo número)- presenta unas propuestas concretas para proseguir la política de saneamiento y reforma de nuestra economía. Se trata de un plan para tres años y que de cara a 1979 propone tres objetivos: frenar la inflación, crear 200.000 nuevos, puestos de trabajo y mantener el equilibrio en la balanza de pagos. Ni que decir tiene que se puede discrepar sobre los ajustes internos del plan y sobre los porcentajes que propone; pero la discusión, sobre las variantes menores dentro del marco general que la propuesta establece no invalida el hecho básico de que una estrategia eficaz contra la crisis tiene que moverse en los estrechos límites de una política económica de ese signo. No existen alternativas globales, basadas en planteamientos cualitativamente diferentes, a la fórmula iniciada con los acuerdos económicos de la Moncloa. El aumento de la inversión y la lucha contra el paro son así objetos prioritarios.

Casi en vísperas de la jornada de reflexión convocada por el Gobierno para que las centrales patronales, los sindicatos y la Administración intercambien sus puntos de vista sobre la política económica del inmediato futuro, hay que subrayar que la adopción de un plan a medio plazo para combatir la crisis es una necesidad nacional en la que se, hallan interesados todos los españoles -trabajadores y patronos, ocupados y desempleados- que renuncien a perspectivas catastróficas. La idea de que las medidas pueden limitarse a un simple pacto social. que establezca una política de rentas a corto plazo descansa en una concepción simplista de la actividad económica y en una infravaloración de la gravedad de la crisis. Por esa razón tienen razón los que propugnan -entre ellos los comunistas- la incorporación de los grandes partidos políticos a la discusión sobre los objetivos y los instrumentos de ese programa de salvación pública de la economía, sin la cual las perspectivas para la consolidación en España de las instituciones democráticas serían más bien sombrías. Un país con una inflación galopante, un déficit exterior creciente, un desempleo generalizado sin esperanzas de reabsorción y una huelga de inversiones, es el escenario ideal para instalar los tanques.

Así, pues, es una exigencia de la situación española que la política de consenso se extienda ahora a un programa económico a plazo medio, cuya ejecución se halle fuera de las luchas partidistas. Eso no equivale, de ninguna manera, a aceptar las tesis del consenso para todo el panorama político, sino sólo a articular un acuerdo sobre. los objetivos básicos en política económica al margen de quien forme el equipo gubernamental que se responsabilice de su realización. Las reticencias mostradas por el PSOE para alcanzar ese compromiso sólo serían justificables si obrara en su poder una alternativa cualitativa mente diferente para combatir la crisis. La sospecha de que los socialistas no poseen esa receta se basa no sólo en el escepticismo sobre su capacidad para inventos milagrosos, sino también en el recuerdo de las políticas aplicadas desde el Gobierno, en circunstancias parecidas, por otros partidos de la II Internacional. A menos que las fórmulas del PSOE estén calcadas de las que aplicaron, con tan trágica fortuna, los socialistas chilenos al comienzo de esta década. Por lo demás, uno de los nudos que hay que deshacer para resolver la crisis es el relanza miento de la inversión privada; y sería simple inconsciencia ignorar que los empresarios sólo abandonarán sus cautelas cuando sepan con algunas garantías cuál va a ser la política económica de los próximos años.

Un acuerdo entre los partidos con representación parlamentaria sobre las grandes líneas de la política económica en los próximos años sería, sin duda, un buen camino para salir de la crisis. Para ello resultaría necesario que el PSOE y AP se unieran a UCD y al PCE, hasta ahora los únicos abogados de la fórmula, en la búsqueda de ese pacto. La participación en las discusiones de las dos grandes centrales sindicales, en las que son hegemónicos comunistas y socialistas, es necesaria no sólo para perfilar la política de rentas, sino también para movilizar en favor de los acuerdos a las bases trabajadoras. La inclusión de la CEOE y de otras organizaciones patronales cerraría el círculo de las partes que deben hacer ese trato de supervivencia nacional.