La Asociación de Policías estudiará hoy la dimisión de su presidente

Hoy se celebra en Madrid la asamblea general de la Asociación Profesional del Cuerpo General de Policía, con el objetivo de analizar la situación creada en la corporación a raíz de la nota difundida por un grupo de directivos contraria a la actuación del Gobierno, fuerzas políticas y sindicales y otras instituciones del Estado en materia de orden público. La Dirección General de Seguridad respondió en términos muy duros a esta nota e incoó expediente sancionador a los redactores de la misma, que han sido apartados temporalmente del cuerpo.

Un miembro de la asamblea general manifestó a EL PAIS que no cabe esperar decisiones espectaculares de esta reunión del máximo órgano decisorio de la Asociación Profesional y descartó en concreto la posibilidad de su disolución, tal y como apuntan informaciones filtradas casi con toda seguridad por la asociación regional de Madrid.Según la fuente antes mencionada, ninguna asociación regional tiene previsto llevar esta propuesta a la asamblea, de la que sí puede salir una crítica constructiva después de una detallada exposición de hechos (nota, expediente, entrevista con el director general de Seguridad).

Las contradictorias informaciones que circulan sobre la dimisión del presidente de la asociación, señor Cabrerizo, que es uno de los miembros sancionados, habría que interpretarlas como un reflejo de las contradicciones que se dan entre las distintas organizaciones regionales. Mientras ayer se confirmaba al señor Cabrerizo en su cargo de presidente de la asociación de Madrid, otro presidente regional afirmaba que uno de los temas importantes a tratar en la reunión era la dimisión del señor Cabrerizo como presidente nacional.

El resultado final de esta pugna no está claro. La asociación de Madrid sería partidaria de mantener al presidente sancionado en todos sus cargos, como expresión de solidaridad corporativa con la controvertida nota. En definitiva, se trataría de trasladar el enfrentamiento con el Ministerio del Interior de un marco aislado (los ocho sancionados) al marco asociativo.

Frente a esta actitud, está la de aquellas organizaciones regionales que creen que el cese del señor Cabrerizo en la presidencia puede ser presentado ante la Dirección General de Seguridad como un gesto de reparación política que tendría como contrapartida otro de buena voluntad, consistente en una resolución más favorable de los expedientes incoados. El ministro del Interior ha dejado claro en repetidas ocasiones que la difusión de la nota nunca dejará de ser sancionada como un hecho grave, aunque podría merecer también la calificación de muy grave.

Entre los temas que van a someterse a la consideración de los miembros de la asamblea no figura, según ha sabido. EL PAIS de fuente competente, el anuncio hecho por miembros de la asociación en una reunión celebrada en el local social, según informaciones no suficientemente desmentidas, en el sentido de que poseían grabaciones de conversaciones telefónicas mantenidas por el señor Martín Villa en la que éste vertía frases injuriosas contra la asociación y sus directivos.

Un miembro de la junta nacional consultado por este periódico insistió en que como asociación no tenían nada que ver con el tema de las escuchas.

A la asamblea general asistirán unos sesenta miembros: los doce presidentes de las organizaciones regionales, más los vocales nacionales. La junta nacional tiene el poder de convocar al máximo órgano representativo; sin embargo, el director general de Seguridad puede impedir su celebración si por razones del servicio no considera oportuno el desplazamiento a Madrid de sesenta funcionarios. En este caso, las necesidades de servicio impidieron que la asamblea se celebrara antes.