La necesaria obligatoriedad del catalán

El real decreto sobre enseñanza del catalán aprobado ayer por el Consejo de Ministros fue extremadamente bien acogido por todas las fuerzas democráticas y populares catalanas. Socialistas, comunistas y nacionalistas de Jordi Pujol, coincidían en aceptar plenamente su contenido, que corresponde a las aspiraciones catalanas.Adolfo Suárez ha optado, con este decreto, por la obligatoriedad de la enseñanza del catalán en Cataluña, en vez de preferir la opcionalidad de la enseñanza en dicha lengua. Desde un punto de vista científico, lingüístico, la decisión es tan correcta como lo es políticamente. En efecto, preferir la opcionalidad hubiese sido inclinarse en favor de la segregación de los castellanoparlantes residentes en Cataluña.

No hay duda de que la posesión del catalán es un factor de promoción personal en Cataluña. Además es imposible que ello deje de ser así. No hay posibilidad legal que permita limitar el derecho a todo empresario a valorar favorablemente la posesión del catalán. Así, el haber preferido la opcionalidad de su enseñanza -con la posibilidad de que ésta quedase sustraída a los hijos de inmigrantes- hubiese constituido una discriminación social contra los derechos de los hijos de aquellos que, con su trabajo, contribuyen como los que más a la construcción de una Cataluña moderna y democrática.

El juego de la opcionalidad era extremadamente peligroso. La creación de dos comunidades lingüísticas segregadas sólo hubiese podido llevar a conflictos. La historia está llena de ejemplos en este sentido. Por otro lado, pensar en una desaparición del catalán es, a estas alturas, poco menos que imposible: cuarenta años de feroz persecución franquista han vacunado a la lengua catalana contra toda enfermedad, contra todo peligro grave.

El decreto ahora aprobado, tiene la gran virtud -que ha costado años conseguir- de tratar con inteligencia algo tan claro como un vaso de agua clara, parafraseando una acertada frase que sobre el derecho al uso del catalán escribió hace años José María Pemán. En efecto, el derecho al uso de una lengua no es algo superestructural, ni algo que deba ser cambiado al socaire de la coyuntura política. Es simplemente un derecho popular que sólo necesita una sustentación: el que un pueblo muestra con el acto cotidiano e inevitable de hablar -la parole, diría Saussure- su deseo de utilizar determinada lengua.

Pero el derecho de unos no debe ir en contra de los derechos de otros. Nos referimos, claro está, a los derechos de los cientos de miles de otros catalanes que proceden de otras tierras de España. Curiosamente, los grandes defensores de los derechos lingüísticos de estos últimos son la extrema derecha, las fuerzas anticatalanas y fascistizantes. Es, realmente, sintomático -y sospechoso- que los defensores de estos derechos linguísticos sean los mismos que niegan a estos emigrantes el pan y el trabajo en sus lugares de origen, así como sus derechos sociales y políticos, tanto ahora como antes, bajo el franquismo.

Garantía de igualdad

Sobre este punto, dos consideraciones obvias y decisivas. En primer lugar, que esos singulares defensores del proletariado emigrado a Cataluña son olímpicamente ignorados por aquellos a quienes quieren defender. La prueba de ello es extremadamente fácil: las centrales obreras, los partidos obreros y populares -desde luego perfectamente implantados entre los castellano-parlantes residentes en Calaluña- son precisamente quienes más han luchado en favor de la libertad de la cultura y la lengua catalanas. Un excelente trabajo sociolingüístico del profesor Badía Margarit prueba, además, que no se trata de posiciones de los organismos dirigentes, sino que, son criterios ampliamente compartidos por todas las clases populares, catalanes de nacimiento o no.

Una segunda consideración. El decreto ahora aprobado garantiza plenamente que la enseñanza preescolar, y la de EGB será en la lengua materna, es decir, en catalán o en castellano, según el caso. Así, en los niños procedentes de hogares castellano-parlantes el catalán sólo será una segunda lengua, no aquella en la que se recibirá el conjunto de la docencia. No hay, pues, lesión de derechos. Además, hay que añadir que ello es aceptado sin ninguna reticencia por las fuerzas catalanistas. Un exceso en este sentido convertiría a los niños en víctimas, ya que, todos los estudios científicos demuestran que los primeros años de su enseñanza deben de ser impartidos en la lengua materna, sea cual sea ésta. Ese derecho, repetimos, queda explícitamente garantizado por el decreto-ley.

En el orden político, todas las fuerzas consultadas confirmaron que el decreto-ley es un auténtico descalabro para la ya muy deteriorada imagen de Tarradellas, quien defendió pública y explícitamente la opcionalidad de la enseñanza del catalán. Es decir, aunque parezca increíble, el presidente de la Generalidad era partidario de aceptar mucho menos de lo que ahora Suárez concede. Incluso el vespertino Catalunya-Expréss sostuvo que Adolfo Suárez había ofrecido un decreto sobre la oficialidad del catalán, que fue rechazado por Tarradellas, quien, en cambio, aceptó la inadmisible opcionalidad de la enseñanza del catalán, explícitamente formulada en el comunicado Suárez-Tarradellas del pasado 15 de abril. Pese a la plena aceptación por parte de Tarradellas, al contenido de aquel comunicado conjunto fue calificado de «bofetada discriminatoria» contra la lengua catalana por Tele-Exprés.

Pacto Suárez-Pujol

La razón del afortunado cambio de postura gubernamental es simple y está fuera de toda discusión. Se trata del pacto establecido entre el Gobierno y Jordi Pujol. El éxito, pues, de este logro -de auténtica significación histórica- no corresponde a la Generalidad, sino a los partidos parlamentarios.

Es la prueba más palpable de lo ya avanzado en estas páginas. Es decir, del temor de Suárez de colocarse en un callejón sin salida si proseguía con su política inicial de mero apoyo a Tarradellas. Ahora, el eje de la política catalana del Gobierno pasa de forma evidente por Jordi Pujol, quien no evita en absoluto el pacto con el Gobierno. Una de las contrapartidas de este pactismo es precisamente este decreto-ley.

Hay que añadir que el texto aprobado por el Consejo de Ministros no tiene nada que ver con el horrible proyecto del Ministerio de Educación y Ciencia que divulgó Deia, el pasado 10 de marzo. En cambio, es de una gran similitud con el texto formado por cinco artículos, dos disposicicínes finales y una transitoria (que entregó Jordi Pujol, hace ya meses, al Gobierno).

Algunas circunstancias concretas dan aún mayor valor al gesto del Gobierno. En primer lugar, el que sin duda haya tenido que superar reticencias por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, pese a que éste sea el que formalmente lo llevará al Consejo de Ministros. A lo que hay que añadir la discreción con que la decisión se ha llevado a cabo, cuando, sin duda, en toda la historia de España sería difícil-hallar otra medida tan comprensiva con los derechos elementales del pueblo catalán.