Planificación, coordinación y explotación
Jefe del departamento técnico-económico de UNESALa estatificación o privatización de sectores económicos completos es siempre, aunque en ocasiones se afirme lo contrario, una cuestión fundamentalmente ideológica.
Esta posición es especialmente polémica cuando se trata de sectores básicos como el energético en general y el eléctrico en particular, y las partes interesadas suelen aportar casi exclusivamente los argumentos en favor de su posición particular procurando silenciar los que no convienen a su postura, lo cual, de cara a la sociedad en su conjunto, puede resultar beneficio so a la larga si el contraste de opiniones sirve para conocer ambas versiones, siempre que en las mismas se mantenga un mínimo de objetividad y un suficiente conocimiento del problema en su conjunto.
En este sentido, y como consecuencia de los tres artículos aparecidos en el diario EL PAÍS y firmados por Martín Gallego, conviene hacer algunas aclaraciones con el fin de completar la información recibida por el lector interesado en el tema, no tanto en lo que se refiere a posiciones subjetivas respecto al problema, como en lo que concierne a afirmaciones basadas en datos o comparaciones con la situación en otros países.
Sistemas mixtos
En primer lugar, resulta demasiado simplista el separar los sistemas eléctricos en privados o estatificados, cuando lo normal es la existencia de un sector mixto, con coexistencia de empresas públicas y privadas y predominio de unas u otras. Así, entre los países de economía de mercado puede decirse que, en régimen fundamentalmente privado, funciona el sector eléctrico en países como Estados Unidos, Japón, Bélgica, Suiza o España; en régimen mixto con participación importante de empresas públicas y privadas, países como Alemania Federal o Suecia, y en régimen fundamentalmente de empresa estatal única, Francia, Inglaterra o Italia. En ninguno de los países el sistema es totalmente privado o totalmente estatificado, pero, además, las diferencias institucionales o de gestión y explotación que pueden encontrarse, por ejemplo, entre el modelo alemán, italiano, francés o de Estados Unidos, son tan profundas como las que puedan exisitir actualmente entre el modelo de España y cualquiera de ellos.
Desde el punto de vista de la integración en la Comunidad Económica Europea puede afirmarse, pues, que el actual sistema español es perfectamente integrable en la misma (de hecho ya participa en las asociaciones internacionales existentes y está conectado a la red europea de transporte desde hace muchos años) y, objetivamente, también hay que reconocer que lo mismo lo sería con un sistema estatificado o mixto, pues, como se ha dicho, de todos ellos hay ejemplos en la Comunidad Europea.
En España la participación actual de empresas del INI en la producción de electricidad se sitúa en torno al 16% si se mide desde el punto de vista de la potencia instalada de propiedad dominante pública. Esta participación se ha mantenido en los últimos años y tiende a incrementarse de modo que hacia el año 1981 estará en torno al 20%
En Estados Unidos, por ejemplo, la participación del sector público en el equipo generador alcanzó un máximo del 24% en el año 1966, disminuyendo dicho porcentaje al 20% en 1976, siendo el resto de la potencia instalada propiedad de las empresas privadas en las formas jurídicas de sociedad mercantil (78%) o cooperativa (2%), según datos tomados de «Electric Utility Industry Statistics». Edison Electric Institute 1977.
En cualquier caso, y puesto que se insiste en la comparación con EE UU, conviene tener muy presente que en dicho país se ha llegado a la posición económica que actualmente ocupa en el mundo a través de un sistema de iniciativa privada y no estatificada. Si se cita a EE UU como ejemplo, no se puede pedir estatificación, sino pensar cómo se monta un sistema económico-social general a través del cual las empresas en general deben actuar con la eficacia de las americanas en lugar de favorecer su sustitución por empresas estatales.
Parece claro que, ante una situación dada, el coste del cambio es solamente aconsejable si el beneficio resultante puede considerarse suficientemente compensador. De ahí la complejidad del tema, puesto que tanto el análisis del coste como el del beneficio añadido llevan implícitos una gran cantidad de elementos subjetivos.
En términos más objetivos, lo que sí puede afirmarse es que siempre será más elevado el coste del cambio que la mejora del sistema existente, salvo que los fallos objetivamente detectados sean de tal cuantía que hagan aconsejable ese elevado coste.
Por ello, nadie puede estar en contra de la mejora de los sistemas existentes, tanto si son privados como públicos, pero la conveniencia del cambio debe partir de un análisis profundo de lo que se posee y, también por esto, cuando se pide el paso a un sistema eléctrico estatificado, se tiende a exagerar los posibles defectos de la situación presente de forma que resulte más aconsejable la sustitución del sistema que el perfeccionamiento del mismo.
En principio, y referido al caso español concretamente, es un hecho conocido que, en conjunto, la actuación del sector eléctrico admite una comparación ventajosa con cualquier otro de los grandes sectores industriales del país y no puede seriamente afirmarse que, incluso en épocas tan desfavorables como la actual, a partir de la crisis energética de 1973, el servicio no haya sido mantenido en condiciones de cantidad, calidad y precio comparables a las de cualquier otro país desarrollado.
Las principales críticas realizadas a la situación actual del sector eléctrico por Martín Gallego en sus artículos se refieren, a nuestro juicio, a los aspectos siguientes.
Planificación, coordinación y explotación
En cuanto a la planificación, coordinación y explotación del sistema eléctrico español es un hecho cierto que a partir de la creación de UNESA en 1944 puede hablarse de un sistema eléctrico español coordinado que, además, con la creación y desarrollo de la red de transporte y la actuación del repartidor central de cargas, permite la actuación del sector como un sistema integrado, respetando las iniciativas y competencias privadas en los campos que no son contrarios al interés general, sino que, al contrario, éste se beneficia de la existencia de las mismas.
De hecho, sin la existencia de un centro coordinador y una red general de transporte interconectada, no puede hablarse de sistema eléctrico integrado, tanto si se opera en régimen de empresa estatal como privada.
La existencia a través de UNESA de planes eléctricos de instalaciones es un hecho muy anterior en el tiempo a los propios planes energéticos globales, y resulta lógico que las propuestas de aquellos planes correspondan a las empresas, siendo responsabilidad de la Administración la fijación previa de los objetivos generales a que dichos planes deben responder, la aprobación, en su caso, de las propuestas de planes presentados y la posterior vigilancia y control de su cumplimiento o revisión. Esta situación es normal y, por ejemplo, no sería comprensible que en Francia la Administración preparara un plan eléctrico sin contar con los estudios y propuestas previas de Electricité de France, que es la empresa estatificada única que en Francia produce y distribuye la energía eléctrica. La actuación de UNESA en este campo permite la coordinación de los planes individuales de las empresas y su acoplamiento a la optimación de los objetivos fijados por la Administración, que es quien los debe aprobar si se ajustan a los mismos.
En cuanto a la coordinación de la explotación, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que las energías primarias nacionales a partir de las cuales se produce la electricidad (agua y carbón) son escasas, mal repartidas y con elevado grado de aleatoriedad en cuanto a disponibilidad (agua). Efectivamente, en la zona norte y noroeste se concentra la mayor parte del carbón nacional y de la energía hidráulica. Ello hace que las centrales que aprovechan estas energías deban situarse principal mente en esas zonas y que, hasta que la energía nuclear permita cubrir parte importante del bache, la dependencia del fuel-oil de importación sea fuerte.
La Administración fija los objetivos, con independencia de las empresas, de aprovechamiento preferente de los recursos nacionales y reducción al máximo de las importaciones de productos petrolíferos. El cumplimiento de estos planes se efectúa a través del repartidor de cargas de UNESA, mediante los planes diarios y horarios de explotación, establecidos de acuerdo con las directrices emanadas de la Administración, a quien, asimismo, se da cuenta semanalmente de su cumplimiento detallado (evolución de la demanda, disponibilidad de los equipos, situación de los embalses, etcétera).
El RECA, que funciona en UNESA las veinticuatro horas diarias de los 365 días del año, sigue constantemente la explotación, estableciendo los ajustes de planes que garanticen la seguridad del suministro y el cumplimiento de los objetivos. Baste destacar a este respecto que el RECA conoce y traslada diariamente a la Dirección General de la Energía del Ministerio de Industria y Energía más de 4.000 datos sobre la situación del sistema, referidos a potencias horarias de transporte en líneas de la red, reserva de embalses, producción y potencias horarias de cada central térmica, consumo diario de combustibles sólidos y líquidos, intercambios de energía entre sociedades y zonas eléctricas, parques de combustibles, etcétera. Siguiendo instrucciones del RECA, por ejemplo, durante 1977 se produjeron 350 paradas y arranques de centrales de fuel-oil, con la consiguiente incidencia económica desfavorable para las empresas propietarias, con el fin de aprovechar al máximo las favorables condiciones hidráulicas existentes en dicho año.
Transporte a nivel europeo
Por lo que respecta a la red de transporte, con independencia de que todo es mejorable y de que la red peninsular española es mejor cada año que pasa, la capacidad actual de dicha red para atender a su función de enlace entre centros productores y de éstos con los consumidores está, cuando menos, a la altura de la de los países europeos más desarrollados (exceptuando algunos que no poseen aún este sistema interconectado único, como por ejemplo Alemania), con los que además está interconectada desde hace muchos años.
Dicha capacidad se pone de manifiesto por su contribución a la seguridad y optimización del servicio en casos extremos. Así, por ejemplo, en el año 1976, en el que las aportaciones hidroeléctricas tan sólo alcanzaron el 43% de su valor nominal, se produjo lógicamente una gran oferta de energía procedente de las centrales térmicas, que funcionaron prácticamente al máximo de su potencia y que pudo ser trasladada a los centros de consumo sin que se produjeran interrupciones en el servicio. Por el contrario, en 1977, en que las aportaciones hidráulicas superaron en un 18% su valor en año medio y, por tanto, gran parte de la energía producida con centrales hidroeléctricas hubo de ser transportada del Noroeste al resto de la Península, la explotación del sistema pudo realizarse aprovechando al máximo este excedente hidráulico y reduciendo al mínimo el consumo de fuel-oil, gracias a la red de transporte existente, de forma que solamente dejó de aprovecharse un 0,25% del volumen de la producción posible de energías preferentes, y hay que tener en cuenta que de este 0,25% la mayor parte se debió a indisponibilidades por averías de elementos de la red, tanto de carácter fortuito por condiciones atmosféricas, como intencionados (caso del sabotaje sufrido en las líneas de alta tensión del anillo de Madrid).
La red española posee en el sistema peninsular una extensión de doscientos kilómetros en líneas de 220 y 380 kilovoltios por cada mil millones de kilovatios hora producidos, en tanto que esta relación es en Francia, por ejemplo, de sólo 150 kilómetros. La red española a 380 kilovoltios es del mismo orden de magnitud -cerca de 6.000 kilómetros- que la red de igual tension en Francia, en tanto que este país produce más del doble de energía eléctrica que España.
En cuanto a las pérdidas en la red de transporte hay que señalar que éstas, según las leyes de la física, son función de la cantidad de energía transportada y de la distancia a que se transporta. Por ello, las comparaciones entre sistemas de distintos países deben hacerse con mucho cuidado para lograr un mínimo de homogeneidad.
Los movimientos de energía por la red son en gran parte consecuencia de los planes de explotación establecidos para el mejor aprovechamiento de las energías primarias disponibles. En el caso de España y por las razones dichas de localización y la gran oscilación de la hidraulicidad de un año a otro, los movimientos de energía suelen ser normalmente muy importantes si se quiere optimizar el sistema eléctrico en su conjunto. No obstante, con los datos obtenidos a través de más de 1.500 complejos estudios de reparto de cargas para los años 1974-75 y 76, se ha podido comprobar que las pérdidas reales por transporte en la red mallada de 380 y 220 kilovoltios, son inferiores, en todos los casos, al 2%, similares a las de cualquier otro sistema eléctrico extranjero. Si además de estas pérdidas se tienen en cuenta las correspondientes a la distribución hasta el usuario final en baja y media tensión, la cifra total de pérdidas se sitúa actualmente en un 9,9%.
Este porcentaje de pérdidas es similar, y en algunos casos inferior, al que se registra en países europeos como: Italia, 10%; Dinamarca, 10,4%; Suecia, 9,2%; Noruega, 12,8%; Austria, 9,1 %, etcétera, o en países de Europa oriental, como Bulgaria, 9,7 %; Yugoslavia, 10, 1 %; Checoslovaquia, 9,8%; Rumanía, 9,3%; Alemania RD, 9,4%, y también en Estados Unidos, con el 9,2%.
Desde el punto de vista de seguridad del suministro la actuación coordinadora del RECA y la existencia de la capacidad de la red interconectada permitieron, por ejemplo, que la perturbación registrada el 6 de julio de 1977, que fue la mayor de la historia eléctrica española y comparable por su magnitud a los dos apagones de Nueva York, fuera solucionada en nuestro país en un tiempo diez veces inferior al que requirieron los citados apagones neoyorquinos.
