El sector eléctrico en España / 1
La electricidad constituye hoy día uno de los servicios públicos cuyas prestaciones pueden considerarse más útiles y determinantes del nivel de vida y desarrollo industrial actual. Su suministro constituye, además, a nivel local, un monopolio natural, ya que un abonado determinado sólo puede recibir electricidad de la compañía eléctrica que opere en su zona. Por otra parte, las compañías eléctricas han partido generalmente de la explotación de centrales hidráulicas, basadas en el aprovechamiento de las aguas fluviales, cuya utilización, al tratarse de un bien de dominio público, efectúan por concesión de la Administración.Nos encontramos así en España con un sector eléctrico, en el que es cada vez más manifiesta una contradicción interna, entre el carácter -público de los recursos que parte y del servicio que suministra, y el enfoque privado e individualista de su desarrollo. Las empresas no actúan así de acuerdo a los principios de economía de mercado, tanto por existir el monopolio citado como por las exenciones y facilidades financieras que consiguen, precisamente por su carácter público, aunque luego las decisiones trascendentales del sector sean tomadas por esas mismas empresas con criterios parciales de simple rentabilidad empresarial.
Desarrollo del sector eléctrico en España
El sector eléctrico español está constituido por la agregación de un gran número de empresas que han operado tradicionalmente en distintos segmentos del mercado nacional, dividido así según sus «zonas de influencia». Las instalaciones de producción y transporte de cada empresa se han desarrollado por ello tomando en consideración básicamente las demandas de potencia y energía de su mercado, sus zonas de concesiones hidráulicas o de posibles emplazamientos térmicos y nucleares, y sus preferencias y relaciones empresariales a la hora de seleccionar los equipos. Lo anterior puede fácilmente contrastarse con una simple observación del mapa eléctrico nacional, que muestra una Superposición de las líneas de transporte de diferentes empresas, producto tanto del excedente eléctrico del noroeste de la Península (frente al déficit de Andalucía, Levante y Cataluña) como de la localización de los centros productores y consumidores de cada sociedad.
Con respecto a, los equipos, ese mismo individualismo empresarial ha favorecido el que ya desde las primeras centrales térmicas que se instalaron, sus tamaños y especificaciones variarán según las diferentes sociedades, con los consiguientes sobrecostes frente a una eventual contratación conjunta y unificada, y su efecto negativo sobre sus posibilidades de fabricación por la industria nacional. Este problema se agravó, además, al llegar las centrales nucleares, de las que las tres en funcionamiento son de características completamente diferentes entre sí, existiendo asimismo entre las próximas diez que han de entrar en funcionamiento tres suministradores distintos y seis diseños diferentes. Conviene, sin embargo, destacar, cómo esta actuación no tiene su origen en la falta de competencia de los técnicos y empresarios eléctricos, sector en el que, por el contrario, se encuentra un gran número de profesionales de gran prestigio, sino en el enfoque parcial y circunscrito a una estricta visión de empresa privada, que éstos han tenido que dar a sus decisiones.
Otro aspecto muy importante al analizar un sistema eléctrico es el de su explotación, ya que el precio medio resultante para el país del KWh producido viene determinado por las centrales que operen en cada momento y el esquema de transporte resultante hasta los distintos centros consumidores. Evidentemente, la explotación por cada sociedad de su propio sistema eléctrico para obtener el máximo beneficio, que, obviamente, es el objetivo prioritario de toda empresa, no tiene por qué coincidir con la explotación óptima desde un punto de vista nacional. Así, en numerosas ocasiones han estado funcionando centrales térmicas que consumían petróleo Importado para producir la energía que necesitaba su empresa propietaria, que podía, sin embargo, haber sido suministrada, a nivel nacional, por otras empresas con centrales hidráulicas más económicas o que quemaran carbón nacional. En lo que respecta a la utilización de las líneas de alta tensión de las distintas sociedades como red de transporte nacional, su propiedad múltiple ha reducido los incentivos de las empresas para su asignación más económica a los diferentes centros consumidores y dificultado los intercambios internacionales compensadores.
Ante esta situación, que ha sido señalada ya en muchos trabajos y que es ampliamente conocida por los profesionales del sector, el repetido estribillo de que las empresas eléctricas constituyeron UNTESA para actuar «corno si una sola entidad produjera, transportara y distribuyera la energía eléctrica en nuestro país» sólo puede ser considerado como un eslogan publicitario.
Papel del sector público
En este punto conviene hacer una breve alusión al papel que ha venido en o desempeñando la empresa pública en el sector eléctrico, pudiendo señalarse cómo ésta no se diferencia a grandes rasgos de la privada. A ello ha contribuido la falta de apoyo y directrices de la Administración, especialmente a partir del paso por el Ministerio de Industria del ministro López Bravo, a cuyo liberalismo, tan reprimido -como él indicó- en lo político, daba, en cambio, rienda suelta en lo económico mediante el apoyo con fondos públicos a las empresas privadas a costa del desarrollo de las públicas. Las consecuencias de esta política, que tiene hoy que resolver el Gobierno actual por vía de urgencia en algunos sectores como el siderúrgico, son también -palpables en el sector eléctrico, en el que la participación pública, que representaba un 17% de la potencia total instalada en la Península en 1960, se ha visto reducida progresivamente hasta un 11% en 1977.
Para contrarrestar las críticas existentes sobre la falta de planificación conjunta de las empresas, López Bravo establece el. denominado Plan Eléctrico Nacional, cuya propuesta encarga, sin embargo. mediante una orden ministerial de 1968. a UNESA. Para colmo, en dicha orden se indica que «UNESA montará una oficina técnica de prograrnación y planificación eléctrica para la elaboración de la propuesta del plart y su revisión». De esta forma se reconoce la falta de medios en el propio Ministerio de Industria para elaborar y controlar un plan de esta trascendencia, si bien al encargárselo y potenciar los medios de los propios interesados, se institucionaliza una relación de inferioridad tradicionalmente existente, entre una Administración con responsabilidades y competencias teóricas muy superiores a sus medios materiales y humanos, y la correspondiente a los sectores a ordenar y controlar.
Limitaciones de Industria
Este problema, que es general en la Administración española, está, sin embargo, especialmente acentuado en el Ministerio de Industria, lo cual es particularmente grave al efectuar el sector industrial un tercio de las inversiones totales del país. Son evidente; las limitaciones burocráticas con que se habrán enfrentado los sucesivos ministros de Industria,'al abordar este problema de la falta de niedios y agilidad para el reclutamíento, motivación y remuneración de funcionarios capacitados, si bien es verdad que la dedicación a este terna, cuyos resultados tardan un considerable plazo en materializarse, no habrá podido figurarcon la máxima prioridad entre los responsables de dicho departamerno, desbordados siempre por el problema de cada día en la elección entre lo importante y lo urgente, y cuya rotación en el puesto se ha acentuado, además, de tal forma, que en los últimos seis años ha habido seis diferentes ministros de Industria.
Para terminar esta rápida visión de los problemas tradicionales de, sector eléctrico, puede hacerse referencia a su situación económica. Es evidente que un monopolio obtenido por concesión pública, que vende,un producto de primera necesidad no debe ser «un gran negocio», por lo que el nivel de las tarifas que autoriza la Administración deberá ser el mínimo compatible con la necesaria retribución del capital y el mantenimiento de una adecuada relación recursos propios/ajenos. Con ello habría que volver de nuevo al problema de fondo, de la inadecuación de dicha Administraición que aprueba las tarifas, para mantener el necesario conocimiento económico-financiero del sector eléctrico, en que basar dicha determinación.
Prescindiendo de este hecho, hay dos aspectos que han venido afectando a la situación financiera del sector. El prirriero, de naturaleza objetiva, se ori gína por el hecho de que, aunque todas las empresas han de vender su energía al mismo precio unitario según tarifas, tanto sus costes como si is ingresos varían sensiblemente en función de las clases de centrales que posean y de los tipos de consilmos que existan en su mercado (el KWh doméstico, por ejemplo, se vende a un precio áe dos a tres veces el industrial, sin que en los costes de sus suministros exista tanto margen). La «democracia» afectará probablemente al precio relativo en tre ambos que, al contrario que en España es, por ejemplo, en Estados Unidos, favorable al consunio doméstico (1 consumidor= 1 voto). A dichas diferencias entre tarifas uniformes y costes variables correspondía la famosa «deuda de OFILE», que las empresas esgrimían hasta hace pocos anos, frente a una Administración que se veía cogida por sus propias disposiciones, dictadas cuando apenas había centrales térmicas y según las cuales débía abonar a las empresas el 90% del combustible que utilizaran. Dicho sistema, desfasado ya hacía muchos años, fue, por fin, abolido hace cinco, pero el factor objetivo indicado permanece. El fondo de compensaciones de OFILE desapareció así, pero en su lugar existen hoy no sólo OFICO, que tiene una regulación oficial para compensar los combustibles, sino otros fondos (CEUN) de compensaciones internas entre empresas de UNESA, cuyo volumen supera ampliamente a los de OFILE.
Con ello se ha producido, además, un nuevo retroceso en el control de la Administración, que si tenía un representante con poder de veto en OFILE, va no interviene para nada en los CEUN, que, a pesar de su cuantía, son casi desconocidos en el país. Es, sin embargo, imprescindible un conocimiento público de los trasvases de fondos realizados dentro de UNESA, agrupados no por zonas de mercado, sino por provincias, con el fin de poder así eventualmente proceder a una diferenciación regional de tarifas y a una compensación a las zonas excedentarias.
El segundo aspecto sobre la situación económica del sector que merece destacarse es el de su progresiva descapítalización y detenoro de la relación recursos propioslajerios, debido al carácter residual de las dotaciones a reservas y amortizaciones, tras la obligada fijación de unos dividendos que algunas empresas no podían mantener, pero que les resultaban imprescindibles para remunerar a unos accionistas cada vez más afectados por el deterioro de las cotizaciones en Bolsa de sus títulos. Esta política financiera, que hace años sólo era practicada por las empresas de menor rentabilidad (que acostumbraban a camuflar como inmovilizado parte de las sobrecargas financieras a que ello les conducía), se ha ido progresivamente generalizando. Esto ha conducido al sector a una situación insostenible a medio plazo, ya que implica que cada vez se endeuda más, con unos aumentos de pasivo que no se traducen en incrementos proporcionales de inmovilizado productivo que genere ganancias. Dicha situación se ha pretendido ocultar a los accionistas, con la emísión de acciones liberadas con cargo a las dos regularizaciones de activos producidas en los últimos años, a pesar del deterioro que ello origina en la estructura financiera.
No sería, por último, justo hablar de la financiación del sector eléctrico sin señalar cómo en él se ha manifestado muy claramente lo que indicaba recientemente el ministro de Comercio que «muchos entienden la economía de mercado de acuerdo con sus intereses», no cumpliendo así reiteradamente las empresas eléctricas las leyes de la economía de mercado, al forzar con su condición de servicio público no sólo ventajas de tipo expropiatorio o numerosas exenciones fiscales, sino el acceso a circuitos priviiegíados para la colocación de obligaciones, el apoyo en Bolsa del Banco de España o las subvenciones efectuadas a través de los créditos oficiales que, con condiciones ventaijosas, se les han conce dido en las acciones concertadas.
El segundo artículo de esta señe trata sobre la propiedad y eficacia del sector eléctrico en los países capitalistas.
