El futuro de la empresa pública
El acuerdo histórico de la Moncloa contiene un paquete de transformaciones de fondo de gran alcance. Son enunciados que ahora es preciso y posible rellenar con la definición de objetivos y medidas concretas. Destaca, en mi opinión el relativo al nuevo Estatuto de la empresa pública.Las empresas de propiedad pública, y especialmente las empresas industriales, se han desarrollado en la etapa franquista por principios rígidos de subsidiariedad respecto a la iniciativa privada, con algunas excepciones.
Una buena parte de las actuaciones del INI en la toma de sociedades ha estado motivada por razones coyunturales: acoger a empresas privadas en decadencia, ineficientes y con una estructura financiera insostenible. Todo ello ha dañado el papel de la empresa pública, que no se corresponde con las misiones asignadas en un principio, ni con las metas fijadas en el II PDES (*): intervenir ante la insuficiencia manifiesta de la iniciativa privada, combatir las situaciones restrictivas de la competencia, operar por imperativos de la defensa nacional. La consecuencia es la erosión continuada del potencial financiero del Instituto, que en 1976 cuenta solamente con un 22 % de recursos propios. La grave crisis económica en sectores como la siderurgia y la construcción naval aumentan las cargas que debe soportar.
No ha existido política o estrategia alguna para la empresa pública cuyo ámbito ha venido definido de manera residual, a remolque en cada momento de la actuación del sector privado. La subsidiariedad se ha acentuado en la práctica por encima del ordenamiento jurídico, pero sobre todo debe entenderse como una subsidiarledad derivada del comportamiento errático del sector público industrial. En este cuadro aparece como factor no desdeñable los contínuos cambios en la presidencia del INI (cinco presidentes distintos desde 1973), que hacían imposible consolidar las iniciativas más útiles. Los sectores dominantes del capitalismo español han impuesto, por medio de los mecanismos del poder político, la ausencia de una política definida de la empresa pública industrial. Esta razón, más que el régimen jurídico en vigor, ha determinado el carácter subsidiario y circunstancial de su actividad. Pero sería un error limitarse a confirmar esta realidad, si pensamos que el INI representa, aproximadamente, el 10 % del Producto Industrial Bruto y agrupa a una parte considerable de las grandes empresas. El asentamiento de la democracia política hace posible que el Instituto sea realmente «un instrumento principal para la política industrial», si se establece el control democrático de la socie dad sobre su actuación. La expan sión de la empresa pública en Eu ropa no es solamente el resultado de la acomodación del capitalismo monopolista a las nuevas condiciones económicas, para seguir manteniendo la hegemonía. Hay que tener en cuenta otros datos: la socialización objetiva y progresiva de la actividad económica, el avance político de los sectores de mocráticos y progresistas que in duce la extensión de las entidades de propiedad pública. Aparecen nuevos conflictos en las sociedades capitalistas maduras: la necesidad de adaptación del sector privado hace posible la existencia de un amplio sector de propiedad pública. A medida que este sector se perfecciona en su funcionamiento, se afina el control democrático por el Parlamento y la sociedad pasa, de ser una herramienta del capita lismo privado a transformarse en un resorte decisivo para la demo cratización de la vida económica. Las exigencias de «racionalidad del sistema» dan lugar a la transfe rencia al sector público de parcelas crecientes de la actividad eco nómica: servicios básicos para la comunidad, ramas industriales de cabecera, servicios de transportes..., junto al desarrollo y diversi ficación de los entes públicos de nivel regional y municipal. Se configura así una masa patrimonial muy importante, cuya propiedad legal corresponde a los ciudada nos, cuando la posesión, la gestión de estos activos empieza a ser real mente democrática y comunitaria, las finalidades del sector público cambian hacia la mayor satisfacción de las necesidades sociales, abandonan paulatinamente los objetivos establecidos inicialmente, de servir la racionalidad de un sistema basado en el dominio de las grandes corporaciones privadas. Este proceso requiere la extensión de las libertades políticas, la descentralización de la gestión de los entes públicos y la eficiencia económica de las unidades productivas de propiedad pública. Por último, hay que considerar el irnpacto ideológico y cultural que supone el funcionamiento eficaz y transparente del sector público.
Por todo ello, la estrategia actual de las fuerzas más progresivas debe ir encaminada a perfeccionar, ampliar y transformar el conjunto de entidades de propiedad pública, estableciendo la intervención democrática de la sociedad en el control de gestión. La elaboración de un Estatuto de la empresa pública en las circunstancias políticas actuales debe ser la materialización de esa estrategia en fórmulas jurídicas que contemplen la participación parlamentaria de las fuerzas políticas, sindicales, sociales, de los organismos públicos de diversos rangos, de los trabajadores de las empresas públicas, en la administración y supervisión de estas entidades. Asímismo, el Estatuto debe dotar a la gerencia de estas empresas de la necesaria autonomía, agilidad y flexibilidad en la gestión. Ahora es el momento de traducir en esquemas sencillos y operativos las grandes palabras sobre la ejemplaridad de la empresa pública: maximizar el rendimiento de los factores productivos, dar prioridad a las actividades de innovación, multiplicar la calidad y el potencial exportador, superar los desequilibrios regionales, etcétera. Es necesario proporcionar a las Instituciones de ámbito provincial, regional o nacional la iniciativa y capacidad legal para promover empresas públicas en su ámbito de actuación, evitando la excesiva estatalización del sector público. Existe una base material de partida importante, representada, sobre todo, por el INI y sus empresas, que es posible modernizar si se aborda decididamente la reordenación del sector público, la definición clara de objetivos y campos de actuación. Sin olvidar que una parte de los hombres que han trabajado durante muchos años en el Instituto y sus empresas, que han intentado desarrollar una actividad eficiente en beneficio de la sociedad, son perfectamente aprovechables y conocedores privilegiados de la realidad concreta.
