Justicia y política
JUSTICIA DEMOCRATICA ha celebrado en Madrid su primer congreso. Esta organización, formada por magistrados, jueces, fiscales y secretarios de juzgados (en número que se aproxima al 10% del escalafón completo de ésos cuerpos), se desenvuelve en condiciones típicas de la España predemocrática. No posee el estatuto legal y reconocido de los sindicatos de magistrados francés e italiano, que han enviado delegados al congreso de su homólogo español. Pero tampoco es objeto de persecución abierta; así, el magistrado Fernández Veigas, de Sevilla, no fue sancionado por su presunta pertenencia a Justicia Democrática, sino por haber acudido al lugar donde se iba a celebrar una manifestación e invitar a los convocados a que se disolvieran cuando hizo acto de presencia la fuerza pública.Las conclusiones del congreso les suministrarán sin duda una buena ocasión para rasgarse las vestiduras a quienes en los últimos tiempos acostumbran a dar solemnes sombrerazos a la «superioridad de plano» en que debe moverse la institución judicial. Ahí es nada: miembros de esa respetable carrera piden la democratización de las estructuras judiciales, la designación de los órganos superiores mediante un sistema electivo, el control de su propia tarea a través de la participación popular y el ejercicio de la crítica. Y todavía más: señalan que la función judicial debe basarse en la soberanía popular y las libertades públicas y mantienen que el derecho debe promover el desarrollo democrático de la sociedad.
Jueces, magistrados y fiscales reivindican también la formación de un sindicato y el derecho a pertenecer a partidos políticos y organizaciones sindicales. Algunas observaciones sobre la situación española actual (crítica de la Audiencia Nacional, petición de amnistía total, control de la policía judicial por los tribunales, etcétera) terminar de perfilar la nueva figura que los miembros de Justicia Democrática proponen.
Es evidente que los jueces, al realizar la tarea de hacer justicia, no pueden dejarse llevar por prejuicios partidistas. También es defendible la tesis de que, para descartar la más ligera sospecha de parcialidad, en una situación política estable y asentada sobre el consenso general, se apliquen prohibiciones y vetos específicos.
¿A quién puede extrañar, si piensa con buena fe, que los funcionarios de la Administración judicial, que reciben como hecho consumado la legalidad que deben aplicar, no quieran recibir el trato de autómatas a quienes se les puede ordenar, según los humores de un legislador de voluntad imprevisible, misiones sucesivamente contradictorias? Su función es acatar las leyes, interpretarlas y aplicarlas, pero para realizar esa tarea con coherencia, dignidad y respeto a los principios generales del Derecho, necesitan saber cuál es la fuente de legitimación de quien las promulga y el consenso social del que aquéllas disfrutan.
A pesar de las vetustas prohibiciones, oportuna y sorprendentemente desenterradas hace algunas semanas para sancionar a un digno magistrado, durante casi cuatro decenios miémbros de la carrera judicial asistieron a reuniones políticas multitudinarias, levantaron el brazo, lanzaron o corearon gritos de ritual, pronunciaron encendidas promesas de fidelidad personal fueron designados consejeros del Movimiento y saltaron del ejercicio de la profesión a la actividad política en continuos viajes de ¡da y vuelta. Nunca se descargaron contra ellos las viejas escopetas herrumbrosas olvidadas en la ley Orgánica de 1870. Aún todavía hoy, muchos de los titulares de los órganos que rigen la vida interna de, la judicatura y que elaboran las líneas maestras de la jurisprudencia proceden de aquella cantera.
Ahora, unos miembros de la carrera judicial se pronuncian públicamente sobre los medios para pasar del «gobierno de los hombres» al «imperio de las leyes», invitan a la opinión pública a criticar su gestión, sugieren que la sociedad participe de alguna forma en la administración de la justicia, propugnan que la democratización del país comience con la democratización del cuerpo administrativo del que forman parte, indican que la aplicación del Derecho debe perseguir la ampliación de las libertades públicas. No cabe, sino agradecerles su gesto y hacer votos para que sus objetivos se cumplan.
