El contenido mínimo del pacto sindical
Si para lograr que en este país reine la democracia hay que evitar que el país se hunda económicamente, y para ello es necesario un pacto sindical, yo soy decidido partidario de tal pacto.Por supuesto que el punto de partida debe ser el establecimiento, sin dilación, de la libertad sindical. De ahí que el primer punto del posible pacto sindical deba ser la ratificación, en un plazo mínimo y convenido, de los Convenios 87 y 98 de la OIT, para, a partir de ahí, legalizar la situación de tolerancia de los sindicatos democráticos. Congruentemente con ello en el pacto sindical debe figurar el compromiso estatal de no intervenir, ni positiva ni, negativamente, en la creación y desenvolvimiento de los sindicatos que existan o se creen.
Fácilmente se comprende que, por lo hasta aquí dicho. el segundo punto de ese posible pacto sindical deba ser el desmantelamiento de la Administración Institucional de Servicios Socioprofesíonales (AISS), heredera oficial de su antecesora, aún viva, la Organización Sindical (OSE). El desmantelamiento de la AISS es posible legalmente porque el decreto-ley de 8 de octubre de 1976, que la creó, es un marco ctaramente transitorio. Se trataría desacar en un plazo fijado en el pacta sindical, de la teórica situación de neutralización en que el gobierno Suárez ha colocado desde el pasado octubre al patrimonio procedente de la OSE y los funcionarios sindicales adjudicados a la AlSS.
Desmantelar la AISS significa atribuir a la Administración del Estado no pocas de las funciones que aquélla tiene y que son propias de éste. Significa asimismo que el patrimonio de la AISS pase a los sindicatos obreros, distinguiendo el que corresponde a las organizacione sindicales existentes en 1939 (UGT, CNT .... ) del generado desde entonces con cargo a la obligatoria cuota sindical verticalista. Convénzanse los empresarios españoles de que, efectivamente, tienen que organizarse, pero sin contar para ello con su aportación a la cuota sindical, pues una cosa es que formalmente la cuota haya incidido sobre los empresarios, y otra, seriamente realista, que el pago de esa cuota sindical empresarial no haya sido transferido, que lo ha sido a los consumidores (mayoritariamente asalariados), incluyendo el importe de la cuota empresarial en los precios de venta de bienes y servicios.
Desmantelar la AISS significa asimismo que en el pacto sindical que postulo se resuelva el destino de los funcionarios sindicales. El pacto deberá, en este punto, conjugar cuando menos el derecho a un puesto de trabajo de quienes hasta ahora han trabajado (no cobrado sin trabajar) en la OSE, y ahora lo hacen en la AISS (al menos en teoría) en funciones de gestión y administración, con los derechos adquiridos y en curso de adquisición de los funcionarios públicos y de los contratados del Estado y de sus organismos autónomos.La aceptación de la amnistía laboral aparece también como condición necesaria e inevitable para el establecimiento del pacto sindical de que hablamos.
La acción sindical
A partir de ahí el Pacto sindical debe abordar la necesaria ordenación de la acción sindical en la empresa. Soy, de quienes creen, como muchos trabajadores lo demuestran con hechos cada día, que deben desaparecer cuanto antes, y de manera coordinada, las instituciones verticalistas existentes en las empresas: enlaces sindicales, jurados.... Se hace necesario que el pacto sindical contemple cuáles van a ser a corto plazo las vías de representación obrera en la empresa, lo que exige pactar desde el reconocimiento de la legalidad de las asambleas de empresa hasta la institucionalización de las secciones sindicales que, en cada empresa o centro de trabajo, vayan a poder establecer los sindicatos constituidos legalmente, pasando por aspectos como los medios y vías de recaudación de las cuotas de los militantes de cada sindicato, o como el ejercicio concreto de la libertad de acción sindical en fábricas, tajos, talleres y oficinas.
La regulación de la negociación colectiva y las de la huelga y el lock-out deben ser tratadas asimismo en el pacto sindical. Quién negociará las condiciones de trabajo, qué valor tendrán los vigentes convenios colectivos (o sus sucedáneos, los laudos de la Administración Laboral), quién podrá acordar ir a la huelga, cuáles van a ser las causas de despido justo y cuál el tratamiento procesal de los despidos y, finalmente, en qué condiciones se admitirá el cierre patronal, son temas de clara y necesaria negociación, salvo que el Gobierno Suárez quiera que empresarios y trabajadores los resuelvan por vías no acordadas.
No puede acabar con lo hasta ahora expuesto el contenido del pacto sindical. La situación económica del país, con un más que seguro aumento del paro durante 1977 y con elevadas tasas de deterioro de la capacidad adquisitiva de los asalariados, requiere que se llegue a acuerdos mínimos sobre cómo estimular el empleo de los parados y el de quienes por primera vez se asoman al mercado de trabajo, y sobre cómo controlar los aumentos del coste de la vida, en cuya elaboración y control deben participar técnicos designados por los sindicatos obreros.
Unase a ello, finalmente, la necesidad de lograr un encuentro de voluntades en materia fiscal que, dando un justo trato tributario a sueldos y salarios, garantice a los trabajadores, a través de una clara y controlada orientación social de la inversión y del gasto público, la prestación. auténticamente gratuita, de servicios y prestaciones, sociales y comunitarias tan básicas como la enseñanza, la salud, las guarderías para hijos de trabajadores, los transportes, el saneamiento y la urbanización de zonas de residencia obrera, etc, siempre en adecuadas condiciones de cantidad y calidad. Valga lo hasta aquí dicho como punto de partida y de reflexión inicial para la elaboración del posible índice de un posible pacto por la libertad sindical, con calendario concreto y corto en el tiempo, no sin señalar que no identifico el concepto de pacto sindical, ni por su filosofía, ni por sus fines, ni por su contenido, con el concepto de pacto social, contra el que, ahora como lo hice en estas páginas el pasado mes de mayo, me pronuncio.
Los sindicatos obreros, las organizaciones empresariales, y el Gobierno son los interlocutores del posible pacto sindical, pero si hay que destacar una responsabilidad, no cabe duda que sobre el Gobierno Suárez, como posible motor inicial para un encuentro de voluntades pesa la mayor parte de la misma.
