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Amenaza de huelga minera en Gran Bretaña

Juan Cruz

El cuarto de millón de mineros que hay en Gran Bretaña podrían declararse en huelga el mes que viene si la empresa nacional que los emplea no «considera seriamente» sus reivindicaciones sobre una más pronta edad de retiro.

El ejecutivo del sindicato de mineros quiere que todos sus miembros puedan retirarse a los sesenta años, mientras que la empresa nacional del carbón sugiere que la edad tope sea la de 62, y que esa medida afecte tan sólo a los que trabajen en el interior de la mina y lleven en esa situación al menos veinticinco años. Actualmente la edad de retiro está fijada en los 65 años.

Es tradicional que una recomendación de huelga hecha por el ejecutivo sindical minero sea aceptada por la base. Aún no se conoce qué forma podría tomar la huelga con la que se amenaza, pero ya se tiene experiencia de cuáles son las consecuencias políticas y económicas de una acción de este calibre. Sería, en primer lugar, un desafío notable al Gobierno laborista, que entre sus logros cuenta el de haber mantenido en sus dos años y medio de mandato una paz industrial sin precedentes, superior a la que se respira en otros países occidentales.

Por otro lado, aunque las causas de la amenaza son distintas, la acción industrial de los mineros recordaría la crisis que acabó en 1974 con el Gobierno conservador de Edward Heath. En aquella ocasión, la reticencia de los mineros a aceptar la política salarial de la Administración llevó al país, también en invierno, a la semana laboral de tres días y a una falta de recursos energéticos realmente dramática.

La capacidad negociadora de los laboristas es, en este terreno, muy superior a la de los conservadores. Las concesiones que piden los mineros son «razonables», según dijo el primer ministro Callaghan hace un mes, antes de que la empresa nacional del carbón se negara a aceptar las reivindicaciones sobre el retiro. Se piensa que al final se impondrá el punto de vista de Callaghan y la negociación podría llevarse a efecto sin consecuencias desastrosas para el Gobierno.

Una de las razones que harán que Callaghan impulse a los mineros y a sus empresarios a salvar el desacuerdo es la presencia en Gran Bretaña del equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que estudia las posibilidades de concederle al Reino Unido un préstamo de 4.000 millones de dólares. En el ambiente de una posible huelga minera, es difícil que el FMI considere demasiado favorablemente una solicitud de este tipo. El Fondo no sólo quiere en Gran Bretaña que se recorte sustancialmente el gasto público, sino que se aumente la productividad, y que el contrato social que une a los sindicalistas y al Gobierno se mantenga por encima de todo, para que la inflación baje de nivel. En Londres se ha dicho que el resultado de las investigaciones del FMI sobre las condiciones económicas de Gran Bretaña podrían conocerse a principios de diciembre

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