Nueva ley, viejas dudas

En apenas seis años, los que lleva en vigor, la primera ley con que se dotó España para penalizar el dopaje, mostró sobre todo sus limitaciones, sus defectos: ni sirvió para armonizar las diferentes y contradictorias normativas —nacionales, internacionales, autonómicas, locales, deportivas, jurídicas—, ni tampoco para dar cobertura legal a las diferentes investigaciones policiales que en sucesión a la original Operación Puerto han tratado de hincarle el diente a las tramas de distribución, suministro, venta y prescripción de sustancias dopantes a deportistas. En la mayoría de las que se han llevado a cabo la policía y la Guardia Civil, incluida la archivada Operación Galgo, convencieron a los jueces más apelando a su carácter de delito contra la salud (como cualquier tráfico de drogas), y solo una sentencia condenatoria desde entonces, a un farmacéutico, se ha pronunciado con la ley.

Tiene que calar en la cultura deportiva que el dopaje va contra la salud”

El escepticismo, por tanto, está permitido ante lo que pueda dar de sí un nuevo texto legal que inició ayer desde el Consejo de Ministros, que lo aprobó, su viaje parlamentario —Congreso, Senado, Congreso de vuelta— justo una semana antes de que lleguen a Madrid los miembros de la comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional (COI) a la candidatura de Madrid 2020. Fueron precisamente el COI, y su emanación antidopaje, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), dos de los organismos más críticos con la ley aún en vigor y con la actitud española ante el dopaje. Demasiados escepticismos que Ana Muñoz Merino, la directora de la Agencia Estatal Antidopaje (AEA), admite y puede ver lógicos, pero que desde luego no comparte. “Será un instrumento magnífico que nos pondrá a la altura de nuestro entorno, pero lo fundamental, como en todo, será la voluntad decidida de que se aplique y de que cale en la cultura deportiva española la noción de que el dopaje va contra la salud y contra la noción de juego justo, básica en la competición”, dice Muñoz Merino. “Y yo esa voluntad decidida la tengo y confío en demostrarlo”.

Una nueva agencia independiente, con más contenido y músculo que la actual, que solo tiene funciones preventivas y educativas, será la principal criatura de la ley, que se espera que esté aprobada en junio y por unanimidad casi absoluta, como lo fue la anterior, conocida como ley Lissavetzky, por su impulsor, el entonces secretario de Estado. La profesora Muñoz, como le decían sus alumnos de Derecho, será gracias a ella o una Agustina de Aragón plantada contra el dopaje o una zarina, aunque ninguna de las dos imágenes, de mujer decidida y poderosa, le convenzan. “No me voy a sentir más poderosa, sino más responsable, porque asumir más competencias es estar dispuesta a asumir más responsabilidades”, dice, machadiana y añade: “Lo importante será no la ley, sino los reglamentos que de ella nazcan para regular lo cotidiano. El camino se hace al andar”.

La agencia decidirá a quién, dónde, cómo y cuándo se hacen los controles

La nueva ley crea también un tribunal arbitral nacional para resolver los expedientes abiertos por la agencia a deportistas nacionales que hayan dado positivo en competiciones nacionales o en controles nacionales, lo que deja fuera de sus competencias a, por ejemplo, un español que tenga un problema en una competición internacional organizada en España. “Estos serán tratados como los extranjeros, en igualdad de condiciones, por sus respectivas federaciones internacionales a la hora de recurrir ante el TAS”, dice Muñoz, “lo cual no solo es justicia, sino necesario para que España pueda optar a organizar competiciones internacionales”.

El otro gran arma de la agencia será la organización de los controles, la decisión de a quién se le hacen, dónde, cómo y cuándo. “El año pasado se hicieron unos 5.500 controles dirigidos por organismos y federaciones españolas, y no sé si son muchos o pocos”, dice Muñoz. “No se trata de hacer controles al peso, sino controles efectivos, incluso hacer menos pero mejor hechos”. Para ello, en coordinación con la AMA y las federaciones internacionales para evitar repeticiones, la agencia española decidirá a quién se le hacen “con criterios objetivos”. “Buscaremos a aquellos que han mejorado espectacularmente sus marcas, a los que regresan de alguna sanción, y a aquellos de los que podamos sospechar gracias a la información que nos proporcionen las investigaciones policiales”, dice Muñoz.