Revolución en los fondos: la banca deberá vender productos de terceros para cobrar incentivos

Una de las tareas pendientes del Gobierno es la trasposición de la directiva europea para que los mercados funcionen mejor, denominada Mifid 2. El Ministerio de Economía sometió a consulta preliminar el anteproyecto el pasado 15 de marzo y, después de recabar las posiciones del sector, ha decidido ser implacable. Los últimos documentos, al menos, son extremadamente restrictivos para la banca y suponen un giro de 180 grados en el modelo de comercialización de fondos de inversión a partir del 3 de enero de 2018.

Así, el sector financiero español que aboga por la venta de productos propios –esencialmente, fondos de inversión– sufre un varapalo con el borrador final. La directiva que regula el cobro de incentivos por la comercialización de artículos financieros reduce  a tres supuestos la posibilidad de que las entidades se queden con parte de las comisiones del fabricante de ese producto. De entrada, solo podrán embolsarse esos incentivos si venden productos de terceros, el fantasma del sector.

Finalmente, no habrá ni un supuesto más, pese a las peticiones del sector, que daba por hecho la inclusión de concesiones. A menos de que el Ministerio de Economía vuelva a cambiar de idea –los documentos a consulta pública lo estarán hasta el 18 de septiembre– se cierra la puerta a modelos que permitan que se mantenga el actual statu quo.

La Asociación Española de Banca (AEB), la asociación española de fondos de inversión, Inverco, y la CECA aunaron fuerzas. Solicitaron que se consideraran también las redes de distribución, como las oficinas o el esfuerzo digital, que permiten llegar a un conjunto más amplio de clientes. Abogaban así por la inclusión de un cuarto supuesto que diera cabida a estas peticiones. No lo han conseguido.

Después de un periodo de indecisión por parte del ministerio que dirige Luis de Guindos, finalmente se ha plasmado la directiva europea casi sin cambios. No hay ni un poco de flexibilidad en la redacción del anteproyecto de Ley que traspone la directiva Mifid 2 ni tampoco en el real-decreto que reforma el reglamento de fondos de inversión colectiva. Al contrario, se sustituye una lista abierta por una estrictamente cerrada en el supuesto que permite vender sin proporcionar asesoramiento. 

El supuesto de la disputa

Ese supuesto que la banca pedía ampliar exige dar acceso “a un precio competitivo, a una amplia gama de instrumentos financieros que probablemente satisfagan las necesidades del cliente que incluya un número apropiado de instrumentos de terceras partes proveedoras de productos [es decir, de terceras gestoras sin vinculación con el banco matriz] que carezcan de vínculos estrechos con la empresa de inversión".

Además, obliga a la "provisión de herramientas de valor añadido, como instrumentos de información objetiva que ayuden al cliente en cuestión a adoptar decisiones de inversión o le faculten para el seguimiento, la modelación y el ajuste de la gama de instrumentos financieros en los que haya invertido, o la provisión de informes periódicos del rendimiento y los costes y cargos asociados a los instrumentos financieros". 

Oposición de Adicae

Desde la asociaciones de usuarios de banca, entre las que destaca Adicae, se ha mantenido una oposición frontal a que se abra la puerta al cobro de incentivos con el parapeto de que un banco cuente con una amplia red.

Los fondos de inversión son los grandes afectados por esta regulación. Las gestoras ingresaron el año pasado 2.238 millones de euros en comisiones de gestión, y de este dinero entregaron 1.432 millones de euros, el 64% del total, a los distribuidores. Es decir, más de seis de cada diez euros se los queda el vendedor y no el fabricante. Los grandes grupos financieros a través de sus poderosas redes de oficinas son los grandes beneficiados del actual statu quo.

CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell y Bankia suman un patrimonio en fondos españoles de casi 160.000 millones de euros a través de sus gestoras. Es el 64% de los más de 253.000 millones del total de la industria a cierre de junio. 

A partir del 3 de enero de 2018, los incentivos estarán justificados si “no benefician directamente a la empresa receptora, sus accionistas o empleados sin un beneficio tangible para el cliente en cuestión”. Este deberá disfrutar de “la prestación de un servicio adicional o de nivel superior”.

Las otras dos opciones

Además, habrán de cumplir el precepto mencionado o alguno de estos otros dos si la relación se hace bajo el servicio de asesoramiento no independiente:

1) Que también ofrezcan productos de terceros y no solo propios.

2) Que se comparen sus características y que la entidad realice un seguimiento de la idoneidad del producto para el cliente. 

Es cierto que existe la posibilidad de no vender productos de terceros y cobrar el incentivo si se realiza el seguimiento de la idoneidad del punto 2, pero esta posibilidad implicaría modificar también de manera total el modelo de comercialización. Ahora mismo, los servicios de asesoramiento se prestan en una parte ínfima en la venta de fondos de inversión.