Hacienda cifra en 1.000 millones el coste de la nueva ley de autónomos

El secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, ha cifrado hoy en 1.000 millones de euros el impacto sobre las arcas públicas de las nuevas medidas de impulso a los autónomos, recogidas en una ley que será definitivamente aprobada en julio, aunque su entrada en vigor será progresiva.

Nadal ha explicado que algo más de la mitad del impacto provendrá de la ampliación a un año de la tarifa plana de 50 euros para los nuevos autónomos, para los que hayan cesado su actividad dos años antes y para las madres tras su reincorporación a la actividad.

Durante su intervención en una jornada sobre Presupuestos organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección y Deloitte, Nadal ha citado el impacto de la nueva ley de autónomos como uno de los elementos a tener en cuenta en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Al impacto de la nueva ley ha sumado el previsible incremento del gasto total en pensiones de las clases pasivas (funcionarios) y la necesidad de "mejorar un poco" el salario de los empleados públicos.

"Pero no tenemos mucho margen", ha insistido el secretario de Estado, que ha recordado que los Presupuestos de 2018 tendrán que ser negociados con los grupos políticos, cuyas demandas habrá que tratar de encajar en las cuentas, en alusión a las deducciones de IRPF que Hacienda estudia para lograr el apoyo de Ciudadanos.

"Estamos negociando con los grupos cómo ir encajando las rebajas impositivas en los próximos ejercicios para que sea compatible con la consolidación fiscal y la reducción de la deuda pública", ha afirmado.

Los cambios impositivos serán posibles gracias al aumento este año de la recaudación, con una previsión de ingresos "muy criticada" cuando se presentaron los Presupuestos de 2017 en marzo -"de los que se decía que estaban hinchados"- y que ahora nadie discute, lo que ha trasladado el debate a en qué se va "a gastar ese dinero", ha dicho Nadal.

No obstante, ha explicado que el techo de gasto para 2018 no se ha subido todo lo que la ley permite a través de la regla de gasto por prudencia, porque el Estado debe tener margen para absorber las desviaciones de otras administraciones en el cumplimiento de los objetivos de déficit público, como podría ocurrir con la Seguridad Social o las comunidades autónomas.

A su juicio, el contar con unas cuentas públicas saneadas es clave para afrontar las vulnerabilidades de la economía española, que son la elevada deuda pública y la alta tasa de paro.

Al respecto, ha recordado que cuando a medio plazo suban los tipos de interés va a ser más costoso financiar la deuda, por lo que para entonces la situación de la economía y las finanzas públicas deben trasmitir la confianza necesaria para mantener la prima de riesgo en niveles bajos.

Respecto al paro, ha dicho que España no se puede resignar a tener una tasa de desempleo del 15% en épocas expansivas y ha defendido que para promover la contratación de los colectivos menos "empleables" hay que reducir la cuña fiscal (diferencia entre salario bruto y salario neto), especialmente para los trabajadores menos cualificados y de menores salarios