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Las víctimas del accidente de metro apelan contra el archivo del caso

Los abogados de la asociación consideran que existe una relación directa entre la falta de medidas de seguridad y las muertes resultantes

Una panorámica de la comisión parlamentaria que ha investigado el accidente de metro.
Una panorámica de la comisión parlamentaria que ha investigado el accidente de metro. EFE/Manuel Bruque

La asociación de víctimas del metro 3 de julio (AVM3J) ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia de Valencia contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 21 de archivar la causa por el accidente de metro ocurrido el 3 de julio de 2006, en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas.

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Según fuentes de AVM3J, a lo largo de la instrucción, la juez Nieves Molina ha ceñido la investigación al exceso de velocidad, y responsabilizar únicamente al conductor del siniestro, y ha considerado que la ausencia de medidas de seguridad adicionales a las que ya existían no constituye infracción penal.

La representación jurídica de la entidad considera que basta con que existan indicios racionales de criminalidad (no de culpabilidad) para legitimar la continuidad de la instrucción, y continuar con las diligencias sumariales.

Este es el objetivo de las Pruebas solicitadas, que han sido denegadas por la magistrada, cumplen además, con todos los requisitos materiales señalados por el Tribunal Constitucional: pertinente, relevante, necesaria y posible, han indicado las fuentes.

Las pruebas solicitadas hacen referencia a la existencia o no de un plan de prevención, que sean otros peritos quienes valoren el nivel de cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales, y que se cite a declarar a los directivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana que todavía no lo han hecho.

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Los abogados de la asociación consideran que existe una relación directa entre la falta de medidas de seguridad y las muertes resultantes, con lo que se podría tipificar un delito contra la seguridad de los trabajadores, 43 delitos de homicidio por imprudencia grave y 47 delitos de lesiones por imprudencia grave.

En su recurso, la AVM3J pide la imputación de los directivos de FGV Marisa Gracia Giménez, directora gerente de FGV; Juan J. Gimeno Barberá, director de Auditoría y Seguridad en la Explotación; Vicente Contreras Bónez, director adjunto de Explotación; Manuel Sansano Muñoz, director de Operaciones; Sebastián Argente Cuesta, Jefe de Línea 1; Francisco García Sigüenza, de la Dirección Técnica; Gonzalo Romero Salt, Jefe de Mantenimiento de Instalaciones Fijas, y Luis Miguel Domingo Alepuz, Jefe de Talleres de Valencia Sud.

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