“El PP de Valencia me dijo que sin factura. Sacaron el dinero de una caja y me lo dieron”

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Nuevas declaraciones aportadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez que instruye el caso Taula apuntalan los indicios de financiación ilegal en la campaña de Rita Barberá del año 2007. Los testigos relatan pagos en negro, secretismo y cambios en los conceptos de las facturas a los proveedores de la campaña, presumiblemente para ocultar su origen y que fueran pagados por las grandes concesionarias del Ayuntamiento de Valencia.

Una de las nuevas declaraciones corresponde a un fotógrafo contratado para la campaña del PP de Valencia. El estilo indirecto de su testimonio se debe a que procede del resumen elaborado por la UCO para el juez: “Uno de los trabajos se lo pagaron [al fotógrafo] directamente en la sede del Partido Popular en la plaza del Ayuntamiento. Que recuerda que cuando presentó la factura para cobrar le dijeron que factura no, que sin IVA, abonándole en ese momento el importe en metálico. Una mujer de la que desconoce su nombre sacó en su presencia una caja de caudales metálica con llave [sacó] el dinero y se lo entregó”.

La campaña de Barberá de 2007, en la que la exalcaldesa fallecida en noviembre consiguió su mejor resultado, revalidando la mayoría absoluta, la realizó la agencia de comunicación Laterne. Los investigadores ven grandes similitudes entre el presunto modus operandi utilizado por Laterne y el que utilizó en esa misma campaña electoral, pero a escala autonómica, la trama Gürtel con el PP regional presidido por Francisco Camps.

La que fue jefa de cuentas de Laterne declaró a la UCO lo siguiente: “Manifiesta que para la contratación de medios ella era conocedora de que tenían un presupuesto de un millón de euros, aunque no tenía acceso directo a los documentos de contabilidad de gastos. Que también fue conocedora de que se superó ese límite, que hubo presión en los últimos momentos de la campaña, pareciendo que no querían escatimar en medios a fin de ganar”.

La responsable de cuentas de Laterne, dirigida por Vicente Sáez, muy cercano al exvicealcalde Alfonso Grau, encargado de dirigir aquella campaña electoral, añade que ella tenía la responsabilidad de la "adquisición y creatividad de medios". "Si bien el evento de presentación de candidatos que tuvo lugar en febrero fue dirigido por Patricia Llopis. Dicho evento se realizó junto a la empresa Orange Market, planificado desde Madrid”, detalla.

Según un documento que obra en la causa y ha sido mostrado a diversos testigos por la Guardia Civil, el acto de presentación de candidatos fue el más caro de la campaña (costó 233.410,83 euros) y al mismo asistió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Una tercera testigo, entonces jefa de administración de Laterne, declara: “Preguntada para que diga quién daba las directrices de organización de la campaña manifiesta que era Vicente Sáez [dueño de la agencia]. Que recuerda que además de realizar la campaña municipal de 2007 también emitieron una factura al Partido Popular nacional con sede en Génova de unos 20.000 euros por trabajos relacionados con eventos de campaña”.

La responsable de administración de cuentas, así como otro testimonio, también señala que se pidió a proveedores electorales que cambiaran el concepto de las facturas que habían emitido.

Y un cuarto testigo, exempleado de Laterne, relata a los investigadores el secretismo con que el propietario de Laterne manejaba el negocio, que tenía la sede enfrente del Ayuntamiento de Valencia. "Manifiesta que Vicente Sáez nombraba los proyectos con nombres que no guardaban relación con el trabajo realizado, como cebolla o azafrán, y que tan solo ciertas personas cercanas a Vicente Sáez tenían conocimiento de en qué consistían dichos proyectos".

Hace dos semanas trascendió la declaración de otro testigo, que fue asesor municipal del PP y empleado de Laterne, según el cual Grau, que era la mano derecha de Barberá en aquella época, le dio 350.000 euros en billetes de 500 euros para pagar a los proveedores de la campaña. El testigo mantuvo que buena parte de los gastos fueron abonados por las empresas que tenían concesiones municipales.

La campaña de 2007 de Barberá se investiga en una pieza separada del caso Taula que se abrió por un presunto delito de blanqueo en el grupo municipal popular de Valencia. En ella hay medio centenar de investigados, entre ellos el PP como persona jurídica y nueve de los 10 concejales del grupo municipal de la formación.