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Abanca cederá hasta 100 viviendas para familias que no pueden pagarlas

La entidad financiera y la Xunta firman un acuerdo para reducir los desahucios

Abanca cederá a la Administración gallega hasta 100 viviendas vacías para poner a disposición de familias en situación de dificultad económica que no pueden hacer frente a los pagos mensuales de su hipoteca o alquiler. Lo hará en el marco del convenio firmado entre la entidad financiera y la Xunta para evitar desahucios.

Los adjudicatarios de estas viviendas abonarán un máximo de 125 euros, según ingresos y número de miembros que integren la unidad familiar. De hecho, la renta podrá ser inferior o incluso gratuita en función de las circunstancias, ya que se habilitarán ayudas de la Xunta mediante el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS).

Lo ha anunciado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, tras el acto de firma de este acuerdo, en el que también han participado la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Ethel Vázquez; el vicepresidente de Abanca, Juan Carlos Escotet; y el consejero delegado de la entidad, Francisco Botas.

En función del mismo, al margen de los inmuebles que cederá Abanca, las familias afectadas por ejecuciones hipotecarias de la entidad no tendrá que dejar su vivienda, que pondrán mantener mediante un alquiler social de un máximo de 75 euros al mes. También en este caso podrán contar con ayudas del IGVS para hacer frente a los pagos.

"Este acuerdo marcará el inicio de la erradicación de los desahucios", ha proclamado Feijóo, quien ha destacado la intención de la Xunta de atender de forma prioritaria y con el "primer oxígeno" de la recuperación económica que "se acaba de iniciar" a quienes "forzosamente" permanecen aún "apartados" de ella.

Por su parte, Escotet ha reivindicado a Abanca como una entidad "sensible" con los problemas de su entorno y ha esgrimido que, aunque "muchas veces queda oculto", las entidades financieras son "las primeras interesadas" en intentar evitar situaciones de ejecución hipotecaria.

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"En primer lugar, porque no somos indiferentes al drama social que supone, pero también porque nos obliga a gestionar un tipo de activo, el inmueble, que en principio nos es ajeno", ha alegado.

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